Un total de 1.610 personas fueron identificadas como amnistiables, de las cuales 884 sufrieron sanciones administrativas y 726 procesos penales
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Imagen: el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont I EFE
Según datos de Alerta Solidària, un total de 328 personas han sido beneficiadas por la ley en su primer año. De ellas, 173 son manifestantes y activistas, 129 pertenecen a las fuerzas de seguridad y 23 son políticos y cargos públicos de la Generalitat de Cataluña. Òmnium Cultural, por su parte, señala que 178 activistas y políticos soberanistas han sido amnistiados, a los que suma 49 sobreseimientos y 9 absoluciones, lo que eleva a 236 las causas cerradas, aunque reconoce que la cifra de beneficiados es inferior a la inicialmente prevista.
Quiénes no se han beneficiado
No todos los solicitantes han sido amnistiados. Aproximadamente un 40% de quienes han pedido la amnistía no la han obtenido, según Òmnium. En concreto, 158 personas consideradas “represaliadas” no se han beneficiado de la ley: 35 solicitudes han sido denegadas, 48 están en suspensión a la espera de pronunciamientos del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y 75 no han recibido respuesta judicial. Entre los excluidos figuran 76 activistas, 23 políticos y empresarios, y 4 miembros de las fuerzas de seguridad implicados en casos graves, como la lesión ocular sufrida por Roger Español durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
El papel de la Comisión de Venecia
La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, emitió un dictamen sobre la Ley de Amnistía a petición del Senado español. En su informe, la Comisión no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley, pero sí señaló que la tramitación parlamentaria ahondó en la división política y social, y criticó la falta de justificación para el periodo temporal abarcado por la norma. Además, alertó sobre la escasa aprobación social y recomendó a las autoridades españolas fomentar el diálogo y la cooperación institucional para lograr una reconciliación efectiva.
Impacto y controversias
Diversos actores judiciales, incluidos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones de jueces, han expresado preocupación por lo que consideran una injerencia del poder legislativo en el ámbito judicial. Advierten del riesgo de establecer un precedente de impunidad condicionado por pactos políticos.
Aunque la ley fue aprobada con el objetivo de cerrar causas judiciales relacionadas con el procés, su interpretación ha sido dispar. Algunos jueces han aceptado tramitar las solicitudes de amnistía con rapidez, mientras otros han planteado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o han rechazado su aplicación alegando excepciones como el delito de malversación con ánimo de lucro.
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