Turquía desvió fondos de la UE destinados a su adhesión para financiar espionaje en Europa, según informes internos de transparencia
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Durante la última década, cientos de millones de euros de fondos de la UE habrían sido desviados por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan para financiar redes de espionaje turco en Europa. Los recursos provenían del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), una partida presupuestaria destinada a apoyar el proceso de adhesión de Turquía a la UE, que contempla un total de 10.000 millones de euros.
Entre 2014 y 2024, Ankara recibió 4.000 millones de euros bajo este mecanismo. A pesar de que el objetivo era impulsar reformas políticas e institucionales, nuevas evidencias sugieren que una parte sustancial se canalizó hacia fines ajenos a los compromisos con Bruselas. El ciclo 2021-2027 prevé una asignación aún mayor, elevando la preocupación sobre su uso real.
Redes de inteligencia financiadas con fondos comunitarios
Las operaciones habrían sido ejecutadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, que según cifras oficiales usaron más de 660 millones de euros provenientes del IAP. Aunque las partidas se justificaron como inversiones en gobernanza y capacidad institucional, fuentes confidenciales afirman que fueron redirigidas a actividades de espionaje en países de la UE, incluyendo vigilancia de opositores y disidentes políticos.
Empresas fantasma y organizaciones pantalla habrían servido para maquillar estos desvíos, ocultando actividades clandestinas bajo supuestos proyectos de cooperación europea. Facturas infladas, registros falsos y contratos simulados completan el entramado, dificultando la trazabilidad de los recursos.
La huella de Hakan Fidan y la militarización diplomática
Desde su llegada al Ministerio de Exteriores en 2023, Hakan Fidan, exdirector del servicio secreto turco (MIT), ha transformado radicalmente la estructura del organismo. Bajo su dirección, altos cargos han sido ocupados por agentes de inteligencia, y se ha creado la Dirección General de Seguridad Diplomática (DGGM), una unidad con apariencia institucional cuyo verdadero objetivo sería facilitar operaciones de espionaje turco en el extranjero.
Aunque su función oficial es la protección de las misiones diplomáticas, en la práctica la DGGM actúa como brazo operativo de Fidan. Esta dirección también asumió el control de la seguridad de embajadas extranjeras en suelo turco, lo que refuerza la capacidad de vigilancia interna del régimen.
Recortes presupuestarios, incentivos encubiertos
Con un presupuesto menguante ,pasando de representar el 0,5% al 0,28% del presupuesto nacional, Fidan habría visto en los fondos de la UE una fuente alternativa para mantener activa su red de inteligencia. En 2024, su ministerio recibió 1.080 millones de dólares frente a un presupuesto general de 506.900 millones, una cifra ínfima que lo empuja a buscar recursos por otras vías.
En paralelo, el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional Turca, subordinado al Ministerio del Interior, ha desplegado agentes bajo cobertura diplomática en embajadas de Europa, actuando como supuestos enlaces de seguridad. Estos agentes, en realidad, estarían llevando a cabo labores de inteligencia en países como Alemania, Francia, Suecia, Austria o Países Bajos, apuntando especialmente a disidentes del movimiento Gülen.
Complicidad europea: pragmatismo vs. principios
A pesar de estar al tanto del presunto uso indebido de estos recursos, la Unión Europea no ha tomado acciones significativas. Bruselas ha optado por priorizar su acuerdo migratorio con Turquía, permitiendo que Erdogan ejerza presión diplomática a través del control del flujo de inmigrantes.
La relación estratégica con Ankara, miembro de la OTAN con el segundo ejército más grande de la alianza, ha llevado a los líderes europeos a mirar hacia otro lado. En este escenario, la transparencia financiera, la responsabilidad democrática y el cumplimiento del Estado de derecho han sido relegados por intereses geopolíticos inmediatos.
Mientras tanto, los fondos de la UE, financiados por los contribuyentes europeos, son presuntamente utilizados para reprimir libertades civiles, socavar oposiciones políticas y erosionar los valores que la propia Unión dice defender. El caso turco representa una prueba crítica para la credibilidad y coherencia del proyecto europeo en materia de derechos humanos y democracia
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