Cientos de togados se manifiestan en Madrid contra la reforma del Gobierno y anuncian una huelga para el 1, 2 y 3 de julio
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Decenas de personas durante la concentración de jueces y fiscales frente al Tribunal Supremo contra las reformas de Bolaños // Juan Barbosa – Europa Press
La advertencia fue clara, contundente y resonó desde las escalinatas del Tribunal Supremo: “La independencia judicial está bajo amenaza”. Cientos de jueces y fiscales de toda España se concentraron este sábado en Madrid para mostrar su rechazo a la reforma del Ejecutivo de Pedro Sánchez, impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que modifica el acceso a la carrera judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. A mediodía, se leyó un manifiesto unitario que culminó con el anuncio de una huelga de tres días, prevista para los próximos 1, 2 y 3 de julio.
La protesta fue respaldada por las cinco principales asociaciones judiciales y fiscales del país, cuyos portavoces advirtieron de un intento del Gobierno por “debilitar el Poder Judicial como contrapeso del poder político”. En palabras del manifiesto leído, “el Estado de Derecho no es de izquierdas ni de derechas, es de todos”, y advirtieron: “no queda más remedio que acudir a la huelga”.
Una protesta con apoyo ciudadano
La manifestación, de carácter cívico y pacífico, según recalcaron los organizadores, congregó también a numerosos ciudadanos que quisieron mostrar su apoyo a los magistrados y fiscales. Algunos intentaron introducir gritos ofensivos contra el presidente del Gobierno, como el “Pedro Sánchez, hijo de puta”, que los convocantes cortaron de inmediato. “El que insulta se está definiendo a sí mismo”, interrumpió el portavoz que leía el manifiesto, quien recordó que el acto no era contra el Gobierno, sino a favor de la independencia del Poder Judicial.
El escenario elegido para la protesta no fue casual: el Tribunal Supremo es el último peldaño del acceso a la carrera judicial, tras años de oposiciones regidas por los principios de mérito, capacidad e igualdad. Precisamente esos valores, denuncian los manifestantes, quedarán en entredicho si se aprueba la llamada “ley Bolaños”, que facilitaría la incorporación de más de mil jueces y fiscales sin oposición libre, mediante un programa de estabilización que los togados califican como “una puerta trasera” al sistema judicial.
El anuncio de huelga ha sido respaldado por las asociaciones profesionales, pero ha generado fricciones dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces ha señalado que la huelga no tiene sustento normativo, al no existir una ley que regule el derecho a huelga de jueces y fiscales. Aun así, tanto asociaciones como juristas han recordado que el artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce este derecho fundamental y que su ejercicio no necesita comunicación previa.
En apoyo a los huelguistas se ha situado la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, quien, con el bloque conservador, aprobó cuatro puntos en los que se reconocía el esfuerzo de quienes acceden a la judicatura por el sistema tradicional. En su intervención, se alertó del riesgo de vulnerar el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas.
Un Consejo dividido y una protesta creciente
La fractura en el CGPJ ha quedado de manifiesto. Mientras el sector progresista quiso incluir la posibilidad de “tomar medidas” contra los jueces que promuevan la huelga, la presidenta Perelló logró blindar su derecho, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional de 1981. El intento fue finalmente rechazado, lo que supone una victoria simbólica para los convocantes.
Los jueces y fiscales no solo exigen la retirada de las dos proposiciones de ley actualmente en trámite en el Congreso, sino también el fin del uso partidista del sistema judicial. Acusan al Gobierno de utilizar a Europa como “excusa falsa” para modificar normas esenciales que afectarán al acceso, la promoción y la independencia del sistema de justicia.
El conflicto abierto entre el Gobierno y el Poder Judicial marca un punto de inflexión institucional. La protesta de este sábado es la antesala de una huelga sin precedentes en la judicatura democrática. Mientras tanto, en las próximas semanas, el Congreso tendrá en sus manos decidir si avanza con unas reformas que los jueces consideran “injustas, desiguales y peligrosas para la democracia”.
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