La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos empresarios y un tercero encargado de captar a las víctimas, por un delito de trata de seres humanos
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Imagen: La Guardia Civil detiene a los empresarios acusados de explotar a mujeres inmigrantes-EFE
Según ha adelantado EFE, la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Ávila, ha detenido a tres personas por un delito de trata de seres humanos en una empresa de Candeleda (Ávila) dedicada al comercio de alimentos envasados, en la que trabajaban diez mujeres nepalíes en situación de semiesclavitud desde el pasado mes de septiembre.
Han sido detenidas tres personas, dos empresarios y un miembro de la organización encargada de traer a estas personas, dándose los primeros pasos para desmantelar una “organización criminal dedicada a la trata de seres humanos”, según ha explicado en rueda de prensa el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Juan José Vallejo.
La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta actuación que, pese a que se dio a conocer el viernes, se llevó a cabo el pasado 2 de octubre, tal como ha explicado el subdelegado del gobierno en Ávila, Fernando Galeano.
Las mujeres se encontraban en situación de semiesclavitud
Estas diez ciudadanas nepalíes, de entre 24 y 38 años, vivían en un régimen de semiesclavitud en una nave anexa a la empresa, privadas de documentación y dinero, sin poder abandonar las instalaciones en las que vivían. Esta situación provocaba su aislamiento social, pues no sabían castellano y sólo se comunicaban con algunas palabras en inglés.
En la nave en la que se encontraban dormían en colchones sobre el suelo, no tenía calefacción, las ventanas no tenían cristales y estaban cubiertas con plásticos. La cocina estaba sucia y tenían que compartir un único baño, lo que además de limitar su privacidad dificultaba unas condiciones mínimas de higiene.
Según ha comentado Juan José Vallejo, el “ciclo migratorio” de las víctimas, que llegaron a España entre julio y agosto, comenzaba en su país de origen con la “captación” por parte de una organización que “las engañó prometiéndoles trabajo en España”.
Luego, la red les pagaba el trasporte por carecer de recursos propios, generando una deuda de entre 3000 y 7000 euros para realizar un viaje cuya primera parada se producía en “países de tránsito” como Serbia o Rumanía, desde donde continuaban “vía terrestre” hasta España. Una vez en el primer destino, eran acogidas en pisos alquilados por la red en grandes ciudades hasta ser distribuidas en diferentes puntos de España para su explotación, como en el caso de esta empresa de Candeleda, dedicada a la fabricación y comercialización de productos y alimentos envasados.
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