Congreso investiga a ActBlue por posibles donaciones extranjeras ilegales y fallas en su sistema de prevención de fraude en las elecciones de 2024
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El Congreso de EE. UU. ha dado un paso contundente en la investigación que busca esclarecer si la plataforma de recaudación digital ActBlue facilitó contribuciones ilícitas provenientes del extranjero durante las elecciones de 2024. Esta semana, los legisladores federales emitieron citaciones formales para obligar a dos exempleados clave de la organización a comparecer como testigos.
Las citaciones, enviadas por el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, y el presidente del Comité de Administración, Bryan Steil, exigen la comparecencia de Alyssa Twomey, exvicepresidenta de servicio al cliente de ActBlue, y de un especialista senior en gestión de flujos de trabajo, antes del próximo 15 de julio.
Resistencia inicial de los testigos
Ambos testigos fueron previamente invitados a entrevistas transcritas de forma voluntaria, pero su abogado declinó la solicitud, citando una investigación en curso del Departamento de Justicia. Esta negativa motivó a los comités legislativos a avanzar con la vía legal.
En una carta adjunta a las citaciones, los comités subrayaron que su labor persigue un objetivo legislativo legítimo: evitar que actores extranjeros interfieran en el proceso democrático mediante donaciones políticas fraudulentas. Según los congresistas, existe evidencia de que ActBlue relajó sus medidas antifraude en plena temporada electoral, pese a tener conocimiento de intentos de ingreso de fondos ilícitos desde el exterior.
Acusaciones de negligencia sistémica
De acuerdo con la investigación parlamentaria, la actitud de ActBlue ante las amenazas fue “fundamentalmente negligente”. Se identificó que la plataforma disminuyó sus estándares de seguridad en al menos dos ocasiones durante el año electoral 2024. Además, la capacitación interna habría instruido a los nuevos empleados a enfocarse en “encontrar razones para aceptar donaciones” en lugar de verificar posibles fraudes.
Documentos internos obtenidos por los comités evidencian que la alta dirección del área de prevención de fraude reconocía mecanismos por los cuales los sistemas podían ser burlados, permitiendo aportes ilegales a campañas políticas.
Respuesta de ActBlue ante las citaciones
ActBlue minimizó la importancia de las citaciones, argumentando que se trata de requerimientos dirigidos a individuos, no a la organización como tal. En un comunicado, la entidad criticó la orientación partidista de la investigación.
“Esta carta no se dirigió directamente a ActBlue. No obstante, sus argumentos no responden a nuestras serias preocupaciones sobre indagatorias paralelas y politizadas que provienen de distintas ramas del gobierno”, sostuvo la organización en su declaración.
Investigación por posible lavado de dinero
El foco de la indagación gira en torno a si entidades extranjeras pudieron explotar la plataforma para financiar campañas en EE. UU., lo cual representa una grave violación de la ley electoral. En octubre, Steil y el senador Ron Johnson enviaron una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al director del FBI, Christopher Wray, y a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, expresando su preocupación por posibles aportes desde países como Irán, Rusia, China y Venezuela.
Los legisladores afirmaron que su pesquisa reveló posibles casos de suplantación de identidad de ciudadanos estadounidenses para encubrir transacciones de lavado de dinero político. Solicitaron acceso a Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) generados por instituciones financieras bajo leyes contra el lavado de dinero. Dichos reportes ya están siendo examinados por el Congreso.
Reformas en políticas internas tras presión legislativa
Frente al avance de la investigación, ActBlue reconoció haber implementado cambios en su sistema de verificación. La plataforma ahora rechaza automáticamente donaciones hechas con tarjetas prepago extranjeras, tarjetas de regalo o aquellas provenientes de países sancionados o de alto riesgo, según los criterios establecidos por su proveedor de soluciones de seguridad, Sift.
Este ajuste ocurrió solo tres días después de que Steil presentara la Ley SHIELD, orientada a prevenir la injerencia extranjera en la financiación digital de campañas. Antes del cambio, ActBlue no bloqueaba automáticamente transacciones realizadas con tarjetas regalo de origen extranjero, lo que, según los críticos, abría la puerta a fraudes sistemáticos.
ActBlue defiende su historial
Pese a las acusaciones, ActBlue sostiene su inocencia. En junio de 2024, la organización celebró su vigésimo aniversario destacando su papel como pilar confiable en la recaudación de fondos para campañas progresistas y del Partido Demócrata. Ha asegurado que continúa colaborando con todas las investigaciones pertinentes.
No obstante, los comités han revelado que durante la campaña de 2024 se modificaron prácticas clave en la plataforma. Uno de los cambios más cuestionados fue la eliminación del requisito del código CVV en pagos con tarjeta, lo que incrementó las vulnerabilidades ante posibles transacciones falsas. Un análisis interno reflejó que esta política derivó en un aumento de entre 14 y 28 donaciones fraudulentas mensuales.
Rastros de origen internacional
Los documentos revisados por los legisladores mostraron que ActBlue comenzó a detectar un flujo creciente de posibles donaciones anómalas desde países como Brasil, Colombia, India, Irak, Filipinas y Arabia Saudita.
Este patrón llevó a los congresistas y al expresidente Donald Trump a instar al Departamento de Justicia a iniciar una investigación formal por posible conducta criminal.
Trump exige acción legal
En un memorando reciente, Trump recordó que las leyes federales (52 U.S.C. 30121 y 30122) prohíben explícitamente las contribuciones de ciudadanos extranjeros, así como aquellas realizadas en nombre de terceros. Denunció que plataformas como ActBlue podrían estar participando de forma activa en esquemas de donaciones prohibidas y excesivas para beneficiar a ciertos candidatos.
“Estas prácticas, de confirmarse, representan una grave amenaza a la integridad del sistema democrático estadounidense”, sentenció.
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