El Tribunal de Cuentas detecta 227.990 expedientes irregulares en ayudas sociales entre 2016 y 2024 y alerta de pagos indebidos sistemáticos
The post Cataluña pierde 167 millones en fraudes sociales sin que Illa impulse cambios first appeared on Hércules. La Sindicatura de Cuentas ha destapado un monumental agujero en las prestaciones sociales de la Generalitat de Cataluña: 167,5 millones de euros en pagos indebidos durante el periodo 2016-2024. Lejos de impulsar una revisión profunda del sistema, el gobierno de Salvador Illa ha optado por minimizar el impacto del informe, descartando una reforma estructural y limitándose a declaraciones genéricas sobre la dificultad de gestionar estas políticas.
Un sistema opaco y sin control
El informe del órgano fiscalizador autonómico revela que 227.990 expedientes presentan irregularidades. El desglose es demoledor: 70,6 millones de euros en errores o fraudes relacionados con ayudas por dependencia, 43,7 millones en pensiones no contributivas mal abonadas y otros 36,1 millones vinculados a programas de renta garantizada. Según la Sindicatura, el modelo catalán adolece de falta de controles efectivos, duplicidades, pagos incompatibles y adjudicaciones sin que los beneficiarios cumplan los requisitos legales.
La gestión del sistema se califica en el informe como “excesivamente compleja” y “carente de mecanismos de verificación adecuados”. Esta combinación de burocracia y laxitud ha convertido a las prestaciones sociales catalanas en un coladero para el fraude y el clientelismo político, con efectos tanto financieros como sociales.
Illa evita actuar tras el escándalo
Pese a la gravedad de los datos, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartado una auditoría a fondo del sistema. En declaraciones recientes, ha admitido la necesidad de “replantear” algunos aspectos, pero descarta revisar en profundidad el modelo actual, asegurando que lo importante es “mirar hacia adelante”. Esta actitud contrasta con la magnitud del problema y con el riesgo de que la situación se perpetúe o incluso se agrave.
Mientras tanto, la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha propuesto una amnistía parcial para los cobros indebidos, evitando exigir responsabilidades a los beneficiarios irregulares o al entramado político-administrativo que permitió el descontrol.
El precedente de Navarra: más gasto, peores resultados
El caso catalán no es único. Navarra, con un modelo similar basado en ayudas directas y rentas garantizadas, gasta un 69% más que Madrid en políticas sociales pero registra más pobreza y menor renta por hogar. En esa comunidad, los fraudes en programas asistenciales llegan al 81% según los datos más recientes. A pesar del volumen creciente de recursos públicos, los indicadores sociales no mejoran.
Este fenómeno, que afecta a toda España, ya ha sido analizado por expertos como el economista Ángel de la Fuente, que cifra en más de siete millones los beneficiarios de algún subsidio estatal. El coste agregado de estas políticas supera los 28.000 millones de euros anuales, una cifra que no se está traduciendo en mejoras sostenidas de calidad de vida ni en inserción laboral.
Las conclusiones del informe y la inacción del Govern han reavivado el debate sobre el uso político del gasto social. Las políticas asistenciales, diseñadas para aliviar la pobreza y favorecer la inclusión, se han convertido en muchos casos en herramientas de fidelización electoral, sin exigencia de resultados ni controles reales. La ausencia de consecuencias judiciales o administrativas para los responsables de los pagos indebidos refuerza esta percepción.
El Tribunal de Cuentas no descarta responsabilidades judiciales por el fraude, aunque no se ha anunciado ninguna investigación formal hasta la fecha. La situación de la antigua DGAIA, entidad pública encargada de la protección de menores, añade más leña al fuego: su sustitución por una nueva dirección general ha venido acompañada de nuevas denuncias por adjudicaciones irregulares y reparto opaco de fondos.
En lugar de asumir responsabilidades o revisar el sistema, la Generalitat ha optado por el inmovilismo. El discurso oficial insiste en que “las políticas sociales son de las más difíciles que existen”, pero evita enfrentar el problema con decisiones concretas. La magnitud del fraude, sin embargo, exige algo más que retórica: requiere controles, transparencia y una política que priorice resultados sobre ideología.
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