Gobierno ofrece asumir los costes para sortear las reticencias legales y económicas, pero limita la oficialidad a menos del 3% de los textos comunitario
The post España propone una oficialidad parcial del catalán, euskera y gallego en la UE a partir de 2027 first appeared on Hércules. El Gobierno español ha presentado una nueva propuesta para lograr el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea, aunque plantea una implementación parcial desde 2027. Según el documento trasladado a los embajadores europeos, a partir de esa fecha solo se traducirán a estas lenguas los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, que suponen menos del 3% del total de actos jurídicos comunitarios.
La iniciativa busca superar las dudas jurídicas y económicas que mantienen paralizada la propuesta desde que se planteó por primera vez en septiembre de 2023. Para ello, el Gobierno ha insistido en que España asumirá todos los costes de la medida, aunque no ha ofrecido todavía una cifra concreta. En diciembre de 2023, la Comisión Europea calculó un coste anual estimado de 132 millones de euros si se aplicara la oficialidad completa, a razón de 44 millones por lengua.
Una reforma con cláusula de revisión y sin aplicación total
La propuesta incorpora una “derogación” inicial que exime a las instituciones europeas de traducir todos sus documentos a las lenguas cooficiales españolas. Esta limitación se revisaría en 2031, cuando los Veintisiete podrían, de nuevo por unanimidad, decidir si eliminan la derogación y amplían la oficialidad.
Por ahora, el enfoque progresivo evita traducir directivas, decisiones, recomendaciones u otros documentos legales que sí se editan en las actuales 24 lenguas oficiales de la UE. A cambio, el Ejecutivo español asegura que coordinará en los próximos meses un plan detallado con Bruselas para evaluar los recursos técnicos y humanos necesarios que permitan una posible ampliación futura.
Votación incierta y objeciones legales
El próximo martes, 27 de mayo, el Consejo de Asuntos Generales de la UE prevé votar la propuesta, aunque la decisión requiere unanimidad. Algunos países, como Francia e Italia, han manifestado sus dudas legales y financieras, mientras que otros, especialmente del Báltico, temen que siente un precedente peligroso por el riesgo de que minorías lingüísticas reclamen también oficialidad en el futuro.
A pesar del rechazo verbal expresado por los servicios jurídicos del Consejo, que cuestionan la base legal del plan, este dictamen no es vinculante. La votación podría aplazarse si no se logra una mayoría suficiente o si algún país solicita retirar el punto del orden del día a última hora.
Para disipar el temor al efecto dominó, el Gobierno español subraya que las lenguas cooficiales están reconocidas en la Constitución desde antes de la adhesión a la UE. Además, su uso está consolidado tanto en el Congreso como en el Senado, y España ya traduce los tratados y mucha de su legislación nacional a estas lenguas, incluida la normativa comunitaria que debe ser transpuesta.
En este sentido, se plantea que el reglamento incluya una cláusula para que futuras peticiones de oficialidad se evalúen caso por caso y solo se acepten si se cumplen criterios estrictos: que la lengua sea originaria del país solicitante, esté reconocida en su Constitución desde hace al menos 20 años y tenga una sólida tradición administrativa.
Un compromiso político con impacto simbólico
Pese a su alcance limitado, la iniciativa tiene una fuerte carga simbólica. No solo responde a las demandas de partidos nacionalistas que apoyan al Gobierno en el Congreso, sino que también refuerza la proyección institucional de las lenguas cooficiales en el ámbito europeo. De lograrse la aprobación, sería la primera vez que se reconoce oficialmente una lengua no estatal en la UE, un hito diplomático que podría marcar un antes y un después en la política lingüística comunitaria.
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