El CNI descarta que el gran apagón del 28 de abril fuera causado por un ciberataque, apuntando a fallos técnicos o humanos. Aun así, el Gobierno mantiene abierta la investigación judicial para cubrir todas las hipótesis
The post El CNI descarta el ciberataque como causa del apagón del 28-A first appeared on Hércules. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha concluido que el apagón eléctrico masivo ocurrido el pasado 28 de abril no fue consecuencia de un ciberataque, ni desde el interior del país ni perpetrado por actores extranjeros. Así lo aseguran fuentes del Ejecutivo consultadas por el medio THE OBJECTIVE, en el marco de la investigación abierta por la Audiencia Nacional ante este incidente sin precedentes.
Pedro Sánchez convocó de urgencia a las seis grandes compañías del sector eléctrico ,Red Eléctrica, Endesa, Naturgy, Iberdrola, Acciona Energía y EDP, para solicitar que técnicos del CNI accedieran a sus sistemas informáticos. El objetivo: esclarecer cómo se produjo la desconexión completa de la red en cuestión de segundos.
La reunión tuvo lugar 24 horas después del colapso. Las compañías mostraron su total disposición a colaborar con los investigadores del Centro Criptológico Nacional, la rama técnica del CNI encargada de la ciberseguridad. Los analistas se desplazaron rápidamente a las sedes de las eléctricas para recoger datos. Aunque en un principio se consideró viable la hipótesis de un ciberataque, pronto fue quedando descartada. Según expertos, solo potencias como EE.UU., China, Rusia o Israel tendrían capacidad para perpetrar un sabotaje de esa magnitud. Sin embargo, no se ha hallado rastro alguno que lo sustente. Todo apunta a un fallo técnico, posiblemente amplificado por errores humanos en cadena.
El 30 de abril, THE OBJECTIVE ya adelantaba que la investigación judicial impulsada por el magistrado José Luis Calama perdería fuelle ante la falta de indicios sólidos. El caso, abierto tras una afirmación pública de Sánchez —“no se descarta ninguna hipótesis”—, busca más cubrir el expediente que resolver un crimen. Red Eléctrica descartó que el corte fuera fruto de una intrusión digital: “No hubo acceso indebido al sistema”, explicó su director de Operaciones, Eduardo Prieto. Su análisis preliminar localizó dos fallos eléctricos casi simultáneos en el suroeste peninsular.
Pese a la falta de pruebas, el Gobierno no ha cerrado ninguna vía. Calama, por su parte, formalizó diligencias previas debido a la afectación de infraestructuras críticas. Solicitó a Red Eléctrica y al Centro Criptológico informes detallados en un plazo de diez días, además de un análisis policial preliminar. A diferencia del caso Pegasus, donde había denuncia fiscal y base técnica, aquí no hay parte acusadora ni informe forense previo. Según fuentes judiciales, la intención del juez es dejar constancia oficial de que se ha descartado el ciberataque como causa del incidente.
El auto del magistrado advertía de que, si se confirmara un sabotaje digital, podrían estar en juego delitos de terrorismo recogidos en el artículo 573 del Código Penal, con penas de 10 a 25 años. Las infraestructuras como la red eléctrica son objetivos frecuentes por el potencial daño a la población, advirtió, citando ejemplos como los ciberataques a Ucrania en 2016. El apagón español supuso la pérdida instantánea de 15 GW de potencia, según el Gobierno, probablemente por una caída abrupta de tensión derivada de la inestabilidad en el suministro renovable, unido a la inactividad de tres centrales nucleares (Trillo, Alcaraz I y Cofrentes).
A día de hoy no hay una versión oficial ni un documento público definitivo que explique lo ocurrido. Sánchez ha solicitado a Bruselas un informe externo y ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica liderará una comisión investigadora, en la que participarán organismos especializados en ciberseguridad. El Ejecutivo se compromete a reformar el sistema para evitar que algo así vuelva a ocurrir y a depurar responsabilidades entre los operadores.
Desde Lisboa, la ministra portuguesa de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, fue clara: no puede garantizar que no se repita un incidente similar. En su opinión, el fallo fue de gestión, no de modelo energético. Una afirmación que podría condicionar el relato oficial que busca fijar el Ejecutivo español.
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