La reforma que convalida las penas de los etarras viene impuesta desde Europa, aunque España lleva trasponiéndola desde hace 16 años
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Imagen : EFE
La Mesa del Senado discutirá hoy una propuesta legal que permitiría descontar a los presos de ETA las penas cumplidas en otros países. Aunque este aspecto no formaba parte del proyecto original, centrado en adaptar una directiva europea sobre antecedentes penales, fue incorporado gracias a una enmienda impulsada por Sumar y aprobada por todos los partidos en el Congreso. Sin embargo, el PP ha denunciado una «trampa» del Gobierno, ya que, pese a tener mayoría absoluta en el Senado, no ha presentado veto ni enmiendas, lo que le impide frenar el avance de la ley, que seguirá su curso a pesar del rechazo de la Cámara alta.
Un debate reabierto: convalidación de penas para los etarras
La posibilidad de descontar las condenas cumplidas en otros países para los condenados en España ha resurgido como un tema controvertido. En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió en contra de varios etarras que reclamaban la acumulación de penas cumplidas en Francia, argumentando que la ley española no preveía esta opción de forma clara cuando fueron condenados. Aunque esta sentencia fue interpretada como un respaldo a la normativa española que evitaba dicha convalidación, el TEDH no se pronunció sobre si España había adaptado correctamente la legislación europea, ya que esa no es su competencia.
El Tribunal Supremo y su papel en la controversia
Según la catedrática Marta Muñoz, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) era el órgano competente para revisar si la ley española se ajustaba al derecho comunitario, pero el Tribunal Supremo español se negó a plantear una cuestión prejudicial cuando debatió este asunto en 2015. En ese momento, la Sala Penal del Supremo decidió, por una ajustada mayoría, impedir la acumulación de penas, lo que contradijo una resolución anterior que permitía descontar los años cumplidos en Francia a un miembro de ETA. Este giro en la interpretación provocó que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujera modificaciones a la ley para evitar que los etarras vieran reducidas sus condenas.
El debate que parecía cerrado se ha reactivado con la tramitación de una reforma de la ley de 2014, necesaria para adaptar la directiva europea sobre el Sistema de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). Aunque el objetivo de la normativa es mejorar la comunicación entre los Estados miembros sobre los antecedentes penales, la enmienda de Sumar ha eliminado los límites establecidos durante el gobierno de Rajoy para la acumulación de penas. Esta modificación fue aprobada en la Comisión de Justicia sin oposición y llegó al pleno del Congreso, donde ningún partido se manifestó en contra.
Posiciones encontradas en el Congreso
En el debate del 18 de septiembre en el Congreso, el diputado socialista Artemi Rallo aplaudió la enmienda, argumentando que mejoraba los efectos jurídicos de las sentencias anteriores y garantizaba la aplicación del derecho europeo en la ejecución de las condenas. El PP, por su parte, no mencionó la convalidación de penas durante su intervención, lo que contrasta con la fuerte reacción posterior del partido tras la publicación de la información sobre el cambio legal.
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