Programa financiado por Bloomberg coloca becarios en agencias estatales de energía, generando polémica por posible conflicto de intereses
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Una red de becas financiada por el multimillonario Michael Bloomberg ha comenzado a operar dentro de agencias estatales que regulan el sector energético, una expansión discreta de un programa originalmente diseñado para litigar contra la industria de los combustibles fósiles desde oficinas de fiscales generales. Una situación que roza el conflicto de intereses y que supone la intromisión de narrativas del lobbie climático en la energía estatal.
Documentos y correos internos obtenidos por The Washington Free Beacon revelan que el Centro de Energía e Impacto Ambiental del Estado de la Universidad de Nueva York (NYU) ha extendido su presencia más allá de las fiscalías estatales, llegando ahora a comisiones de servicios públicos que autorizan la construcción de infraestructura energética y dictan políticas clave sobre energías renovables.
De litigios climáticos a regulación energética
Desde su creación en 2017, este centro ha recibido al menos 5,6 millones de dólares de Bloomberg Philanthropies para colocar becarios legales en fiscalías estatales, quienes han liderado demandas climáticas contra gigantes petroleros por su presunta responsabilidad en el calentamiento global.
Pero la expansión hacia agencias reguladoras despierta nuevas alarmas. Estas comisiones estatales suelen ser menos visibles pero altamente influyentes, ya que regulan tarifas, autorizan proyectos de energía y ejecutan mandatos obligatorios de energías renovables. En estados como Delaware, estas medidas han sido asociadas con fuertes aumentos en la factura eléctrica de los consumidores.
Caso Luisiana: infiltración silenciosa
Uno de los casos más documentados es el de Luisiana, donde al menos dos becarios financiados por Bloomberg han trabajado directamente en la Comisión de Servicios Públicos, bajo la dirección del comisionado Davante Lewis (D.). Lewis fue elegido en 2022 con el apoyo de un PAC climático, prometiendo una transición energética “100% verde”.
Su primera becaria, Annie Matthews, llegó en septiembre de 2023 tras haber trabajado en el Departamento de Agricultura del gobierno de Biden. Fue contratada como asesora de políticas climáticas y medioambientales. A ella la sucedió Rula Thabata, activista y abogada recién graduada, con experiencia en justicia energética.
Ambos contratos fueron financiados directamente por el centro de la NYU, especificando tareas en torno a energía limpia, cambio climático y medio ambiente.
Críticas desde el gobierno estatal
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill (R.), no tardó en expresar su preocupación: “Las leyes de ética prohíben que empleados estatales reciban compensaciones externas por sus funciones oficiales. Este acuerdo, si se está llevando a cabo, ciertamente es preocupante”, afirmó en un comunicado.
Murrill advirtió que permitir acceso privilegiado a agentes financiados por Bloomberg podría vulnerar la independencia institucional y poner en entredicho la imparcialidad regulatoria.
Una estrategia más amplia
La expansión del programa parece responder a una estrategia mayor. En 2022, Bloomberg lanzó Beyond Petrochemicals, una campaña para cerrar plantas petroquímicas en EE.UU., especialmente en el sur, donde operan muchas de estas instalaciones. Coincidentemente, la región que representa Lewis en Luisiana alberga varios de estos complejos industriales.
Además, desde 2023 el centro de impacto de NYU y la coalición Advanced Energy United —cofundada por el también multimillonario activista Tom Steyer— comenzaron a sondear comisiones estatales en Nueva York, Massachusetts y Michigan, buscando colocar más becarios.
En un correo de septiembre de 2023, el presidente del Departamento de Servicios Públicos de Massachusetts, James Van Nostrand, compartía el interés por participar: “Quiero asegurarme de que esto esté en el radar de alguien, para aprovechar la oportunidad de obtener recursos gratuitos”, escribió a sus colegas.
“Una puerta trasera hacia la regulación”
Organizaciones de vigilancia como Government Accountability & Oversight (GAO) advierten que esta fórmula permite a intereses privados infiltrarse en el diseño de políticas públicas. “Bloomberg está usando personal financiado externamente para influir en decisiones regulatorias clave que afectan la confiabilidad energética del país”, denunció el abogado Chris Horner, de GAO.
Incluso expertos en derecho como Sherman Joyce, presidente de la Asociación Estadounidense para la Reforma de Agravios, calificaron el modelo como una amenaza a los principios democráticos: “Buscar financiamiento privado para operar funciones gubernamentales es éticamente cuestionable. Este tipo de acuerdos ofenden las nociones básicas de la independencia estatal”.
NYU y sus defensores responden
Desde el Centro de Impacto de NYU, su subdirectora Jessica Bell defendió la neutralidad del programa: “Los becarios son seleccionados por las comisiones como cualquier otro empleado. Su única lealtad es hacia la agencia en la que trabajan, no hacia Bloomberg ni hacia la universidad”.
Por su parte, el portavoz de Advanced Energy United, Adam Winer, minimizó su participación, indicando que solo “ayudan a promocionar vacantes laborales”, sin intervenir en contrataciones ni políticas.
Conclusión
Lo que empezó como una iniciativa para litigar contra las petroleras, hoy se ha convertido en una red de influencia sobre agencias estatales que controlan el rumbo energético de Estados Unidos. La pregunta que queda en el aire: ¿puede un gobierno realmente tomar decisiones independientes cuando su personal proviene —y depende— de una agenda financiada por intereses privados?
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