Camino de tres meses y medio después de mi noticia, y cuando el próximo 29 de marzo se les acabará el plazo de su enésima prórroga, siete meses a posteriori de la lectura del fallo que condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua –y gracias–, la defensa de Daniel, encabezada en España por Marcos García Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, siguen escurriendo el vuelto, o utilizando términos de los que aman el rugby, continúan dando patadas a seguir, incapaces, una vez más, de decir la verdad, aunque sea por una sola vez
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Cuando el pasado 30 de noviembre de 2024 este mismo medio publicó mi reportaje La apelación del caso Sancho: la estafa de nunca acabar, tanto la defensa como algunos medios de comunicación me tildaron de impostor, ya que aseguraron que a falta de algunos flecos el recurso se iba a presentar a la mayor brevedad posible. Y la brevedad se ha convertido ya en una extensión insondable, algo así como perseguir la línea del horizonte tratando de darle caza. A su vez, el propio abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, sostuvo hace una semana que él creía que la apelación la presentarían los abogados de Sancho de forma segura. Pues bien, camino de tres meses y medio después de mi noticia, y cuando el próximo 29 de marzo se les acabará el plazo de su enésima prórroga, siete meses a posteriori de la lectura del fallo que condenó a Daniel Sancho a cadena perpetua –y gracias–, la defensa de Daniel, encabezada en España por Marcos García Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, siguen escurriendo el vuelto, o utilizando términos de los que aman el rugby, continúan dando patadas a seguir, incapaces, una vez más, de decir la verdad, aunque sea por una sola vez.
Porque según fuentes cercanas, la estrategia de la defensa podría ser la de solicitar prórrogas de forma incesante –que es lo que llevan realizando– hasta que el juez, cansado de tantas faltas de respeto –cualquier abogado sobre la faz de la tierra sabe muy bien que todo tiene un límite–, tuviera que denegar la próxima, para que así la defensa española de Sancho pudiera utilizar ese argumento en La Haya, concretamente en su Tribunal de los Derechos Humanos, donde sumarían a no poder –en realidad, querer– presentar el recurso la supuesta mala praxis de la policía tailandesa cuando Daniel fue detenido.
Dos abogados consultados en España, que prefieren que sus identidades no salgan a la luz, me aseguran que la táctica de los letrados de Daniel Sancho sólo contiene un destino: limpiar la imagen de su cliente, en este caso la de su padre, y en segunda instancia, la de Marcos García Montes, afectado a nivel social y profesional por la desastrosa finalización de su proyecto a través de aquella sentencia. Las razones para acudir a ese organismo internacional tendrían que ver con el revuelo que generaría acudir al Tribunal de los Derechos Humanos, ya que el ruido mediático sería extremo y Tailandia, aunque con las pruebas que demostraron claramente que Daniel Sancho es un asesino y descuartizador, quedaría en entredicho asumiendo que la defensa, de nuevo, volcaría toda su metralla en los medios de comunicación amigos, como hicieron hasta el fallo de la sentencia, leído el pasado 29 de agosto de 2024.
Sorprende que el equipo de letrados de Daniel Sancho en España –en realidad los de su padre–, tardaran en preparar un juicio que se prolongó casi por espacio de un mes, medio año, cuando para apelar una sentencia van camino de los siete meses.
En otro orden de cosas, fuentes cercanas a este caso me aseguran que Marcos García Montes no quiere a Balfagón cerca de sí. Que entre el nefasto resultado de este caso y sus aportaciones públicas, el que sin duda podría considerarse el abogado con más experiencia de los tres que trabajan para Rodolfo, mantiene un perfil bajísimo tratando de distanciarse de Carmen, la cual cada vez aparece menos en las televisiones, asumiendo que las sobredosis de acciones impunes de las que antes disponía ahora no le son ni posibles ni beneficiosas, dadas las dudas generadas tras sus calamitosas estrategias.
Además de García Montes, el juez del Tribunal de Koh Samui, agradece que este circo finalizara el pasado 29 de agosto con la lectura de la sentencia, así como el cuerpo diplomático español en Tailandia, con sede en Bangkok, su capital, espera con cierta ansiedad que el cese de este proceso, de una santa vez, les deje trabajar en otros proyectos, que además no le son problemáticos al no ser públicos.
Las posibilidades de que la denuncia contra Tailandia en el Tribunal Internacional de La Haya tuviera algún efecto positivo es nula, ya que entrometerse en los tribunales de otro país por un caso tan flagrante –asesinato con premeditación y descuartizamiento previamente reconocidos por el acusado que ademas, reconstruyó sus acciones en video con todo lujo de detalles– no tendría sentido alguno, salvo tratar de atosigar a Tailandia en una posible negociación para que Daniel Sancho fuera trasladado a España antes de tiempo. “Ese movimiento, si lo realizaran, sería puro pariré”, me señala uno de los abogados requeridos para este reportaje.
Otro detalle a tener en cuenta es que denunciar en el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos de La Haya es gratis, que sumado al desprestigio de haber trabajado en Tailandia con un abogado de oficio como Aprichart Srinual, demostraría una estrategia suicida en un país, Tailandia, donde siempre se espera que los extranjeros con delitos que podrían ser sancionados con penas sublimes sean capaces, al menos, de invertir en el país.
Hasta ahora la única inversión contante y sonante de los Sancho en Tailandia ha sido la contratación de la supuesta traductora y/o asesora judicial, Alice Tassanapapporn, la cual trabaja sin contrato, por lo que no emite factura alguna, cuando cobra en dinero contante y sonante –nada de transferencias–, aunque aún no se sepa ni el cómo ni el porqué.
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