La ministra ha planteado que el repunte de la violencia vicaria en los últimos años justifica la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
The post Ana Redondo plantea la necesidad de que el ordenamiento jurídico español contemple la violencia vicaria, pero su aplicación resultará difícil first appeared on Hércules. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto el foco este jueves en la necesidad de que el ordenamiento jurídico español contemple la violencia vicaria, calificándola como una prioridad dentro del marco de protección a los menores hijos de víctimas de violencia de género. Sin embargo, sus declaraciones han dejado más preguntas que respuestas sobre cómo su propuesta se traducirá en acciones concretas y eficaces.
Redondo ha subrayado la importancia de garantizar el principio del interés superior del menor, afirmando que “no puede ser convivir con el maltratador, sino tener una vida en paz, armonía y con el progenitor que le pueda facilitar esa tranquilidad”. Un enunciado tan acertado como evidente, pero que parece ignorar las dificultades reales que enfrentan las instituciones españolas para hacer cumplir este principio. ¿Cómo garantizar esta protección en un sistema judicial que, según denuncian organizaciones sociales, muchas veces revictimiza a las mujeres y minimiza los riesgos que enfrentan los menores?
Además, la ministra ha planteado que el repunte de la violencia vicaria en los últimos años justifica la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero cabe preguntarse: ¿no es el propio Gobierno responsable de haber permitido que este pacto pierda fuerza y efectividad? Las cifras crecientes de mujeres asesinadas y de menores afectados muestran que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes. Invocar la necesidad de renovación del pacto sin abordar las fallas estructurales de las políticas existentes parece, en el mejor de los casos, una declaración tardía y, en el peor, un intento de desviar la atención de la inacción.
La falta de claridad en las palabras de Redondo también genera inquietud. ¿Qué significa exactamente “repensar el ordenamiento jurídico”? ¿Se contempla un cambio integral o solo ajustes cosméticos? Mientras tanto, la realidad en los tribunales sigue siendo alarmante: menores obligados a convivir con padres maltratadores, sentencias que no priorizan el bienestar infantil y un sistema que parece más enfocado en cumplir formalidades que en garantizar justicia.
Por último, la ministra tampoco mencionó cómo se enfrentará al previsible rechazo de ciertos sectores políticos y judiciales ante la inclusión de la violencia vicaria como un elemento específico en la legislación. Sin un plan claro para superar estas resistencias, sus declaraciones corren el riesgo de quedarse en el ámbito de la retórica bienintencionada pero inoperante, algo que las víctimas de la violencia vicaria no pueden permitirse.
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