Una red clientelar socialista deja medio millar de empleados públicos sin oposición y difíciles de despedir tras años de irregularidades
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Fernando Villén, ex director general de la Faffe, a la derecha, con su abogado Adolfo Cuéllar // EDUARDO BRIONES – EUROPA PRESS
La condena a Fernando Villén, exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha reabierto uno de los mayores escándalos de enchufismo en la administración pública andaluza. Pero lo más grave no es el pasado, sino el presente: unos 500 trabajadores “enchufados” han acabado como empleados fijos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sin haber pasado jamás un proceso selectivo. No pueden ser despedidos y cobran sueldos públicos mientras continúan ocupando plazas que no ganaron por méritos ni capacidad.
Una fundación diseñada para formar desempleados y colocar afines
La Faffe fue creada en 2003 para impulsar la formación laboral en Andalucía. Pero pronto se convirtió en una agencia paralela al servicio de redes políticas y sindicales, según ha ido demostrando la investigación judicial. La entidad fue disuelta en 2011, bajo el Gobierno socialista de José Antonio Griñán, y su plantilla —más de 1.600 personas— se integró de forma masiva y opaca en el SAE.
Hoy, casi 500 de esos extrabajadores figuran como personal fijo, sin oposición ni concurso público, un hecho que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla ya anuló parcialmente el proceso de estabilización por este motivo.
El caso Villén: de los prostíbulos a los contratos a dedo
El epicentro del escándalo sigue siendo Fernando Villén, condenado esta semana a tres años y medio de cárcel por contratar irregularmente al exalcalde socialista de Lebrija. Pero no es su primera condena: ya fue sentenciado a seis años por pagar 32.566 euros en prostíbulos con tarjetas de la fundación. Entre los gastos, destacan ocho visitas en las que se dejó más de 25.000 euros.
El caso no se queda ahí. El juez instructor ha recibido de la Guardia Civil pruebas de que decenas de contrataciones se realizaron vía correo electrónico, sin ningún procedimiento reglado. Entre los nombres aparece incluso la familia de Felipe González, expresidente del Gobierno. Uno de los correos, revelado en el sumario, pedía incluir a la nuera de su hermano en un listado de contrataciones “y destruir el correo después”.
Aunque el origen de esta red clientelar es socialista, el Partido Popular no ha roto con esta herencia. La absorción de la plantilla de la Faffe por el SAE nunca fue revertida. Y hoy el presidente andaluz, Juanma Moreno, es acusado por Vox de “blanquear la mafia socialista”. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha hecho de esta denuncia su caballo de batalla parlamentario.
La Junta ha anunciado que revisará uno a uno los expedientes, pero mientras tanto, los trabajadores seguirán cobrando sueldos públicos. UGT, sindicato históricamente ligado al PSOE andaluz, apoya que mantengan sus puestos, lo que ha tensado aún más el debate público.
Una administración desbordada por el empleo público
Este escándalo se suma al auge del empleo público en España, donde ya hay más funcionarios que autónomos. La jubilación masiva de empleados hasta 2034 obliga a convocar miles de plazas, pero la percepción de que hay atajos clientelares deslegitima todo el sistema.
Con sueldos un 25% superiores a los del sector privado y estabilidad garantizada, el funcionariado se ha convertido en un refugio laboral. Pero cuando se accede por enchufe, sin mérito ni competencia, lo que se erosiona es la confianza ciudadana en el Estado.
Jurídicamente, despedir a los trabajadores ya integrados es casi imposible. Políticamente, la inacción del actual Gobierno andaluz agrava el coste reputacional de un sistema que favoreció la colocación discrecional durante años. Ni los jueces, ni la ciudadanía, ni los opositores que sí se esfuerzan entienden cómo puede mantenerse intacta una estructura nacida del fraude.
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