La ministra de Trabajo deberá tener en cuenta el IPC, la productividad media, el peso del trabajo en la renta nacional y la economía del país
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Imagen: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz I Gtres
A pocos días de la celebración del Día Internacional del Trabajo, el Ejecutivo español se prepara para aprobar medidas significativas en el ámbito laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros dará luz verde al proyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, sin afectar a los salarios de los trabajadores.
Esta iniciativa, que ya fue aprobada como anteproyecto en febrero, busca mejorar la calidad de vida de los empleados y fomentar una distribución más equitativa de la productividad. Además, se contempla la implementación de un sistema de registro horario digital obligatorio, accesible en todo momento para la Inspección de Trabajo, con el objetivo de prevenir manipulaciones y garantizar el cumplimiento de la normativa.
Propuesta para vincular el SMI al 60% del salario medio neto
Paralelamente, el Ministerio de Trabajo ha propuesto que el salario mínimo interprofesional (SMI) se fije por ley en una cuantía igual o superior al 60% del salario medio neto del país. Esta medida busca adaptar la legislación española a la Directiva Europea sobre salarios mínimos adecuados, que establece la necesidad de garantizar condiciones de vida y trabajo dignas para los trabajadores.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio bruto mensual en España se sitúa en 1.924,92 euros, lo que implicaría un SMI de al menos 1.154,95 euros netos mensuales si se aplica el 60% establecido. Actualmente, el SMI es de 1.184 euros mensuales en 14 pagas, tras una subida del 4,4% acordada entre el Gobierno y los sindicatos.
Inclusión de nuevos criterios para la fijación del SMI
La propuesta también contempla la incorporación de nuevos criterios para la determinación del SMI, como el poder adquisitivo, la cohesión social y la lucha contra la pobreza laboral. Además, se establece la obligación de consultar a una Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, que emitirá informes previos a la fijación del SMI.
Esta comisión, ya existente, estará compuesta por 14 miembros, incluyendo representantes del Gobierno, sindicatos, empresarios y expertos designados por el Ministerio de Trabajo. La reforma busca dotar a este órgano de un respaldo legislativo y definir su funcionamiento y composición en el Estatuto de los Trabajadores.
Reacciones de los agentes sociales y perspectivas parlamentarias
Las reformas propuestas han generado reacciones encontradas entre los agentes sociales. Mientras los sindicatos han expresado su apoyo a las medidas, destacando su potencial para mejorar las condiciones laborales y salariales, la patronal ha manifestado su rechazo, argumentando que la fijación automática del SMI y la reducción de la jornada laboral deberían ser objeto de negociación colectiva y no imponerse por ley.
En el ámbito parlamentario, las reformas deberán superar el trámite legislativo en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta Díaz ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para convertir estas propuestas en una realidad legislativa, apelando a la inteligencia y al consenso político.
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