El Ejecutivo lleva tres años sin cumplir con una sentencia europea que le obliga a reformar la ley de responsabilidad patrimonial del Estado
The post El Gobierno retrasa la ley para indemnizar a los ciudadanos por los errores de la Administración first appeared on Hércules. El Gobierno español continúa con un retraso de tres años en la reforma de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, destinada a facilitar que los ciudadanos puedan exigir indemnizaciones por los errores de la Administración. Esta demora ha sido resultado de la falta de cumplimiento de la sentencia dictada en junio de 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que instaba a España a modificar la ley. El Tribunal dictó una resolución en la que consideraba que el procedimiento actual resultaba excesivamente complejo para que los ciudadanos pudieran recibir indemnizaciones por actos de la Administración contrarios al Derecho europeo.
En su sentencia, el TJUE criticó que el proceso judicial en España supeditara el pago de indemnizaciones a una decisión en contra de la justicia europea, lo que obligaba a los ciudadanos a agotar la vía judicial nacional antes de poder acceder a una indemnización. Este procedimiento, según el Tribunal, dificultaba enormemente que los afectados pudieran obtener compensaciones, lo que fue considerado como una vulneración de los derechos de los ciudadanos.
El Plan Normativo de 2025 y los plazos incumplidos
El Plan Anual Normativo de 2025, recientemente presentado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, incluye la modificación de la ley de responsabilidad patrimonial como uno de los objetivos para este año. Sin embargo, este no es el primer intento del Gobierno por cumplir con la sentencia europea. Tanto en 2023 como en 2024, la reforma de esta ley también fue incluida en los planes legislativos, pero nuevamente no se logró su aprobación.
El retraso en la reforma ha generado inquietud, ya que la Comisión Europea ha advertido en diversas ocasiones sobre la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos en la sentencia del TJUE. Este incumplimiento sigue siendo un obstáculo para que los ciudadanos puedan recibir compensaciones adecuadas en caso de perjuicios causados por la administración pública.
Las prioridades legislativas del Gobierno en 2025
El Gobierno ha establecido para este año una agenda legislativa ambiciosa que incluye 199 iniciativas, de las cuales 16 son leyes orgánicas, 43 son leyes ordinarias y 140, reales decretos. Sin embargo, gran parte de las medidas más destacadas están relacionadas con el Ministerio de Trabajo, como la reforma en la indemnización por despido improcedente, la mejora de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y la adecuación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las pensiones para 2026.
A pesar de este enfoque en otras áreas, la reforma de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado sigue siendo una tarea pendiente que ha quedado relegada frente a otros proyectos legislativos que parecen tener mayor prioridad, como la reforma fiscal, la legislación laboral y las reformas en los medios de comunicación.
La controversia en torno al cumplimiento de los compromisos fiscales
Uno de los principales problemas que enfrenta el Gobierno para avanzar en la reforma de la ley es la dificultad para cumplir con los hitos fiscales establecidos por Bruselas. En particular, el impuesto al diésel, que es una de las medidas clave del quinto tramo del Plan de Recuperación, sigue siendo un punto de fricción. El rechazo de la medida por parte de los partidos de la oposición y la falta de apoyo suficiente en el Congreso han hecho que el Gobierno se vea obligado a posponer su presentación, lo que también ha afectado a la evaluación de los fondos Next Generation EU.
A pesar de estas dificultades, el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado nuevas propuestas a Bruselas con la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo que permita avanzar en la ejecución de las reformas necesarias para cumplir con los compromisos europeos.
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