Moncloa gasta 2 millones en formación y 24,5 en tecnología mientras presiona a la OTAN para blindar su política migratoria
The post El Gobierno engorda la burocracia con 750 empleos públicos más para regularizar inmigrantes first appeared on Hércules. El Gobierno ha anunciado a bombo y platillo la creación de 750 nuevos empleos públicos para reforzar las oficinas de extranjería y agilizar los trámites de regularización de inmigrantes. Bajo el pretexto de aplicar el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado en noviembre pero en vigor desde esta semana, el Ejecutivo pone en marcha otra medida que incrementa el gasto público sin resolver el fondo del problema: la falta de control en las fronteras y el colapso del sistema migratorio.
La Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio que encabeza Elma Saiz, ha coordinado esta ampliación de plantilla con el Ministerio de Política Territorial. El coste de la operación no es menor: dos millones de euros destinados a formar a los nuevos funcionarios, que se suman a una maquinaria administrativa ya sobredimensionada y con escasa eficacia demostrada.
Según el Gobierno, el objetivo es “transitar de la forma más eficiente todos los cambios que la nueva norma conlleva”. Sin embargo, la experiencia reciente indica lo contrario: más personal no se traduce necesariamente en mejor gestión, y menos aún cuando se aplica a un sistema saturado que arrastra años de ineficiencias y contradicciones normativas.
Normas confusas y mensajes contradictorios
El nuevo reglamento, lejos de aportar claridad, multiplica las categorías de arraigo y amplía los supuestos de regularización, lo que, en la práctica, facilita el acceso a la residencia y al trabajo a quienes no han seguido los cauces legales para entrar en el país. En lugar de fortalecer un sistema migratorio riguroso y ordenado, el Gobierno incentiva los atajos administrativos, enviando un mensaje claro: basta con permanecer en España cierto tiempo o tener vínculos mínimos para legalizar la situación.
La propia redacción del reglamento, que incluye conceptos como el “arraigo socioformativo” o la “segunda oportunidad”, refleja una voluntad política de flexibilizar sin límites las condiciones de regularización, generando una inseguridad jurídica que afecta tanto a migrantes como a los funcionarios encargados de aplicar la norma.
Más gasto, menos control
A esta ofensiva burocrática se suma una inyección de 24,5 millones de euros en I+D para mejorar la vigilancia de fronteras. Aunque la inversión en tecnología es, en principio, una medida razonable, el Ejecutivo la presenta no como un refuerzo de la soberanía nacional, sino como parte de una maniobra para convencer a la OTAN de que la inmigración debe computar como gasto militar.
Se trata de una estrategia oportunista que mezcla seguridad, defensa y migración con fines contables, mientras los problemas reales, mafias, entradas irregulares, colapso en los CIEs, siguen sin respuesta efectiva.
El maquillaje de una política fallida
Durante seis meses, el Gobierno ha desplegado una campaña informativa para explicar el nuevo reglamento. Sesiones en quince ciudades, formación intensiva para funcionarios, encuentros con ONG y agentes sociales… todo orientado a vender una política que, en esencia, es una huida hacia adelante.
Mientras tanto, los flujos de inmigración irregular no cesan y los tribunales ya han advertido de las lagunas legales de algunas disposiciones. Las recientes instrucciones para regularizar familiares de españoles intentan tapar el vacío legal que afectaba a miles de familias mixtas, pero lo hacen con soluciones improvisadas, presionadas por sentencias europeas que el Gobierno había ignorado hasta ahora.
Más allá de la retórica oficial, la medida responde a un cálculo político: contentar a sectores progresistas y sindicatos como CCOO, que aplauden la regularización masiva, mientras se intenta mantener el control de un debate cada vez más presente en la agenda pública. El consejero de CCOO, José Antonio Moreno, compartió escenario con la ministra Saiz en la presentación del reglamento, en una imagen que simboliza la connivencia entre Gobierno y sindicatos en este nuevo giro de la política migratoria.
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