El reparto de menores ha afectado de manera desigual a las diferentes regiones de España debido a los criterios impuestos por el Gobierno
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Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras I El Periódico de Aragón
El reparto de menores migrantes en España sigue generando controversia. Ya ocurrió en 2023, cuando el acuerdo para distribuir a 300 menores llegados a Canarias provocó la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición entre Vox y el Partido Popular (PP) por decisión de Santiago Abascal. Ahora, el decreto impulsado por el Gobierno y pactado con Junts per Catalunya vuelve a dividir a los presidentes autonómicos del PP, quienes han manifestado su rechazo a la medida.
Desde Génova justifican su negativa recordando el modelo de reparto del año anterior, que se realizó de forma voluntaria y con criterios más equitativos entre comunidades.
Criterios de distribución y su impacto en Madrid
En el reparto de 2023, la diferencia entre las comunidades fue mínima. Cataluña acogió al 9% de los menores, mientras que La Rioja recibió al 1%, siguiendo los criterios establecidos en la conferencia sectorial de infancia de 2022. Estos mismos parámetros fueron retomados por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente canario, Fernando Clavijo, para definir el nuevo reparto.
Sin embargo, la ponderación de estos criterios ha modificado significativamente la distribución de menores. Factores como la densidad de población, la renta per cápita, la tasa de desempleo y el esfuerzo previo realizado han provocado que la Comunidad de Madrid deba asumir la mayor carga. Según Junts, el territorio madrileño deberá crear 700 nuevas plazas dentro de este proceso extraordinario.
La clave: el esfuerzo previo de las autonomías
El criterio que más ha influido en esta redistribución es el “esfuerzo previo realizado”. Según el Ministerio de Juventud, esta variable otorga más peso a aquellas comunidades que han ampliado su capacidad para acoger menores en los últimos años. Cataluña, que actualmente dispone del 25% de las plazas para infancia migrante en España, ha realizado un esfuerzo mayor en comparación con Madrid, que solo cuenta con el 10%.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió la nueva ponderación asegurando que no se ha llevado a cabo de manera “arbitraria”. Durante su intervención, instó a los gobiernos autonómicos a certificar con informes oficiales el número exacto de menores no acompañados en sus territorios. De lo contrario, advirtió que serían los ministerios correspondientes quienes recurrirían a sus propios registros para verificar estos datos.
La respuesta de las comunidades autónomas
Mientras el Ejecutivo central insiste en la necesidad de este reparto, algunas comunidades gobernadas por el PP y Vox han reafirmado su negativa a participar. El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha advertido que no asumirá el reparto, mientras que Vox confía en que los líderes autonómicos populares mantendrán su postura.
La tensión en torno a este tema sigue en aumento, con el Gobierno presionando para que las autonomías cumplan con el reparto y los ejecutivos regionales del PP resistiéndose a la medida, alegando una falta de equidad en el proceso.
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