El decreto que prepara el Ministerio del Interior, que entrará en vigor en diciembre, supone un cambio sin precedentes respecto a nuestra privacidad
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Imagen: Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior- ABC
A partir del próximo 2 de diciembre entrará en vigor el Real Decreto 933/2021, aprobado por el Ministerio del Interior y que añade nuevas obligaciones al hospedarse en un hotel. Entre ellas, proporcionar hasta 28 nuevos datos, lo que constituye un gran cambio respecto de nuestra privacidad, pues donde antes únicamente se compartían una serie de datos puntuales, ahora sabrán hasta el número de móvil o la fecha de caducidad de la tarjeta utilizada.
El pretexto utilizado por el gobierno para justificar la medida es la amenaza del terrorismo, y así lo expresa el preámbulo del Real Decreto: “En el momento actual, los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional”.
Por medio del mismo, se exige a los hoteles, pero también a agencias de viaje, alquiler de coches y plataformas como Airbnb, que recolecten toda una serie de nuevos datos y los compartan directamente con la Secretaría de Estado de Seguridad, más allá de la Policía.
Datos que habrá que ceder
Según se recoge en el anexo 1 del Real Decreto, los viajeros deberán proporcionar hasta 42 datos distintos, a diferencia de los 14 datos que se establecía en la anterior legislación, que data del año 2003.
De esta manera, mientras hasta ahora solo dábamos el DNI y la fecha de nacimiento, ahora también se proporcionará el lugar de residencia habitual, el teléfono móvil y fijo, el correo y la relación de parentesco entre los viajeros en caso de que haya un menor de edad. También se guardarán los datos del inmueble en el que se alojará el viajero y los datos de pago, desde el titular de la tarjeta hasta la fecha de caducidad de esta.
Los expertos lo consideran desproporcionado
Muchos expertos, como el abogado en Derecho Digital Borja Adsuara, explica que «la interconexión con otras policías sólo debe hacerse en la investigación de un caso concreto. No se pueden compartir todos nuestros datos. Es lo que dice la AEPD». Es decir, el ministerio de Interior está solicitando de base una enorme cantidad de datos, que solo estaría justificado hacer en casos concretos. «Yo opino que los datos que se piden son desproporcionados para el fin previsto”.
Críticas del sector hotelero
También es crítico con la medida el propio sector hotelero, que considera que la norma impone cargas desproporcionadas a las plataformas y hoteles a la hora de recopilar datos sensibles sobre los turistas, además de generar más carga de trabajo y ralentizar la cadena de atención. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), ha asegurado que la norma “es incompatible con la realidad del sector turístico”.
El próximo 4 de octubre habrá una reunión entre el ministerio y los representantes del sector, pero Interior ha anunciado que no habrá más prórrogas y que el 2 de diciembre se producirá la entrada en vigor definitiva.
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