El «Plan de Acción por la Democracia» se desmorona entre falta de apoyos, reformas paralizadas y una creciente oposición interna y externa
The post Los fallos en el Plan de Acción por la Democracia de Pedro Sánchez first appeared on Hércules. El pasado jueves se cumplió un año desde que Pedro Sánchez se aislara en Moncloa para meditar su futuro político, tras el estallido del caso Begoña, que afectaba directamente a su esposa, Begoña Gómez. De aquel retiro, el presidente emergió prometiendo un “punto y aparte” en la política española, un tiempo de “regeneración” y “juego limpio”. Sin embargo, los hechos han mostrado otro camino: un intento fallido de blindaje político a través de un amasijo legislativo que amenaza ruina.
El “Plan de Acción por la Democracia”, aprobado en septiembre de 2024, fue la respuesta improvisada de Sánchez al escándalo que rodeaba su entorno más íntimo. Concebido para reformar leyes clave en materia judicial, de prensa y de libertades, el plan pretendía reconfigurar el terreno político a su favor. Hoy, la mayoría de esas reformas no han superado ni el primer trámite parlamentario o se encuentran bloqueadas por la falta de apoyos.
La “ley Begoña”
El ejemplo más paradigmático del descalabro es la conocida como “ley Begoña”, diseñada para limitar la actuación de jueces y controlar la acusación popular, dificultando la admisión de querellas basadas en informaciones periodísticas. La proposición de ley, presentada por el PSOE tras las Navidades, ni siquiera ha llegado a ser debatida en el Pleno: partidos como Junts ya han anunciado su voto en contra, condenándola al olvido.
Ante este revés, el Gobierno maniobra para incluir parte de su contenido en la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, trasladando la instrucción penal de los jueces a una Fiscalía cada vez más controlada por el Ejecutivo. Pero el plan B también naufraga: la resistencia de los socios parlamentarios amenaza con dejar el proyecto varado indefinidamente.
Reforma de la ley mordaza
El resto de iniciativas del Plan de Acción por la Democracia siguen un patrón similar. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que pretendía despenalizar la difusión de imágenes de agentes, se encuentra empantanada por las discrepancias con Podemos, que exige cambios aún más radicales.
La prometida actualización de la Ley de Secretos Oficiales, largamente reclamada por el PNV, fue congelada tras una avalancha de críticas. La reforma de la ley de financiación de partidos, claramente orientada a dificultar el acceso a fondos de Vox, sigue atascada en fase de anteproyecto, mientras que de la modificación de la ley del derecho al honor o de la Ley de Administración Abierta no hay noticia alguna.
La propuesta de una Estrategia Nacional contra la Desinformación, una comisión parlamentaria sobre el asunto y la reforma del reglamento del Congreso para obligar a celebrar un Debate sobre el Estado de la Nación también han quedado en papel mojado. Paradójicamente, ha sido el PP quien ha impulsado esta última medida.
Las únicas iniciativas que han prosperado lo han hecho sin pasar por el Congreso. A través de dos reales decretos, el Gobierno creó la Autoridad Independiente de Protección del Informante y amplió la plantilla del Ministerio Fiscal con dos unidades especializadas en corrupción. Estos movimientos, sin necesidad de convalidación parlamentaria, muestran que la vía legislativa ordinaria ha sido un camino infranqueable para Sánchez.
La debilidad parlamentaria del Gobierno, con 147 diputados de 350, explica buena parte de estos fracasos. Pero también la falta de convicción de unos socios acostumbrados a poner precio a su apoyo. Sánchez dio a su plan un plazo de tres años para completarse, pero la realidad es que, salvo milagro, la mayoría de las reformas quedarán enterradas bajo las tensiones de su propio bloque.
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