Aunque Bolaños aboga públicamente por respetar la independencia judicial, sus declaraciones se inscriben en una estrategia comunicativa del Ejecutivo central que, desde 2020, ha mantenido la gestión de las residencias madrileñas como un vector de desgaste político contra el Gobierno del PP
The post Bolaños desvía la atención de los escándalos del PSOE volviendo atacar a Ayuso con la gestión de residencias first appeared on Hércules. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este viernes respetar la labor de la Justicia tras conocerse que un juez ha citado como investigados a dos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su papel en la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola del COVID-19. Bolaños ha calificado de “trágicos” los fallecimientos ocurridos en estos centros y ha defendido que la investigación debe seguir su curso sin interferencias políticas.
“Hay que dejar que el juez adopte las diligencias que correspondan para esclarecer lo que fue una tragedia en la Comunidad de Madrid”, ha dicho el ministro tras su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado. Sin embargo, estas declaraciones se producen en un contexto en el que el propio Gobierno central ha mantenido una estrategia prolongada de señalamiento hacia la Comunidad de Madrid por este asunto, especialmente desde 2020.
Durante los peores meses de la pandemia, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya apuntó públicamente a las comunidades autónomas, y en particular a Madrid, como responsables de la gestión de las residencias, afirmando que “las competencias son de las autonomías”, mientras el Ministerio de Sanidad emitía directrices comunes a todas ellas. A su vez, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias, encargado del área social, compareció en reiteradas ocasiones para desvincularse de la gestión directa, pero subrayando errores en Madrid. Además, desde el PSOE de Madrid y el Gobierno central se han sucedido intervenciones en medios y comparecencias parlamentarias donde se ha mantenido la crítica a Ayuso por los protocolos de derivación hospitalaria, a pesar de que un informe del propio Congreso, fechado en julio de 2021, reconocía que todas las comunidades autónomas tuvieron dificultades similares y que la mortalidad fue alta en residencias de prácticamente todo el territorio nacional.
En esta nueva fase judicial, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid ha citado como investigados a Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, exgeriatra responsable de 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles. Ambos participaron en la implementación de los protocolos de no derivación hospitalaria en los primeros meses de la crisis sanitaria. Mur fue el encargado de firmar dichos documentos, que indicaban criterios médicos para priorizar el ingreso hospitalario ante el colapso del sistema.
A pesar de que estos protocolos fueron revisados, modificados y discutidos públicamente desde 2020 —incluso por la Fiscalía—, el Gobierno central y el PSOE han seguido utilizándolos como argumento contra la presidenta madrileña, tal como volvió a suceder durante la reciente campaña electoral de 2023.
Este enfoque, sin embargo, ha sido cuestionado por expertos y asociaciones. La Fundación Edad&Vida y el Consejo General de Trabajo Social reclamaron ya en 2020 una investigación global del sistema de residencias a nivel estatal, advirtiendo contra su uso político parcial.
Pese a ello, el Gobierno ha evitado promover comisiones de investigación en otras comunidades con cifras comparables o superiores de fallecimientos en residencias, como Cataluña o Castilla-La Mancha, ambas entonces gobernadas por el PSOE.
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