La sentencia sienta un precedente relevante: refuerza el papel del Parlamento en el acceso a información clave para la fiscalización del Gobierno y limita las posibilidades del Ejecutivo de esgrimir argumentos genéricos sobre volumen o confidencialidad para denegar documentación requerida por las Cámaras
The post El Supremo da la razón a los populares: el Gobierno deberá entregar los documentos que demuestren en que se han gastado los fondos europeos first appeared on Hércules. El Tribunal Supremo ha fallado a favor del Senado, actualmente con mayoría del Partido Popular, en el conflicto que mantenía con el Gobierno en torno a la solicitud de una serie de informes elaborados por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) entre septiembre y diciembre de 2023.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha estimado dos recursos presentados por la Cámara Alta, obligando al Ejecutivo a facilitar en un plazo de 30 días la documentación requerida. Las resoluciones, adelantadas por La Razón, también condenan al Gobierno al pago de costas, que podrían alcanzar los 4.000 euros.
La petición original, promovida por el Grupo Popular en el Senado, buscaba acceder a los informes jurídicos y de control financiero elaborados en el Ministerio de Hacienda —dirigido por María Jesús Montero— durante el último cuatrimestre del año pasado. El objetivo declarado era reforzar la labor de control parlamentario, especialmente en el marco de las investigaciones sobre la gestión de los fondos europeos y el rescate de Air Europa por valor de 600 millones de euros.
El Gobierno rechazó la solicitud alegando varios motivos: la “ingente” cantidad de documentación —hasta 4.000 informes, según sus estimaciones—, la necesidad de acotación del contenido, y cuestiones de confidencialidad, particularmente en lo relativo a los documentos de la IGAE. En este caso, el Ejecutivo invocó artículos de la Ley General Presupuestaria que restringen la difusión de informes de auditoría, reservando su acceso a determinados órganos como el Tribunal de Cuentas y obligando a los funcionarios a guardar secreto profesional.
El Supremo, sin embargo, ha considerado que el derecho del Senado a acceder a esta información se encuentra protegido por el artículo 23 de la Constitución, que garantiza la participación política de los representantes públicos. En su recurso, el Senado argumentó que negarle el acceso a estos informes suponía una vulneración de su función constitucional de control sobre el Ejecutivo.
La sentencia sienta un precedente relevante: refuerza el papel del Parlamento en el acceso a información clave para la fiscalización del Gobierno y limita las posibilidades del Ejecutivo de esgrimir argumentos genéricos sobre volumen o confidencialidad para denegar documentación requerida por las Cámaras.
A partir de este fallo, el Gobierno tendrá más difícil bloquear solicitudes similares en el futuro, en un contexto político donde las reclamaciones de transparencia y rendición de cuentas han adquirido mayor peso.
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