La Comisión Europea retira una directiva clave contra el greenwashing, generando una crisis institucional y dejando en vilo a consumidores y empresas
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Lo que prometía ser un avance legislativo contra el greenwashing terminó en crisis institucional. Tras dos rondas de negociaciones trilaterales con saldo positivo desde enero, se esperaba que el tercer encuentro cerrara el acuerdo sobre una directiva ambiental clave. Esta buscaba exigir a las empresas que sus afirmaciones ecológicas fueran validadas por verificadores acreditados antes de llegar al mercado.
Pero días antes de ese esperado cierre, la Comisión Europea sorprendió con su retirada del texto. Para Tiemo Wölken, eurodiputado socialdemócrata alemán y co-relator, la negociación estaba “muy cerca de un equilibrio aceptable”. El escollo final: si las microempresas debían quedar fuera del alcance de la norma. “Nuestro mandato era precisamente eximirlas”, recalcó el también negociador Sandro Gozi, del grupo Renew.
El rol del PPE y la presión sobre Bruselas
El viernes, el tablero político cambió abruptamente. La Comisión anunció que solo mantendría la propuesta si las microempresas eran excluidas. Alegó haber advertido con claridad a los colegisladores y defendió que “afecta al 96% de las empresas europeas, unos 30 millones”. Sin embargo, fue el Consejo de la UE, no el Parlamento Europeo, quien se opuso a la exención.
Para los defensores del texto, el movimiento fue forzado por el Partido Popular Europeo (PPE), bloque al que pertenece Ursula von der Leyen. En alianza con el grupo ECR y los Patriots, el PPE envió una carta instando a eliminar la directiva. “El Parlamento se está convirtiendo en la oficina del PPE”, denunció Wölken, acusándolos de bloquear la ley con la ayuda de la extrema derecha.
La presión surtió efecto: Italia, que apoyaba la normativa, cambió su voto entre viernes y lunes, haciendo caer la mayoría del Consejo. Ante este giro, la Presidencia polaca decidió cancelar el tercer diálogo.
Jurisprudencia vs. estrategia política
La acción de la Comisión ha reabierto un viejo debate legal. “No puede vetar el proceso legislativo”, advirtió Gozi, apelando al artículo 17 del Tratado de la Unión. Aunque el Ejecutivo europeo defiende su derecho a retirar propuestas como parte de su iniciativa legislativa, la jurisprudencia del TJUE lo contradice: una retirada debe basarse en “pruebas convincentes”, no en motivos políticos.
La paradoja, según los eurodiputados, es clara: la Comisión amenaza con retirarse si se incluyen las microempresas, justo cuando el Parlamento las quiere fuera. “Actúan con mala fe”, afirmó Wölken. Para él, los perjudicados son los consumidores europeos y las empresas que realmente operan de forma sostenible.
Frente a gigantes como China o Estados Unidos, donde las declaraciones verdes pueden difundirse sin regulación, Europa pierde ,dicen, una oportunidad estratégica de blindar a sus ciudadanos ante el greenwashing.
Sin solución a la vista
Pese al desencuentro, los negociadores insisten en que están “listos para volver a la mesa”. Sin embargo, el ambiente es de bloqueo total. Bruselas espera que Parlamento y Consejo actúen, mientras estos aguardan instrucciones más claras del Ejecutivo. En este punto muerto, el precio lo pagan quienes buscan transparencia en un mercado saturado de promesas ecológicas.
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