La justicia ultima el cierre de la instrucción del caso Mediador, que implica al exdiputado socialista Tito Berni en una trama de corrupción y favores a empresarios. El escándalo político se extiende a fondos europeos y genera tensión institucional entre Fiscalía y jueces
The post Finaliza la instrucción del “caso mediador”, el banquillo espera al Tito Berni first appeared on Hércules. La investigación del conocido como caso Mediador se aproxima a su cierre tras más de tres años de instrucción. El Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife, encargado de las diligencias que afectan al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, ha anunciado que la causa está próxima a ser concluida. En una providencia reciente, la jueza María Jesús García ,sustituta eventual del órgano, ha rechazado el archivo solicitado por la defensa del exparlamentario, dejando claro que su investigación sigue en curso y que no se adherirá a otras piezas separadas por las que la Fiscalía pide cárcel para él.
El procedimiento, que desveló una presunta trama de corrupción en Canarias, ha salpicado a diversos cargos políticos y empresariales, incluyendo al sobrino de Tito Berni y exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, y al empresario Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el mediador, quien da nombre al caso. Lo que empezó como una denuncia bancaria del exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez, terminó desencadenando una investigación de gran calado cuando el acusado entregó voluntariamente su teléfono móvil. La Policía, al revisar el dispositivo, halló evidencias que apuntaban a un entramado de favores políticos, comisiones ilegales, y actividades privadas escandalosas que comprometían la credibilidad institucional.
Los indicios apuntan a que políticos y cargos públicos, con la intermediación de Tacoronte, ofrecían ventajas administrativas a empresarios ,especialmente del sector primario, a cambio de pagos y regalos. Parte de esos ingresos llegaban directamente a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, vinculada a Tito Berni, en lo que algunos testigos describieron como un “impuesto revolucionario” de 5.000 euros para abrir cualquier vía de negociación. Las diligencias han detectado movimientos bancarios, contratos sospechosos y hasta fotografías comprometedoras en contextos privados durante el confinamiento, con presencia de prostitutas y consumo de estupefacientes.
Uno de los nombres más llamativos de la causa es el del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, único imputado que ha ingresado en prisión preventiva. Durante el registro en su domicilio se encontraron hojas de cálculo que ocultarían contabilidad paralela de la trama y más de 60.000 euros en efectivo. A diferencia de Tito Berni, sobre quien no se solicitó prisión pese a las evidencias, Espinosa fue considerado un riesgo procesal. Esta disparidad generó tensiones entre la instructora original, María Ángeles Lorenzo-Cáceres, y la Fiscalía Anticorrupción, que no pidió la medida cautelar contra el diputado por su entonces condición de aforado.
La investigación también ha sacado a la luz posibles irregularidades en los contratos del empresario José Suárez Estévez, alias el de los drones, adjudicatario de proyectos financiados con fondos europeos a través del programa GAR-SI Sahel. El proyecto, gestionado por la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), ha quedado bajo el foco de la Fiscalía Europea, que asumió parte del caso para esclarecer un presunto desvío de ayudas comunitarias.
Además del saqueo de fondos, el móvil del mediador reveló los esfuerzos de la trama por influir en la asignación de fondos de recuperación económica post-COVID para Canarias. En los mensajes interceptados se evidencia cómo los imputados “preparaban el terreno” para captar parte de estas subvenciones mediante contactos políticos y presuntas filtraciones de información.
El volumen del sumario refleja la magnitud del caso: más de 4 terabytes de datos analizados, distribuidos en 31 tomos judiciales. Solo uno de los terminales intervenidos, un iPhone 11 Pro Max, albergaba más de 57.000 imágenes, 1.650 documentos y más de 25.000 archivos de audio. Durante la instrucción, se analizaron alrededor de 200 cuentas bancarias, se solicitaron informes financieros complejos y la magistrada prorrogó la investigación semestralmente en vista de su dificultad técnica y el alcance de las pruebas.
Fiestas privadas en hoteles durante la pandemia, tratos de favor en adjudicaciones públicas, contactos institucionales aprovechados para enriquecimiento ilícito y una presunta red de favores que salpica incluso a estructuras europeas: el caso Mediador ha derivado en un escándalo político de primera magnitud que dañó severamente la imagen del PSOE en las islas y provocó una crisis interna. Ahora, con el cierre de la instrucción a la vista, todo apunta a que Tito Berni y otros implicados tendrán que responder ante el banquillo por delitos como cohecho, tráfico de influencias y contra la Administración Pública.
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