La APIF pide cárcel para Álvaro García Ortiz por prevaricación y filtración de secretos que afectan al novio de Ayuso, Alberto González Amador
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo seis años de cárcel y doce de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusa de un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de revelación de secretos. El caso está vinculado a la filtración de datos confidenciales sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El procesamiento del Fiscal General del Estado es uno de uno de los casos que está poniendo al Gobierno entre la espada y la pared.
Uso indebido de la Fiscalía
En un escrito de 38 páginas, al que ha tenido acceso El Debate, los letrados de la APIF sostienen que García Ortiz y la fiscal provincial María Pilar Rodríguez Fernández, coprocesada en la causa, actuaron con fines políticos y no institucionales. «Se prevalieron de su posición para obtener y difundir de forma ilícita información confidencial con el único fin de manipular el relato público», recoge el documento.
Filtración de un correo clave
La acusación se centra especialmente en la filtración del correo del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado Carlos Neira, representante legal de González Amador, al fiscal Julián Salto, encargado de la investigación por supuestos delitos tributarios. Este hecho, argumenta la APIF, produjo «efectos lesivos» sobre un ciudadano que, hasta ese momento, era anónimo para la opinión pública.
Reputación y derechos vulnerados
Los fiscales independientes denuncian que, a raíz de la difusión de dicho correo, González Amador fue calificado en diversos medios como «delincuente confeso» o «defraudador», sin que mediara una sentencia. «Este proceder afectó profundamente su reputación y provocó perjuicios económicos, sociales y personales», se expone en el texto, firmado por los abogados Juan Antonio Frago Armada, Verónica Suárez García, Álvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas Fernández.
Derecho a la defensa comprometido
Según los demandantes, la actuación del fiscal general vulneró derechos procesales fundamentales. En particular, señalan que la conformidad planteada por la defensa de González Amador, que debía gestionarse bajo confidencialidad, fue publicada sin justificación. Esta exposición mediática habría «mermado su derecho a un proceso con todas las garantías».
La causa continúa en manos del Tribunal Supremo, mientras crecen las presiones sobre el máximo responsable del Ministerio Público, cuya imparcialidad está siendo puesta en entredicho por una parte significativa del sector judicial
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