El nuevo protocolo de la Policía Nacional también prevé apartarlos de unidades de violencia de género y limitar el contacto con las víctimas
The post Los policías acusados de acoso sexual perderán el acceso a bases de datos sensibles first appeared on Hércules. La Dirección General de la Policía ha aprobado un protocolo que restringe las funciones de los agentes denunciados por acoso sexual, especialmente su acceso a bases de datos policiales y su participación en unidades sensibles como las que combaten la violencia de género. Esta medida llega tras varios casos de uso indebido de información personal por parte de miembros del cuerpo, y en el marco de una nueva política de tolerancia cero contra el acoso y en defensa de los derechos humanos.
La nueva normativa, elaborada por la Dirección General de la Policía, responde a la necesidad de reforzar la protección de las víctimas y prevenir nuevos casos de acoso en el seno de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entre las principales medidas destacan la restricción de acceso a bases de datos sensibles a los agentes denunciados, así como su reubicación fuera de unidades como la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer).
El protocolo detalla que cualquier agente acusado formalmente de acoso podrá ser apartado de sus funciones habituales de forma cautelar, siempre priorizando la seguridad y bienestar de la víctima. Además, se impedirá que ambas partes compartan destino o coincidan en procesos de formación, ascenso o práctica profesional.
Casos reales precipitan la reforma
La adopción de este protocolo llega tras varios escándalos recientes. Uno de los más sonados fue el del agente de la Brigada de Información condenado por usar bases policiales para acosar a mujeres, una práctica que también ha generado expedientes disciplinarios en la Guardia Civil. Además, el Tribunal Supremo ratificó la sanción a un comisario principal por acceder a datos sobre la pareja de su exmujer sin justificación profesional.
Estos casos han demostrado que el acceso privilegiado a bases de datos puede convertirse en una herramienta de acoso, y han acelerado la necesidad de establecer límites claros al uso de la información confidencial por parte de los agentes investigados.
El protocolo se inspira en el Real Decreto 247/2024, que regula los protocolos contra el acoso sexual en la Administración General del Estado, y se enmarca en el I Plan de Igualdad de la Policía Nacional. Además, se apoya en la Ley Orgánica 4/2010, que considera el acoso sexual una falta grave o muy grave en el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
La Dirección General afirma que el texto refleja su compromiso con la igualdad real y la protección de los derechos humanos, y promueve una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, independientemente del rango o situación de la persona implicada.
Asesoría confidencial y protección de la víctima
El protocolo también crea un sistema de asesorías confidenciales, a las que pueden acudir las víctimas para recibir orientación, apoyo y presentar denuncias. Este mecanismo garantiza la discreción y confidencialidad, evitando una segunda victimización y asegurando que se respeten los derechos de ambas partes.
Asimismo, se especifica que la activación del protocolo no supone por sí misma una sanción, pero sí puede desencadenar medidas preventivas como la separación física del agresor y la víctima o la reasignación de funciones.
Desde la Dirección General se subraya que los responsables de mando deberán promover “relaciones basadas en la igualdad, el respeto mutuo y la colaboración”, con el objetivo de generar un entorno profesional seguro y libre de discriminación.
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