El resultad es que cada vez hay menos empresarios, menos inversión y más funcionarios dependientes del Estado
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Así es como se titula el último informe publicado por el Instituto Juan de Mariana (IJM), un documento en el que, a lo largo de setenta páginas, realizan un análisis de la sobrerregulación y la burocracia en España.
¿Alguno de ustedes recuerda una buena palabra de este gobierno hacia los empresarios? La demonización de la actividad empresarial ha llegado hasta tal punto que la propia palabra empresario ha adquirido un carácter peyorativo para muchas personas. La concepción del empresario que tiene la izquierda es la misma de hace 150 años: un señor mayor con traje, puro y monóculo. Una especie de industrial malvado sentado en su silla, cuyos pasatiempos favoritos son el golf y la explotación de sus trabajadores.
Como siempre, el mayor enemigo de la izquierda es la realidad. El 99,8% de las empresas en España son pymes. Es decir, que cuando se habla de empresarios no nos tenemos que imaginar a Amancio Ortega (que también), sino a la señora que tiene una peluquería debajo de su casa, o a la familia que regenta un bar desde hace generaciones. Los empresarios españoles son las personas que te cruzas en el supermercado del barrio, no van en lujosas limusinas.
Según el estudio del IJM, cuatro de cada diez empresarios consideran que el problema de sobrerregulación y burocracia es una de las cuestiones más críticas a la hora de invertir en España. De hecho, le dan prácticamente la misma importancia que a los impuestos y la carga fiscal. Se estima que el exceso regulatorio afecta a 1,9 millones de empresas y a 9,8 millones de trabajadores.
Las regulaciones verdes han crecido con fuerza en el siglo XXI, con 9.489 instancias de este tipo aprobadas de 2000 a 2022. Por cada norma de este tipo aprobada en Francia, España ha puesto en marcha al menos seis disposiciones. El movimiento ecologista aún no ha comprendido que un país es contaminante cuando es pobre, y que cuanto más rico sea, más cuidará el medio ambiente. El camino es el fomento de la tecnología y la innovación, no la burocracia y la intervención estatal. Como dijo el profesor Miguel Anxo Bastos, ¿Qué salvó más árboles, los ecologistas o el pendrive?
Por otro lado, de 1996 a 2022 se han aprobado 22.337 regulaciones de igualdad de género, entre ellas las cuotas de participación. Regulaciones que tratan a las mujeres como si fueran una especie de discapacitadas. Realmente, se me ocurren pocas medidas más misóginas que las cuotas de género en empresas y la administración pública.
Para finalizar, me gustaría resaltar un último dato. Se trata de la complejidad asociada a la regulación tributaria en vigor. Por ejemplo, el manual del Impuesto sobre la Renta de la Agencia Tributaria alcanzó, en la campaña de 2023, una extensión de 1.921 páginas. En el caso del IVA, su extensión en el último ejercicio asciende a las 360 páginas. Esta misma rúbrica llega a 796 folios en el caso de Impuestos de Sociedades. Es metafísicamente imposible que un pequeño empresario o un autónomo tenga el tiempo y el conocimiento para poder leer y entender esto.
El resultado de todo ello es que cada vez hay menos empresarios, menos inversión y más funcionarios dependientes del Estado. Un Estado que engulle y ahoga al mundo privado. Pero llegará un momento en el que el Estado no tenga de quién alimentarse, y ahí no habrá marcha atrás.
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