El Gobierno de España adjudicó puestos de manera directa entre 2023 y 2024 por un valor de 6.700 millones de euros
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Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso I EFE
En los últimos años, España ha experimentado un notable incremento en las contrataciones públicas realizadas sin licitación previa. Según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), entre 2021 y 2023, el importe de estos contratos aumentó un 142%, pasando de 1.628 millones a casi 4.000 millones de euros, mientras que el número de encargos creció un 95%.
Este fenómeno ha sido especialmente pronunciado en el ámbito gubernamental. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, el Gobierno de España adjudicó contratos a dedo por un valor de 6.700 millones de euros, excluyendo los contratos menores. Este tipo de adjudicación, que debería ser excepcional, se ha convertido en una práctica habitual, especialmente en sectores como Defensa y tecnología, donde los importes son elevados y los plazos de gestión más breves.
Además, el número de altos cargos y asesores nombrados a dedo ha alcanzado cifras récord. En 2024, se registraron 799 de estos puestos, lo que representa un incremento significativo respecto a los 671 de 2017. Este aumento ha supuesto un gasto público de más de 160 millones de euros en salarios, lo que ha generado críticas por el elevado número de personal eventual y la falta de transparencia en los nombramientos.
Contrataciones en Galicia y Valencia
En el ámbito regional y municipal, también se han recurrido a esta práctica. En 2022, se registraron 7.757 contratos menores, estableciendo un nuevo récord desde 2018. Aunque el número de contratos aumentó, el importe total adjudicado fue de 912 millones de euros, 10 millones menos que en 2021.
Un ejemplo notable es el de la Xunta de Galicia, donde, desde 2018, el Grupo Eulen, dirigido por Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del PP Alberto Núñez Feijóo, ha obtenido 1.579 contratos menores valorados en 7 millones de euros. Estos contratos, adjudicados sin concurso público, representan el 88,5% del total otorgado a la empresa.
Por otro lado, el Partido Popular (PP) en Valencia denunció que, en los primeros tres meses de 2023, el gobierno local firmó 397 contratos menores, un 41,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha expresado su preocupación, destacando que las adjudicaciones directas en España son más elevadas que la media europea, afectando negativamente a la libre competencia.
Ley de Contratos del Sector Público
La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), es la norma que regula en España la contratación pública, incorporando las directivas europeas para garantizar la transparencia, la libre competencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos. Aunque busca establecer un marco común que permita, por ejemplo, que una empresa de otro país de la UE pueda licitar en España y viceversa, la ley también contempla procedimientos excepcionales que, si se abusan, pueden derivar en prácticas opacas o incluso corruptas.
Contratos menores y situaciones de emergencia
Los contratos menores son aquellos cuyo valor estimado es inferior a 40.000 euros en obras y 15.000 euros en servicios o suministros. Se adjudican directamente, sin necesidad de licitación pública, lo que agiliza su tramitación. Según fuente jurídicas, esta flexibilidad ha dado lugar a prácticas irregulares, como el fraccionamiento de contratos mayores en varios menores para eludir los procedimientos ordinarios.
La LCSP también contempla la tramitación de emergencia para situaciones catastróficas o de grave peligro, permitiendo adjudicaciones directas sin los requisitos habituales. Durante la pandemia de COVID-19, este mecanismo se utilizó ampliamente. No obstante, informes han señalado abusos en su aplicación.
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