Desde los movimientos de izquierda cada vez se pone más el foco en las infiltraciones, llegando a denunciarlas ante el comisario de Justicia de la UE
The post Aumenta el temor de la izquierda a las infiltraciones policiales first appeared on Hércules. Los partidos Sumar y Podemos han solicitado a la Unión Europea que investigue las infiltraciones policiales en movimientos sociales e independentistas en España. A través de una carta dirigida al comisario de Justicia, Michael McGrath, los eurodiputados han expresado su preocupación por estas operaciones, alegando que podrían haber vulnerado ciertos derechos fundamentales. La misiva, firmada por Irene Montero y otros 25 eurodiputados, apunta directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, según el documento, habría admitido que los agentes expuestos pertenecían a la categoría de “agentes de inteligencia”, una clasificación que, según los firmantes, no está regulada en el ordenamiento jurídico español.
En su petición a la Comisión Europea, los eurodiputados reportan los nueve casos conocidos hasta ahora y solicitan mecanismos de supervisión más estrictos tanto a nivel nacional como europeo. Además, destacan que en otros países como Reino Unido y Alemania se han producido situaciones similares, generando intensos debates sobre la legalidad de estas prácticas.
Por su parte, el ministro Marlaska ha rechazado estas acusaciones y ha defendido el papel de los infiltrados, asegurando que estas operaciones buscan garantizar la seguridad ciudadana y prevenir posibles delitos. Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, también ha subrayado que la misión de estos agentes es “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
Casos de agentes infiltrados descubiertos
En los últimos años, se han identificado varios casos de agentes de la Policía Nacional infiltrados en movimientos sociales en España. A continuación, se detallan algunos de estos casos y cómo fueron descubiertos:
Ignacio José Enseñat Guerra (“Marc Hernàndez Pon”): se infiltró en movimientos sociales de Barcelona bajo la identidad falsa de “Marc Hernàndez Pon”. Durante su infiltración, participó activamente en colectivos de izquierda y movimientos independentistas. Su verdadera identidad fue revelada en junio de 2022, lo que generó sorpresa entre los activistas.
Carlos P.M. (“Juancar”): el agente conocido en los movimientos sociales de Madrid como “Juancar”, se infiltró durante dos años haciéndose pasar por un joven estudiante. Participó en diversos colectivos antes de ser identificado en 2023.
María Perelló: bajo la identidad falsa de “María Perelló”, una agente se infiltró en movimientos sociales de Girona a principios de 2020. Su verdadera identidad fue descubierta posteriormente, en 2023, suscitando debate sobre estas operaciones.
Sergio G.A. (“Sergio”): El agente conocido como Sergio G.A. se infiltró durante seis años en movimientos sociales de Madrid, comenzando su actividad a través de un banco de alimentos en el Distrito de Moratalaz y extendiéndose a otros colectivos como Distrito 14. Su caso fue llevado a la justicia por seis mujeres que lo acusaron de varios delitos, tras ser descubierto en 2024.
Daniel Hernández P. (“Dani”): bajo la identidad de “Dani”, se infiltró en movimientos libertarios y de defensa de la vivienda en Barcelona. Su identidad fue descubierta en 2024 por errores cometidos durante su operación, como la posesión de un USB con información comprometedora.
Ramón Martínez (“Ramón”): el alias utilizado por un agente que se infiltró en movimientos sociales de Valencia, especialmente en el barrio de Benimaclet. Su verdadera identidad fue descubierta en 2024 mediante investigaciones periodísticas.
María Isern: una agente que se infiltró en movimientos sociales de Cataluña. Su identidad fue descubierta en 2024 debido a errores cometidos durante su operación, incluyendo una videollamada en la que confesó su condición de infiltrada sin saber que estaba siendo grabada.
Métodos de descubrimiento
La revelación de estos agentes infiltrados ha sido posible gracias a errores cometidos durante sus operaciones y a investigaciones periodísticas. Entre los errores más comunes se encuentran la posesión de dispositivos con información comprometedora y confesiones inadvertidas durante comunicaciones. Además, la colaboración entre medios de comunicación y activistas ha sido clave para analizar patrones de comportamiento y compartir información.
En este contexto, ha cobrado relevancia el Manual para destapar a un policía infiltrado, un documento elaborado por activistas que han vivido de cerca estos casos entre 2022 y 2024. El manual, de medio centenar de páginas, proporciona herramientas y estrategias para detectar infiltraciones policiales. Incluye secciones sobre sospechas iniciales, métodos de investigación y consecuencias, además de un detallado apartado con “Las 17 preguntas con las que trabajamos“. Estas preguntas buscan identificar lagunas en la historia de los sospechosos, su arraigo social y su actividad política previa. También recomienda analizar registros oficiales y redes sociales, así como revisar grabaciones de actos de graduación en la Academia de Policía de Ávila, en un intento por identificar posibles agentes encubiertos.
Debate sobre la legalidad de las infiltraciones
El debate sobre la regulación de estas prácticas sigue abierto en el ámbito político y judicial. Mientras que algunos sectores consideran que estas tácticas pueden vulnerar derechos fundamentales, otros defienden su necesidad en la lucha contra posibles amenazas.
Los eurodiputados que han solicitado la intervención de la Comisión Europea han relacionado estas infiltraciones con vulneraciones de derechos fundamentales, llegando incluso a compararlas con prácticas de “tortura y malos tratos” debido al impacto psicológico que han generado en algunas personas afectadas. En su carta, citan documentales como Infiltrats, emitido por TV3, y declaraciones de expertos en derecho que advierten sobre la necesidad de una regulación clara y proporcional de estas prácticas.
Por otro lado, el Gobierno sostiene que los agentes infiltrados cumplen una función esencial en la prevención del delito y la protección del orden público. En este sentido, las autoridades han insistido en que cualquier acción llevada a cabo por estos agentes está dentro del marco legal y cuenta con los controles adecuados. La controversia sobre este tema parece lejos de resolverse y seguirá siendo objeto de debate en los próximos meses.
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