El Supremo abre diligencias contra ‘Alvise’ Pérez por presunto acoso e incitación al odio contra la fiscal Susana Gisbert tras varios mensajes en Telegram. El tribunal evalúa si solicitará su suplicatorio al Parlamento Europeo por su condición de aforado
The post Alvise bajo lupa judicial. El TS le cerca por presunto hostigamiento a una fiscal tras mensajes incendiarios en Telegram first appeared on Hércules. El Tribunal Supremo ha iniciado los trámites para solicitar al Parlamento Europeo autorización para investigar al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, a raíz de unos mensajes publicados en Telegram dirigidos contra la fiscal de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. Paralelamente, el magistrado instructor Juan Ramón Berdugo le ha ofrecido la posibilidad de comparecer voluntariamente ante el tribunal.
Berdugo ha dado un plazo de cinco días a Pérez para que indique si desea declarar de forma voluntaria. Esta decisión se recoge en un auto mediante el cual se abren diligencias previas para investigar al eurodiputado por delitos de acoso (o ‘stalking’), incitación a cometer atentados contra la autoridad y/o delitos de odio en redes sociales.
El magistrado ha trasladado la causa tanto a ‘Alvise’ como a las acusaciones personadas para que, también en cinco días, propongan las diligencias que consideren necesarias. Este movimiento llega poco después de que el Supremo anunciara la apertura de otra causa contra Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), la tercera que cursa el alto tribunal en su contra.
En abril, el Supremo ya acordó investigar a Pérez por presunta financiación irregular y por divulgar supuestamente una PCR falsa sobre el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa. En relación con ese caso, el tribunal también está tramitando la solicitud de suplicatorio al Parlamento Europeo.
En cuanto a los mensajes de Telegram, el Supremo ha apreciado una posible intención deliberada por parte del eurodiputado de poner en riesgo la vida de Gisbert. Los mensajes analizados incluían afirmaciones sobre fiscales supuestamente implicados en la “persecución ideológica” vinculada a los delitos de odio, acompañadas de una imagen de Gisbert y la mención de su actuación profesional.
En dichos mensajes se instaba a localizar a los fiscales responsables, señalando a Gisbert como autora de una petición de cárcel y multa para quien vinculara en redes “inmigración” con “invasión”. El Tribunal Supremo asumió la causa después de recibir una exposición razonada del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valencia, competente hasta que Pérez adquirió el aforamiento como eurodiputado.
La denuncia de Gisbert relata que esos mensajes desataron una campaña hostil, con múltiples amenazas e insultos recibidos en redes sociales. Según la fiscal, los actos del eurodiputado alentaron a sus seguidores —unos 40.000— a generar una animadversión que afectó su vida y la de su entorno familiar.
El Supremo considera que hay indicios de que la conducta de Pérez pudo haber pretendido alterar gravemente la vida cotidiana de Gisbert, a pesar de que no se le atribuye directamente la emisión de amenazas. Añade que el señalamiento, la difusión de sus perfiles personales y la incitación indirecta pueden derivar en responsabilidad penal.
Los investigadores no lograron identificar a quienes emitieron los comentarios intimidatorios, pero sí confirmaron que el canal de Telegram desde donde se lanzaron estaba administrado por el propio Pérez. Esto refuerza la posible implicación directa del eurodiputado en los hechos investigados.
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