España lidera el ránking de infracciones a la normativa de la UE con 91 casos abiertos y un historial notable de incumplimientos en áreas clave como ciberseguridad, medio ambiente y servicios digitales
The post España se convierte en el país más incumplidor con la normativa comunitaria first appeared on Hércules. España vuelve a encabezar el listado negro de los Estados más incumplidores de la normativa europea. La Comisión Europea ha lanzado tres nuevos procedimientos de infracción contra nuestro país, lo que eleva a 91 los casos activos, más que ningún otro miembro de la UE. Polonia le sigue con 85 y Grecia, con 77, en una clasificación nada envidiable.
Los datos, extraídos del último informe de infracciones y tal y como informó The Objective, también colocan a España en el segundo puesto de los países que más desoyen las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las sanciones se activan cuando un país omite la transposición de una directiva, la adapta incorrectamente o no comunica cómo va a aplicarla. En esas circunstancias, Bruselas inicia procesos legales con el propósito de asegurar el respeto riguroso a la normativa común, en beneficio de ciudadanos y empresas.
Una de las nuevas acciones jurídicas afecta al incumplimiento del Reglamento de Servicios Digitales, que obliga a todos los Estados miembros a designar y facultar un coordinador nacional para supervisar su aplicación, algo que debía haberse hecho antes del 17 de febrero de 2024. España, al igual que República Checa , Chipre y Portugal, ha nombrado a estos responsables, pero no les ha conferido la autoridad necesaria para ejercer sus funciones. Polonia ni siquiera ha cumplido con el nombramiento.
El Reglamento también exigía a los Estados establecer un sistema sancionador para penalizar infracciones de esta normativa. Ninguno de los países mencionados lo ha hecho, lo que motivó que la Comisión enviara cartas de advertencia a Chequia, Chipre, Polonia y Portugal el 24 de abril de 2024, y a España el 25 de julio del mismo año. Posteriormente, Bruselas emitió dictámenes motivados, un paso previo a la vía judicial: el 3 de octubre para República Checa, Chipre y Portugal, y el 16 de diciembre para España y Polonia.
A este expediente se suma el incumplimiento de la Directiva SRI 2, destinada a reforzar la ciberseguridad de la Unión Europea. Esta normativa debía integrarse en las legislaciones nacionales antes del 17 de octubre de 2024, algo que España y otros 18 Estados aún no han hecho. La directiva afecta a sectores estratégicos como las telecomunicaciones, los servicios digitales, la energía, el transporte, la sanidad, el espacio o la administración pública, y busca mejorar la capacidad de reacción ante incidentes de ciberseguridad.
La Comisión ha recordado que una implementación completa de la norma es imprescindible para garantizar la resiliencia de los sectores críticos frente a amenazas digitales. Por ello, ha enviado dictámenes motivados a los 19 Estados incumplidores, que disponen ahora de dos meses para adoptar las medidas requeridas. De lo contrario, los casos pasarán al TJUE.
La tercera infracción abierta a España se relaciona con la Directiva (UE) 2023/959 sobre el comercio de derechos de emisión en el sector de la aviación, un elemento clave en la estrategia climática de la UE. Bruselas ha detectado que España y otros once países no han incorporado ,o lo han hecho solo en parte, esta normativa en su ordenamiento jurídico. El plazo venció el 31 de diciembre de 2023.
Esta directiva resulta esencial para que el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) funcione correctamente y se eviten desequilibrios en el mercado interior. Además, contribuye a que los países alcancen los objetivos climáticos fijados para 2030 en la legislación comunitaria.
Aunque las sanciones por estos incumplimientos suelen demorarse, no son raras. España ha sido objeto de múltiples multas. Una de las más destacadas llegó en febrero de 2021, cuando el TJUE condenó a nuestro país a pagar 15 millones de euros, además de 89.000 euros diarios, por no transponer a tiempo una directiva sobre la protección de datos personales en el ámbito penal. La sanción estuvo vigente hasta que el proceso concluyó, un año después.
Desde 2010, España ha acumulado 3.098 expedientes por infracción comunitaria, de los cuales 2.907 han sido ya cerrados. Sin embargo, sigue habiendo 18 casos activos ante el TJUE, 11 de ellos relacionados con legislación medioambiental, lo que evidencia otro punto débil del compromiso normativo español.
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