García Ortiz ordenó a Rodríguez que recopilara toda la información relacionada con el supuesto fraude fiscal de González Amador
The post El Supremo rastrea un presunto uso político de los datos confidenciales contra Ayuso first appeared on Hércules. En la investigación sobre la filtración de datos confidenciales de Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso . El Tribunal Supremo, encargado de dilucidar este presunto caso de revelación de secretos, investiga la posible implicación de dos fiscales, en un supuesto vínculo entre la Fiscalía General del Estado y Moncloa.
El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha sido clave para que el caso adquiriera una nueva dimensión. Dicho informe, basado en el análisis del teléfono de Pilar Rodríguez, jefa provincial de la Fiscalía de Madrid, apunta directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como figura central en la filtración de datos confidenciales. Según los agentes, García Ortiz ordenó a Rodríguez que recopilara toda la información relacionada con el supuesto fraude fiscal de González Amador, y esta, a su vez, reenvió los datos al correo personal del fiscal general.
Los datos confidenciales, que incluían correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal encargado de su caso, Julián Salto, fueron filtrados a los medios tan solo unas horas después de llegar a manos de García Ortiz. El contenido apareció inicialmente en eldiario.es y en la Cadena Ser, lo que sugiere, según la UCO, que la fuente de la filtración fue la propia Fiscalía General del Estado.
Conexión con la Moncloa
La declaración de Juan Lobato, exlíder de los socialistas madrileños, ante el juez instructor del Supremo, Ángel Hurtado, ha añadido una dimensión política al caso. Lobato confesó que Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del ministro de Presidencia, Óscar López, le envió imágenes de los correos confidenciales a través de WhatsApp antes de que estos fueran publicados por los medios. Además, Sánchez Acera habría sugerido a Lobato que utilizara los documentos para atacar a Isabel Díaz Ayuso durante una sesión en la Asamblea de Madrid. El detalle más inquietante es que Sánchez Acera no reveló el origen de los correos, a pesar de que Lobato expresó su preocupación de que pudieran haber salido directamente de la Fiscalía. Esta falta de transparencia ha llevado al juez a investigar el nexo real entre Moncloa y la filtración de los datos.
El análisis de los tiempos ha sido crucial para entender cómo se orquestó la maniobra. Según la investigación, los correos llegaron al correo personal del fiscal general del Estado la noche del 13 de marzo. Apenas dos horas después, la información ya estaba en manos de los medios de comunicación. Sin embargo, las imágenes completas de los correos no se publicaron hasta la mañana siguiente, el 14 de marzo.
El juez Ángel Hurtado ha ordenado incautar y duplicar el móvil de Juan Lobato, con el objetivo de analizar las conversaciones completas y determinar si hubo manipulación o eliminación de mensajes. Asimismo, la próxima citación de Sánchez Acera promete ser clave para esclarecer el alcance de su participación y si actuó por iniciativa propia o siguiendo órdenes de instancias superiores.
Paralelamente, los agentes de la UCO están analizando los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado y de otros implicados en el caso. El objetivo es trazar un mapa completo de las comunicaciones y determinar cómo los documentos confidenciales llegaron desde la Fiscalía a Moncloa.
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