Fiscalía considera que el tribunal actuó fuera del procedimiento al devolver la denuncia en lugar de remitirla a otro juzgado
The post Anticorrupción estalla contra la Audiencia Nacional por archivar el caso Plus Ultra first appeared on Hércules. La Fiscalía Anticorrupción ha expresado su profundo malestar por la decisión de la Audiencia Nacional de cerrar la puerta a la investigación sobre el controvertido rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, aerolínea parcialmente controlada por capital venezolano. Los fiscales consideran que los magistrados del Juzgado Central de Instrucción número 2, en lugar de inhibirse en favor del juzgado competente, como exige la ley, devolvieron la denuncia al Ministerio Público, lo que para Anticorrupción supone una vulneración de los cauces legales.
El caso apunta al posible uso ilícito de fondos públicos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. Según la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado octubre, el dinero habría servido para devolver préstamos a sociedades investigadas en Francia y Suiza por blanqueo de capitales vinculado al chavismo. Esos movimientos financieros, según los fiscales, podrían encubrir operaciones ilícitas relacionadas con la cleptocracia venezolana.
Fondos públicos para tapar una red opaca
Los informes remitidos a España por el Parquet National Financier francés y la Oficina suiza contra el blanqueo de capitales (MROS) vinculan a Plus Ultra con una red empresarial presuntamente implicada en el desvío de recursos procedentes de la venta de oro del Banco Central de Venezuela y de programas como los alimentos CLAP. El patrón sería el siguiente: empresas investigadas prestaron fondos a Plus Ultra, y esta los devolvió tras recibir el rescate español, una maniobra que, según la Fiscalía, podría ocultar blanqueo.
La actuación del juez Ismael Moreno, respaldada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha encendido los ánimos en la sede de Anticorrupción en Madrid. En lugar de remitir la denuncia al juzgado competente, los magistrados recomendaron a la Fiscalía que la presentara ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, dirigido por Esperanza Collazos, quien ya había archivado provisionalmente una investigación anterior sobre el mismo asunto.
Desde Anticorrupción insisten en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 25) obliga al juez que se declare incompetente a remitir la causa a otro juzgado, no a devolverla a los fiscales. “Lo que se esperaba era una inhibición, no un carpetazo”, lamentan.
Errores procesales y una causa sin prórroga
La investigación inicial en el Juzgado 15 también terminó archivada, pero no por falta de indicios. La causa fue cerrada debido a un error procesal: la jueza no prorrogó dentro del plazo legal la fase de instrucción, que debía extenderse más allá de los 12 meses iniciales. Aun así, emitió una citación para que Plus Ultra declarase como investigada, lo que fue recurrido por la aerolínea al considerar que el procedimiento estaba fuera de plazo.
Los informes periciales del juzgado señalaron que el pago inmediato de Plus Ultra a Petróleos de Venezuela (PDVSA), tras recibir el rescate, no encajaba con el comportamiento habitual de una empresa en crisis. Los expertos concluyeron que lo esperable habría sido aplazar esa deuda, y no saldarla con dinero público. Plus Ultra, por su parte, alegó que PDVSA es su proveedor de combustible en Caracas y que las sanciones internacionales les habían impedido realizar el pago previamente.
Este episodio reabre las críticas al rescate a Plus Ultra, otorgado por el Gobierno en plena pandemia y que desde el primer momento generó polémica por la debilidad financiera de la aerolínea y sus vínculos con el régimen chavista. El cierre judicial sin una nueva investigación activa ha dejado a la Fiscalía con las manos atadas, generando una creciente desconfianza en la independencia judicial.
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