El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado que Félix Bolaños declare por escrito, pero le permite hacerlo en Moncloa por razones de seguridad. La investigación incluye posibles delitos de malversación y tráfico de influencias relacionados con la contratación de la asesora Cristina Álvarez.
The post Bolaños no podrá testificar por escrito first appeared on Hércules. El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición efectuada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de declarar por escrito como testigo en la causa donde se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, si bien le ha permitido que, en vez de en su despacho en el Ministerio de Justicia, esta diligencia, señalada para las 10.30 horas del 16 de abril, se lleve a cabo en Moncloa.
Según una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bolaños solicitó por “correo ordinario” declarar por escrito invocando el artículo 412.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite declarar de esta forma al presidente y los demás miembros del Gobierno “sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo”.
Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid explica que la invocación de este artículo es “errónea” por cuanto precisa que no citó a Bolaños por su cargo actual, como miembro del Gobierno, sino por su puesto anterior, el de secretario general de la Presidencia, “no siendo este el que permite la aplicación del precepto” citado.
Peinado indica que en este caso debe aplicarse el artículo 412.3, según el cual, “si fuera conveniente recibir declaración a alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial”.
Con todo, concluye que Bolaños deberá testificar “de forma oral en la fecha señalada”. No obstante, el ministro alegó, acompañando informe “supuestamente” del jefe de su servicio de escoltas, que efectuar la declaración en su despacho oficial del Ministerio de Justicia, ubicado en el centro de Madrid, “supondría problemas de seguridad y eventuales inconvenientes a los ciudadanos”, por lo que pidió que, en todo caso, se realizara en su despacho de Moncloa.
Peinado afea a Bolaños que “el titular del Ministerio de Justicia, como Notario Mayor del Reino, pretenda justificar una petición en un informe carente de firma y, por tanto, sin persona identificada alguna”, y “que asuma el contenido de lo que en dicho escrito se refleja”. “Parece algo, cuando menos, extraño”, dice el instructor.
Pese a ello, accede a esta segunda petición, manifestando que por su parte “no existe inconveniente alguno” en que “la comisión judicial se desplace a cualquiera de los despachos con los que cuenta actualmente el testigo por su desempeño de tres carteras ministeriales”. En ese sentido, recuerda que ya fue a Moncloa para la declaración testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado julio.
No obstante, apunta que, si bien “el complejo presidencial cuenta con múltiples medidas de seguridad”, eso “no impidió que a la comisión judicial (…) se le retuviera un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario para permitirle el acceso, existiendo un nutrido número de personas, expectantes en las inmediaciones de dicho vehículo, con el consiguiente riesgo para la integridad física de los ocupantes del mismo, mientras el vehículo ocupado por el letrado de la persona investigada accedía sin espera de ningún tipo”.
En consecuencia, incide en que por su parte “no existe inconveniente” en que Bolaños declare en su despacho en Moncloa, “siempre y cuando se garantice la facilidad de acceso al vehículo judicial o por parte del testigo, y en condición de ministro de la Presidencia, se facilite a este juzgado un vehículo del parque móvil ministerial para realizar el correspondiente traslado”. Así, da cinco días a Bolaños para que responda.
El delito de malversación
En el auto por el que citó a Bolaños como testigo, Peinado apuntó que podría existir un delito de malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, por parte de Moncloa. De esta forma, y en caso de que finalmente investigue ese nuevo delito de malversación, se sumaría a los que ya indaga: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo laboral.
Peinado dio este paso después de imputar a Álvarez. La asesora acudió a declarar como testigo el 20 de diciembre, cuando confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, exponiendo que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.
El instructor la volvió a llamar en calidad de investigada el 26 de febrero. Entonces, negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a Gómez antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020. Álvarez, por su parte, ha recurrido su imputación reprochando al magistrado que le tendiese “una trampa” al utilizar su declaración como testigo para cambiar su condición a la de investigada.
Indicios respecto los correos electrónicos
Según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero –miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM– se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.
“Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación”, apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.
Dicho correo fue enviado también a la propia Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ’email’, además, consta un mensaje previo –de 7 de septiembre– en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque en este caso Álvarez está en copia con un ’email’ de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa, aparece con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia. En otro correo recogido en las pesquisas judiciales, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale el interés de Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.
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