Cerca del 15% de la energía que se consume en la región proviene de esta instalación cacereña, y en 2023 representó el 21% de la energía en toda España
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Imagen: Ayuso y Guardiola I Comunidad de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado este lunes en Extremadura la ampliación de la vida operativa de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. La dirigente madrileña ha calificado esta infraestructura como “esencial para la estabilidad del sistema eléctrico nacional y el desarrollo económico regional”, advirtiendo de que su clausura, prevista a partir de 2027, compromete el futuro energético del país.
“No podemos permitir que el Gobierno apague el futuro de España”, ha subrayado Ayuso, quien ha instado a que la continuidad de las centrales nucleares se determine por criterios técnicos y de seguridad, en lugar de motivos ideológicos.
Declaración conjunta con la Junta de Extremadura
Durante un encuentro institucional en Mérida, Ayuso y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, han firmado una declaración conjunta en la que instan al Ejecutivo central a reconsiderar el cierre de la planta. En este contexto, la presidenta madrileña ha criticado la gestión de la vicepresidenta Teresa Ribera, señalando una aparente contradicción en su postura: “Mientras en España se clausuran centrales, en otros países europeos se impulsa su reapertura”, ha afirmado, en alusión a la reciente decisión de Bélgica de mantener operativos varios reactores.
Díaz Ayuso ha advertido que el cierre de Almaraz afectará directamente a la Comunidad de Madrid, ya que el 15% de la energía consumida en la región proviene de esta planta cacereña. También ha alertado sobre un impacto negativo en la competitividad del tejido empresarial madrileño y extremeño, al encarecer los costes energéticos.
Críticas a la política energética y el impacto económico
Para la presidenta madrileña, la campaña en contra de la energía nuclear es “retrógrada y carente de rigor”, y conducirá a España a una mayor dependencia de los combustibles fósiles, especialmente del gas suministrado por Rusia, que representa el 21% de las importaciones energéticas del país.
“Necesitamos una política energética realista, basada en el rigor científico y alejada de dogmas ideológicos”, ha insistido Ayuso, reclamando al Gobierno central que no utilice a las empresas del sector como chivo expiatorio.
La energía nuclear como solución sostenible
Díaz Ayuso ha recordado que la Unión Europea declaró en 2022 la energía nuclear como fuente “verde”, lo que la equipara a las renovables en la transición hacia un modelo más sostenible. Además, ha subrayado que la energía atómica evita la emisión de 30 millones de toneladas de CO₂ al año, contribuyendo significativamente a la lucha contra el cambio climático.
Asimismo, ha citado estudios recientes que estiman que el cierre de las centrales nucleares en España podría provocar un aumento del 23% en la factura de la luz para hogares y pequeñas empresas, además de poner en riesgo unos 30.000 empleos y suponer un sobrecoste de 22.500 millones de euros en electricidad.
Aumento de la fiscalidad y consecuencias para la industria
Díaz Ayuso también ha denunciado que, en los últimos cinco años, el Gobierno ha incrementado un 70% la carga fiscal sobre las empresas energéticas, con el objetivo de desincentivar la inversión en el sector nuclear. Esta estrategia, ha afirmado, perjudica a la industria, el empleo, las familias y la digitalización, comprometiendo incluso la seguridad nacional.
Con esta declaración institucional, Madrid y Extremadura refuerzan su apuesta por una transición energética equilibrada y exigen al Ejecutivo central que replantee su estrategia sobre el futuro de la energía nuclear en España.
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