García pierde apoyos en su plan antitabaco: críticas en Europa y dudas legales en España

La ministra de Sanidad insiste en aprobar la norma más ambiciosa, pero el plan enfrenta objeciones jurídicas y el rechazo de varios socios europeos
The post García pierde apoyos en su plan antitabaco: críticas en Europa y dudas legales en España first appeared on Hércules.  La ministra de Sanidad, Mónica García, quiere que su ambicioso plan antitabaco llegue a las Cortes antes de que termine 2025. Lo anunció durante una visita a Navarra, defendiendo que su objetivo es “una ley lo más ambiciosa posible” para ampliar los espacios libres de humo y combatir el tabaquismo. Pero lo que en teoría debería ser un paso firme hacia la protección de la salud pública se está convirtiendo en un campo de minas legal y político, tanto dentro como fuera de España.

Críticas internas por falta de rigor legal

Uno de los principales obstáculos al plan del Ministerio de Sanidad viene desde dentro: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cuestionado de forma contundente el borrador legislativo, señalando la falta de evidencia científica para justificar algunas de las restricciones propuestas, como la prohibición de sabores en cigarrillos electrónicos o el límite de nicotina en las bolsas para consumo oral.

El organismo advierte que no puede usarse un real decreto para imponer restricciones que afectan directamente a la libertad de empresa, un derecho constitucional. Según la CNMC, la vía elegida por García no solo es jurídicamente inadecuada, sino que además vulnera los principios de proporcionalidad y necesidad exigidos en una buena regulación. Las medidas, asegura el informe, no están acompañadas de estudios que prueben su eficacia ni de evaluaciones de impacto que valoren su efecto sobre el mercado legal del tabaco.

Choque frontal con Europa por una regulación “arbitraria”

Pero si el informe de la CNMC ya dejaba mal parado el plan del Ministerio, el frente internacional ha encendido todas las alarmas. Rumanía ha presentado una queja formal contra el borrador español, al considerar que vulnera el principio de libre circulación de mercancías recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Italia y otros países miembros preparan respuestas similares, temiendo que el decreto de García imponga barreras al comercio y abra la puerta a la arbitrariedad regulatoria.

Bruselas ya investiga la existencia de dos versiones contradictorias del texto: una enviada a la Comisión Europea, en la que se incluyen las restricciones más duras, y otra sin dichas limitaciones. Este doble juego, lejos de reforzar la posición de España, ha deteriorado la credibilidad de la ministra y expuesto al Gobierno de Pedro Sánchez a nuevas críticas en el seno de la UE.

El caso de las bolsas de nicotina es especialmente simbólico. España quiere limitar su contenido a 0,99 mg por unidad, cuando en la mayoría de países europeos ese umbral se sitúa entre los 10 y los 20 mg. “Imponer un umbral tan bajo equivale a una prohibición encubierta”, denuncian las autoridades rumanas, que acusan a España de no presentar ninguna prueba sólida que justifique la medida. De hecho, la CNMC coincide en que esta limitación podría favorecer el auge del comercio ilegal, perjudicar a los consumidores que buscan alternativas menos dañinas y erosionar los ingresos fiscales del Estado.

Fuentes del propio Ejecutivo reconocen que el PSOE no comparte ni el fondo ni la forma con los que Mónica García —ministra de Sumar— está impulsando este plan. El resultado es una brecha más entre los socios de coalición y una iniciativa que, en lugar de consolidarse como una política de salud pública efectiva, se convierte en otro episodio de improvisación y desconexión institucional.

Aunque nadie cuestiona la necesidad de reducir el tabaquismo, el enfoque unilateral, precipitado y jurídicamente dudoso del Ministerio de Sanidad ha levantado un muro de resistencia tanto en España como en Europa. La ministra García ha querido convertir su plan en bandera política, pero de momento lo que ha logrado es debilitar la posición de España ante la UE y sembrar el caos regulatorio en un sector ya altamente intervenido.

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