El fiscal general propone a Sánchez Ulled para coordinar delitos contra la administración pública, pese a estar imputado por uno de ellos
The post La fiscalía española desprestigiada: García Ortiz nombra al fiscal de su propio caso y se rebajan los requisitos de acceso a la carrera first appeared on Hércules. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha consumado una decisión sin precedentes que ha provocado un terremoto interno en la Fiscalía y ha dejado tocada la imagen de independencia de la Justicia española. García Ortiz ha propuesto a Emilio Sánchez Ulled, conocido por su papel en los casos del 9-N y del Palau de la Música, para una nueva plaza clave: fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública.
El problema no es solo el fondo, sino también la forma. El nuevo fiscal será el encargado de fijar el criterio sobre el delito de revelación de secretos, precisamente el tipo penal por el que el Tribunal Supremo investiga al propio García Ortiz. Una jugada que desde dentro del Ministerio Público ha sido calificada como “ni ética ni estética”, y que deja a la institución en una situación de descrédito alarmante.
Rechazo frontal de la mayoría del Consejo Fiscal
La operación ha contado únicamente con el apoyo de los vocales de perfil más afín al Gobierno: los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y los dos vocales natos. La mayoría del Consejo Fiscal —formada por la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— se negó siquiera a votar este nombramiento, en señal de protesta.
La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, lo dijo sin ambages: “No resulta ni ético ni estético que el fiscal general proponga al fiscal que va a decidir sobre un delito por el que él está siendo investigado”. A pesar de esa advertencia, García Ortiz siguió adelante, aferrándose a que el informe del Consejo no es vinculante.
Lejos de tranquilizar a la carrera fiscal, esta actitud ha encendido todas las alarmas. Porque lo que se ve no es solo un nombramiento controvertido, sino una estrategia de autoprotección orquestada desde la cúpula del Ministerio Público, con el aval tácito del Gobierno que respalda su permanencia.
Una unidad polémica para desactivar Anticorrupción
La nueva unidad que dirigirá Sánchez Ulled fue anunciada por el Gobierno como parte del Plan de Acción por la Democracia, pero ha sido recibida por gran parte de la carrera fiscal como un intento de crear una estructura paralela que reste competencias a la Fiscalía Anticorrupción.
De hecho, la AF y la APIF ya votaron en contra de la creación de esta unidad meses atrás, advirtiendo de que generará un solapamiento de funciones, y podría terminar arrebatando casos clave a Anticorrupción. Para muchos fiscales, el objetivo real es evidente: controlar y diluir el trabajo de quienes sí han demostrado independencia frente al poder político.
La Fiscalía General del Estado, en un intento de justificar la medida, sostiene que esta nueva estructura solo coordinará criterios, sin funciones jurisdiccionales. Pero el argumento resulta poco convincente cuando quien decide esos criterios es el mismo que está imputado por uno de los delitos a coordinar.
Reforma del acceso a la carrera
El pleno del Consejo Fiscal también trató el anteproyecto del Gobierno para reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal. El veredicto fue contundente: rechazo mayoritario, por considerar que la propuesta rebaja la exigencia técnica, abre una puerta de atrás para el ingreso mediante el controvertido “cuarto turno” y favorece la entrada de personal interino sin superar la oposición tradicional.
La mayoría del Consejo, incluida la AF, ve en este modelo una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial, alineándose así con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya alertó de “disfunciones” y de la creación de “una carrera a dos velocidades”.
Además, se cuestiona el papel del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) como preparador oficial de opositores, una medida que podría politizar el acceso a la carrera judicial y fiscal desde la base.
La fiscalía, más desprestigiada que nunca
Con estas decisiones, el Ministerio Fiscal sigue perdiendo legitimidad a ojos de la ciudadanía y se aleja del principio fundamental de neutralidad institucional. Lo que debería ser un órgano independiente al servicio del interés general, aparece cada vez más como un instrumento al servicio de quienes lo dirigen.
La figura de García Ortiz, ya erosionada por su implicación en un posible delito de revelación de secretos, queda ahora aún más cuestionada al intentar condicionar desde dentro los criterios de interpretación de dicho delito.
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