Una reciente reforma legislativa del BJP en India otorga al Estado mayor control sobre las propiedades religiosas musulmanas, generando preocupación por su posible uso discriminatorio. La medida intensifica la percepción de que el gobierno busca marginar a los musulmanes en nombre del nacionalismo hindú
The post La nueva ley del waqf en India. Una ofensiva legal contra el islam first appeared on Hércules. El mes pasado, el Parlamento de la India, controlado por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) y sus socios, dio luz verde a una legislación polémica que redefine el control sobre las tierras musulmanas donadas con fines religiosos o caritativos. Aunque el presidente la ratificó de inmediato, el texto legal ya enfrenta un desafío en la Corte Suprema del país.
La nueva normativa puede tener repercusiones directas sobre decenas de miles de bienes waqf: terrenos y edificaciones consagradas durante siglos por musulmanes indios a causas religiosas. Hasta ahora, estas propiedades estaban protegidas bajo la Ley del Waqf de 1995.
La reforma otorga al gobierno central facultades ampliadas, incluyendo la posibilidad de integrar a personas no musulmanas en los consejos que administran estas propiedades. Además, permite al Ejecutivo establecer el estatus legal de las tierras, incluso si antes eran reconocidas sin documentos. Esto allana el camino para impugnaciones masivas de su propiedad.
En una nación donde los musulmanes representan cerca del 14% de una población de 1.400 millones, el cambio legal genera alarma. Datos de 2023 revelan que esta comunidad enfrenta los niveles más bajos de riqueza y consumo entre los grupos religiosos.
Desde el gobierno se afirma que el objetivo es limpiar el sistema de corrupción, dotar de transparencia la gestión del waqf y garantizar que las mujeres musulmanas accedan a su herencia. No obstante, tanto la oposición como amplios sectores musulmanes ven la medida como una estrategia encubierta para arrebatar terrenos y reducir su autonomía religiosa.
La legislación se produce en un contexto de creciente nacionalismo hindú, impulsado por el BJP desde la llegada de Narendra Modi al poder. Bajo esta tendencia, grupos hindús han multiplicado las demandas judiciales para reclamar mezquitas, alegando que fueron erigidas sobre antiguos templos.
Un episodio simbólico fue la inauguración del templo Ram Mandir en Ayodhya en 2023. Construido donde antaño se encontraba la Babri Masjid, una mezquita demolida violentamente por nacionalistas en 1992, el templo representa la culminación de una cruzada liderada por la derecha religiosa hindú. En 2019, el Tribunal Supremo autorizó la entrega del terreno para el templo.
La narrativa revisionista ha llegado incluso al Taj Mahal. Figuras del BJP y grupos aliados han promovido teorías de que el icónico mausoleo es, en realidad, un templo hindú, lo que forma parte de un intento por borrar el legado islámico del país.
En este marco, la reforma del waqf es vista por muchos como un paso más en el empeño por relegar a los musulmanes a un estatus ciudadano inferior. La Junta de Derecho Personal Musulmán de Toda la India denunció la ley como “sectaria y contraria a los derechos fundamentales”.
Mohammed Taufeeq, funcionario del consejo waqf en Gujarat, alertó que los musulmanes se verán forzados a demostrar la legitimidad de bienes heredados de sus ancestros. Ese mismo estado, bastión del BJP, fue escenario en 2024 de demoliciones de santuarios islámicos, incluyendo una operación nocturna en Junagadh con fuerte presencia policial.
En los meses siguientes, se derribaron otras nueve estructuras islámicas. En noviembre, una corte del norte del país emitió un dictamen que cuestiona el origen del dargah de Ajmer, uno de los santuarios sufíes más venerados del país, alegando que era un templo hindú antes de islamizarse. La denuncia provino de Hindu Sena, un grupo extremista.
A esto se suma el cambio sistemático de nombres musulmanes en calles, ciudades y monumentos. En 2018, la histórica Allahabad pasó a llamarse Prayagraj. El cambio fue impulsado por el monje y dirigente ultraconservador Yogi Adityanath, bajo la promesa de restaurar su identidad hindú original. Prácticas similares han sido replicadas en otros estados gobernados por el BJP.
El temor entre los musulmanes es que si sus bienes religiosos ya eran vulnerables, ahora están más expuestos a ser cuestionados. Estimaciones oficiales cifran en más de 870.000 las propiedades waqf, valoradas en unos 14.000 millones de dólares. Zafarul Islam Khan, ex líder de un influyente organismo musulmán, advirtió que la ley allana el terreno para que autoridades estatales, nacionales e incluso particulares puedan apoderarse de propiedades dedicadas a los más vulnerables: pobres, viudas y huérfanos.
La modificación legal se suma a un historial del BJP de impulsar normas que impactan directamente en la vida de los musulmanes. Desde la prohibición del “triple talaq” (divorcio instantáneo), hasta la eliminación del estatus especial de Cachemira, pasando por la reforma de la ciudadanía o el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC), estas medidas han provocado temor y protestas generalizadas. La enmienda al waqf ha encendido movilizaciones por todo el país, algunas de las cuales han derivado en violencia. Desde su aprobación, al menos tres personas han muerto y más de 150 han sido detenidas.
La hinduización de las instituciones indias se ha intensificado tras las victorias del BJP en 2019 y 2024. La Comisión de Libertad Religiosa de EE. UU. ha advertido sobre el riesgo de que millones de musulmanes queden apátridas o sean detenidos, de concretarse el NRC.
La nueva ley no sólo modifica el control sobre las tierras religiosas, sino que socava el carácter secular que, durante décadas, ha sido la piedra angular del pacto social indio. El BJP, amparado en su mayoría parlamentaria, parece decidido a imponer una visión de nación centrada en lo hindú.
En Cachemira, única región de mayoría musulmana en la India, también se levantan voces contra la ley. Mirwaiz Umar Farooq, líder religioso, denunció que se trata de un intento más de erosionar su libertad espiritual y la autonomía de sus instituciones. Aunque el gobierno presenta la ley como una herramienta para la justicia y la transparencia, para muchos se trata de una ofensiva planificada para disminuir el poder y la igualdad de los musulmanes dentro del entramado constitucional indio.
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