El ministro prioriza su proyecto pese al rechazo masivo de jueces y fiscales, que denuncian un ataque a la independencia del poder judicial
The post Bolaños pospone 21 leyes para blindar su reforma de las carreras judicial y fiscal first appeared on Hércules. Félix Bolaños ha movido ficha. El ministro de la Presidencia y Justicia ha ordenado que se pospongan al menos 21 iniciativas parlamentarias para colocar en primer lugar su ambiciosa reforma de las carreras judicial y fiscal, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo. La ley será tramitada por el procedimiento de urgencia, en un intento del Ejecutivo por sacar adelante la norma antes del mes de julio.
El Gobierno acelera su reforma para cambiar el acceso a la judicatura y reforzar el control sobre la Fiscalía
El texto legislativo pretende permitir el acceso de más jueces y fiscales sin necesidad de oposición, a través de una ampliación del llamado ‘cuarto turno’, un canal alternativo al tradicional proceso de oposición que ha despertado un fuerte rechazo en el sector. Según confirman fuentes parlamentarias, el plan de Bolaños es utilizar este turno como vía para un proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, lo que, en opinión de las asociaciones profesionales, abre la puerta a nombramientos arbitrarios y politizados.
La tramitación arrancará esta semana en la Comisión de Justicia del Congreso, donde el PSOE cuenta con el respaldo de sus socios habituales: Sumar, ERC, Junts y EH Bildu. La norma se abrirá paso a pesar del rechazo frontal del PP y Vox, y sin contar con el apoyo de la mayoría de las asociaciones profesionales del ámbito judicial.
Rechazo de jueces y fiscales: “Colocan jueces a medida”
El descontento entre la carrera judicial y fiscal es casi unánime. Todas las asociaciones, salvo las de corte progresista, han exigido la retirada inmediata de la reforma por entender que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de amenazar la independencia judicial.
“Es una norma para colocar jueces a medida”, denuncian portavoces de varias asociaciones, que ven en esta maniobra un intento del Gobierno de modificar el equilibrio del poder judicial en su beneficio. Para hacer oír su protesta, han convocado un paro simbólico de diez minutos el próximo 11 de junio a las puertas de los juzgados de todo el país.
Además, han solicitado reuniones con los grupos parlamentarios y con instituciones clave como el Consejo General de la Abogacía del Estado, el Consejo de Procuradores o la Asociación de Abogados del Estado.
La reforma del acceso a la judicatura es solo el primer paso de un plan más amplio. El Ministerio de Justicia ya trabaja en una segunda norma: la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la que el Gobierno busca reconfigurar la Fiscalía como órgano instructor de causas penales, en línea con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las asociaciones de fiscales han reaccionado con especial dureza a esta propuesta. “Quieren asegurarse de que su fiscal general del Estado sobreviva incluso si pierden las elecciones”, han declarado fuentes del sector, en alusión a la intención del Ejecutivo de despolitizar en teoría, pero blindar en la práctica a su fiscal de confianza.
Otro de los puntos más polémicos del paquete de reformas es la intención del Gobierno de limitar la financiación de las asociaciones de jueces y fiscales, un movimiento que muchos interpretan como una represalia encubierta por su oposición a las reformas.
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