La región busca conseguir el reconocimiento como “nación” dentro de propio país, transformando a España en un Estado plurinacional
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Imagen: el lehendakari del País Vasco, Imanol Padrales I EP
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, también conocido como Estatuto de Gernika, es la norma institucional básica que regula el autogobierno del País Vasco dentro del marco constitucional español. Fue aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979 y sancionado por las Cortes Generales el 18 de diciembre del mismo año, dando origen a la Comunidad Autónoma del País Vasco (Euskadi), compuesta por los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
Contenido y competencias
El Estatuto reconoce al País Vasco como una nacionalidad histórica con derecho a un autogobierno amplio. Establece la creación de las instituciones propias de la comunidad:
- El Parlamento Vasco, con sede en Vitoria-Gasteiz, que ejerce el poder legislativo.
- El Gobierno Vasco, encabezado por el Lehendakari, con capacidad ejecutiva.
- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, órgano judicial máximo en la comunidad.
- Las Diputaciones Forales y Juntas Generales de cada territorio histórico, con competencias fiscales y administrativas.
Entre las competencias asumidas por la comunidad están la educación, sanidad, policía autónoma (Ertzaintza), cultura, urbanismo, medio ambiente, transporte, turismo y hacienda, entre otras. Uno de los elementos más singulares es el Concierto Económico, que permite a las diputaciones forales recaudar y gestionar la mayoría de los impuestos, transfiriendo una “cupo” o aportación al Estado por las competencias no asumidas.
Además, el estatuto reconoce al euskera y al castellano como lenguas oficiales en el País Vasco, y establece el derecho de todos los ciudadanos a usarlas. Por otro lado, también recoge el derecho del pueblo vasco a mantener y desarrollar su identidad cultural, así como el uso de sus símbolos propios (la bandera o ikurriña, el himno y el escudo).
Reformas y debates
El proceso para reformar el Estatuto de Gernika, aprobado en 1979, sigue sobre la mesa del Parlamento Vasco con el objetivo de adaptar el autogobierno a los nuevos tiempos. Aunque el debate avanza lentamente, el borrador pactado por el PNV y EH Bildu propone cambios de gran calado que han generado tanto apoyo como oposición.
Una de las propuestas más destacadas es el reconocimiento del País Vasco como una “nación” dentro del Estado español. Esta redefinición identitaria iría acompañada de un “derecho a decidir” que permitiría consultas pactadas con el Estado para redefinir el vínculo político entre Euskadi y España.
El texto también plantea que Euskadi ejerza todas las competencias recogidas en el Estatuto que aún no han sido transferidas, como la gestión íntegra del sistema de Seguridad Social o de prisiones. Además, se busca establecer una relación de tipo bilateral con el Estado, con garantías jurídicas para evitar injerencias.
Los grupos proponentes quieren que el nuevo marco legal reconozca a España como un Estado plurinacional. También se pretende reforzar los derechos sociales en el estatuto: vivienda, igualdad, medioambiente y servicios públicos figuran como pilares del nuevo texto.
Pese al impulso inicial, la reforma está en punto muerto. El PSE y el PP rechazan las bases nacionalistas del borrador, y el Gobierno central, aunque abierto al diálogo, evita pronunciarse sobre cuestiones como la autodeterminación o la bilateralidad.
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