Las asociaciones de la Guardia Civil, han defendido la labor de la UCO como un referente en la lucha contra la corrupción
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Varios agentes de la UCO de la Guardia Civil, durante un registro en Pontevedra. Fuente: Europa Press
Las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil (Unión de Oficiales, ASESGC, Jucil, AUGC, AP-Cabos, AEGC e IGC) han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por las presiones que, según denuncian, está recibiendo la Unidad Central Operativa (UCO) por parte de personas investigadas, mediadores políticos e incluso desde el propio Gobierno.
En el documento asociaciones como Jucil, instan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a condenar públicamente estas presiones y a defender la independencia de la UCO.
La polémica surge en un contexto marcado por el denominado “caso Leire”, en el que se han difundido audios donde la exconcejal socialista Leire Díez supuestamente buscaba obtener información comprometedora sobre miembros de la UCO y de la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales. Díez ha alegado que sus acciones formaban parte de una investigación periodística para un libro sobre las cloacas del Estado, negando actuar en nombre del PSOE.
El Gobierno ha desmentido la existencia de una supuesta “UCO patriótica” vinculada a operaciones políticas encubiertas, señalando que dichas prácticas quedaron asociadas a anteriores gobiernos del Partido Popular (PP). Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, abordó el caso de Leire Díez y anunció la apertura de un expediente informativo contra ella, aunque el PSOE mantiene cautela antes de tomar medidas disciplinarias.
La presión del Gobierno sobre la UCO compromete el Estado de Derecho
La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, por su parte, ha defendido la labor de la UCO como un referente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido que las presiones a esta unidad podrían comprometer el Estado de Derecho, y ha lamentado que, en lugar de respaldar su trabajo, se cuestione su independencia y profesionalidad.
En anteriores ocasiones Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha manifestado en diversas ocasiones su profunda preocupación ante la purga sistemática que el Gobierno del PSOE ha llevado a cabo en los altos mandos de la institución desde su llegada al poder en 2018, y en especial contra la Unidad Central Operativa (UCO).
Esta unidad, la UCO, ha sido históricamente el cuerpo policial que ha demostrado mayor independencia y valentía en la lucha contra la corrupción y la mala praxis de los distintos gobiernos de España.
Jucil ha reiterado su compromiso con la UCO y su labor en la defensa de la legalidad y la transparencia. “No permitiremos que se socave la independencia de una unidad que ha sido clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en España”, declara Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil.
En este clima de tensión, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar sumido en un “estado de putrefacción” por presuntas tramas de corrupción. Feijóo ha apelado a los socios parlamentarios del PSOE para que apoyen una moción de censura contra Sánchez y ha convocado una manifestación en Madrid el 8 de junio como señal de rechazo.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa permitiendo y formando parte del intento de hundimiento de la Guardia Civil, en específico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El principal motivo de esta persecución es que la UCO se encuentra investigando al PSOE por una presunta trama de corrupción así como al círculo más cercano de Sánchez, como es su esposa, Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez.
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