La Universidad de Brown enfrenta acusaciones de represalia contra el Brown Spectator por criticar su burocracia de diversidad, al tiempo que ignora a otros medios estudiantiles con prácticas similares. El caso ha despertado preocupación en el Congreso y entre defensores de la libertad de expresión
The post Represalias, censura y marcas registradas: Brown University en la lupa sancionar a estudiantes críticos first appeared on Hércules. La Universidad de Brown, una de las más prestigiosas instituciones de la Ivy League, se encuentra en el centro de una controversia que involucra libertad de expresión, políticas de diversidad y supuestas represalias institucionales. La disputa gira en torno a Alex Shieh, editor del naciente periódico estudiantil The Brown Spectator, y su proyecto satírico Bloat@Brown, una base de datos que expone empleos supuestamente redundantes o ineficientes relacionados con diversidad, equidad e inclusión (DEI) dentro de la universidad.
Lo que empezó como una auditoría informal de la burocracia universitaria ha escalado en una batalla legal, mediática y política. Shieh, junto con los otros dos miembros de la junta editorial del Spectator, ha sido acusado de infringir la marca registrada de la universidad por el uso del nombre “Brown”, algo que, irónicamente, no ha sucedido con el Brown Daily Herald, un medio estudiantil más tradicional con 134 años de historia. Ambos periódicos son financieramente independientes de la universidad y utilizan el nombre institucional sin autorización formal.
La medida ha sido vista por muchos observadores como una aplicación selectiva de normas con fines punitivos. Shieh argumenta que su uso del nombre está protegido bajo la doctrina de “uso legítimo descriptivo”, común entre periódicos estudiantiles que hacen referencia a su universidad sin que exista una intención comercial o confusión de marca.
El caso llamó la atención no solo en redes sociales, donde figuras como Elon Musk han mostrado interés, sino también en el Congreso de Estados Unidos. El representante republicano de Texas, Troy Nehls, patrocinador de una ley que aumentaría el impuesto a las dotaciones universitarias del 1.4% al 21%, envió una carta a la presidenta de Brown, Christina Paxson, cuestionando la legalidad y ética de la acción disciplinaria contra Shieh. Nehls no solo criticó la aparente censura ideológica, sino que insinuó que el estatus de exención tributaria de Brown —cuya dotación asciende a 7.200 millones de dólares— podría estar en riesgo.
Según Shieh, los cargos presentados por la universidad han ido cambiando constantemente, desde acusaciones de “daño emocional” a empleados por mencionar sus nombres públicamente, hasta ahora una supuesta infracción de marca registrada, de la cual fue notificado apenas 48 horas antes de su audiencia disciplinaria. Esta táctica ha sido calificada como una “cortina de humo” por la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE), que ha tomado su caso como emblemático del deterioro de la libertad de expresión en los campus universitarios.
En una carta reciente, FIRE acusó a Brown de no proporcionar a Shieh información clara sobre las políticas que supuestamente violó ni evidencia concreta de tales violaciones. FIRE también destacó que los tribunales han defendido consistentemente el derecho a usar marcas registradas para fines no comerciales cuando no hay una probabilidad sustancial de confusión.
La administración de Brown, por su parte, ha optado por no justificar públicamente sus decisiones disciplinarias, apelando al respeto por los procesos internos. En declaraciones a los medios, el vicepresidente de Comunicaciones Estratégicas, Brian Clark, afirmó que el proceso disciplinario está alineado con las políticas de la universidad y las leyes aplicables. También defendió la transparencia del proceso, asegurando que los estudiantes tienen “amplias oportunidades” para defenderse.
No obstante, esa versión contrasta con el relato de Shieh, quien sostiene que la universidad nunca especificó con claridad qué políticas exactas estaba violando y que sus investigaciones se basaron exclusivamente en fuentes públicas y organigramas internos sin contenido confidencial. Además, el departamento de tecnología de la información de Brown admitió que no podía rastrear acceso indebido alguno que se le atribuyera.
Mientras tanto, Shieh ha lanzado lo que califica como el “primer anuncio de ataque universitario en televisión”, financiado con fondos personales, criticando la ineficiencia administrativa y el uso de los fondos de la dotación. El anuncio ya circula en redes sociales y está buscando espacio en la televisión local de Providence.
La respuesta de Brown al escándalo ha sido considerada por muchos como insatisfactoria, especialmente por no haber aplicado el mismo criterio al Brown Daily Herald, que también incluye el nombre institucional en su cabecera y lleva décadas funcionando sin interferencia. Esa inconsistencia ha sido clave en la narrativa de persecución política contra el Spectator, fundado recientemente como una alternativa libertaria-conservadora al discurso dominante en el campus.
La polémica ocurre en un contexto nacional cada vez más tenso respecto a la libertad de expresión universitaria. Los campus estadounidenses se han convertido en campos de batalla ideológicos, especialmente en torno a políticas de DEI, antisemitismo, críticas al progresismo institucional y el creciente rol de las dotaciones multimillonarias que, según algunos críticos, se usan más para expandir burocracias que para reducir la carga económica del alumnado.
Brown, como otras universidades de élite, se enfrenta ahora al escrutinio público no solo por cómo gasta su dinero, sino por cómo castiga o tolera voces disidentes dentro de su comunidad estudiantil. El caso de Alex Shieh podría marcar un precedente importante en los límites de la crítica institucional, la protección legal de las marcas registradas y el verdadero compromiso de las universidades con el pluralismo ideológico.
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