Duke Law Journal enfrenta críticas por usar criterios de raza y género en su proceso de selección, desatando un debate sobre la acción afirmativa
The post Duke Law Journal enfrenta acusaciones por discriminación first appeared on Hércules. Cada año, tras los exámenes finales en mayo, el prestigioso Duke Law Journal organiza un riguroso proceso de selección para elegir a su nuevo equipo editorial. Durante dos semanas, los aspirantes deben redactar un memorándum de 12 páginas analizando una sentencia de apelación y escribir un ensayo de 500 palabras sobre su potencial aporte a la revista. Sin embargo, una reciente polémica ha puesto en entredicho la equidad del proceso.
Los editores se seleccionan según sus calificaciones, el análisis del caso y la declaración personal. Solo menos del 20 % de los estudiantes logra acceder a la codiciada revista jurídica, administrada por la Facultad de Derecho de Duke. Para ayudar a los candidatos, la revista ofrece una guía sobre cómo redactar la nota. Pero el año pasado, se entregó además un documento extra a ciertos grupos.
Un paquete exclusivo para minorías
La controversia surgió cuando se supo que la revista envió un paquete adicional únicamente a los llamados “grupos de afinidad” del campus, compuestos por estudiantes de minorías. El documento animaba a los candidatos a destacar su raza y género en sus declaraciones personales, y revelaba que eso podría traducirse en puntos extra durante la evaluación.
El contenido, obtenido por el Washington Free Beacon, incluía la rúbrica de evaluación: hasta 10 puntos por pertenecer a un “grupo subrepresentado” que aporte a la promoción de voces diversas, y entre 3 y 5 puntos más si se ocupaba un cargo de liderazgo en un grupo de afinidad.
Tres de los cuatro ejemplos de ensayos incluían referencias a la identidad racial en la primera línea. Uno decía: “Como mujer asiático-estadounidense e hija de inmigrantes, tengo distintas perspectivas y privilegios”. Otro citaba una “identidad interseccional” como mujer judía de Oriente Medio que sería útil en entornos colaborativos.
¿Acceso privilegiado?
La información exclusiva generó preocupación. Solo los grupos de afinidad tuvieron acceso a la rúbrica y se les pidió explícitamente que no compartieran el documento con otros estudiantes, según mensajes internos revisados. El encabezado del documento también indicaba que su distribución era restringida.
Este sistema de puntuación basado en la identidad racial podría entrar en conflicto con el fallo de la Corte Suprema de EE. UU., que en 2023 declaró ilegal usar la acción afirmativa para justificar preferencias raciales en procesos de admisión.
“El uso de la declaración personal como indicador de raza es claramente ilegal”, advirtió David Bernstein, profesor de derecho constitucional en la Universidad George Mason. Incluso si no se evaluara directamente la raza, dar la rúbrica solo a ciertos grupos ya constituiría una forma de discriminación racial, afirmó.
Además, el documento incluía criterios para calificar la nota de caso, lo que potencialmente ofrecía otra ventaja competitiva a los estudiantes de minorías.
DEI en el centro del debate
La autora del paquete fue Gabriela Nagle Alverio, editora en jefe del Duke Law Journal. Alverio tiene una licenciatura en Estudios de Género y Sexualidad por la Universidad de Stanford y ha trabajado como consultora de diversidad en Inclusion Design Group, donde desarrolló programas de educación sobre diversidad.
La firma para la que trabajó afirma haber asesorado a empresas como Amazon y LinkedIn para integrar la diversidad en sus estructuras. Alverio también diseñó un curso obligatorio sobre diversidad para la Facultad de Medicina de Stanford. Ni Alverio ni la universidad respondieron a las solicitudes de comentarios de distintos grupos que han denunciado la situación.
Aunque algunas universidades mantienen una separación legal entre sus revistas jurídicas y las instituciones, el Duke Law Journal figura en la página oficial de la Facultad de Derecho de Duke y su contenido está bajo su copyright. Además, aunque los estudiantes gestionan el proceso de evaluación, está supervisado por los administradores de la facultad, lo que lo sujeta al Título VI de la Ley de Derechos Civiles.
Límites legales a la acción afirmativa
El Título VI prohíbe que instituciones que reciben fondos federales discriminen por razones de raza, color o nacionalidad. Por ello, según Erin Wilcox, abogada de la Pacific Legal Foundation, el sistema adoptado por Duke podría ser ilegal.
“La Corte Suprema ha sido clara: las decisiones deben basarse en méritos individuales, no en características inmutables como el sexo o la raza”, dijo Wilcox.
El caso de Duke se suma a una creciente ola de desafíos legales que enfrentan las revistas de derecho en todo EE. UU. La semana pasada, la Michigan Law Review fue demandada por supuesta discriminación racial contra solicitantes blancos. Asimismo, la Harvard Law Review está bajo investigación de tres agencias federales por su uso de criterios de diversidad.
También revistas de Northwestern y la Universidad de Nueva York han sido demandadas en los últimos años por razones similares.
Testimonios y narrativa identitaria
Más allá de la legalidad, la polémica ha generado un debate sobre el papel de la identidad en los procesos de selección. Muchos estudiantes utilizaron sus declaraciones personales para relatar experiencias de discriminación o exclusión.
“Como mujer latina, he crecido en entornos dominados por hombres blancos. Siempre se cuestionaron mis capacidades, como si debiera demostrar que podía con la carga”, escribió una aspirante.
Otra dijo que su llegada a Duke le recordó la infancia en una comunidad blanca donde los maestros la encasillaban como estudiante modelo antes de hablar siquiera. Afortunadamente, dijo, encontró apoyo en un grupo diverso de amigos y mentores.
“Durante el año, discutimos la falta de diversidad en el campus y las veces que éramos las únicas personas de color en la sala. Una industria legal diversa empieza con una experiencia inclusiva en la universidad”, concluyó.
¿Diversidad o discriminación?
La controversia ha reavivado la discusión nacional sobre la acción afirmativa y los límites de las políticas de inclusión en el ámbito académico. Mientras algunos defienden la necesidad de visibilizar las experiencias de grupos marginados, otros argumentan que priorizar la identidad sobre el mérito puede ser contraproducente y legalmente riesgoso.
El caso de Duke ejemplifica cómo las universidades estadounidenses siguen buscando formas de fomentar la igualdad de oportunidades, incluso frente a restricciones legales. No obstante, si esas estrategias cruzan la línea hacia la exclusión de otros perfiles, podrían terminar socavando los mismos valores de justicia e inclusión que pretenden defender.
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