Mientras el sector público mantiene el teletrabajo, las empresas privadas españolas reducen su uso hasta cifras mínimas
The post Casi la mitad de los funcionarios sigue teletrabajando cinco años después del inicio de la pandemia first appeared on Hércules. Cinco años después del estallido de la pandemia, el teletrabajo sigue siendo una fórmula habitual para casi la mitad de los empleados públicos en España. Según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, recogidos por THE OBJECTIVE, en enero de 2024 el 48,8% del personal de la Administración General del Estado mantenía jornadas a distancia. Esto equivale a 86.000 trabajadores, el doble que en 2022, lo que refleja un crecimiento continuo tras los primeros picos de adopción en 2020 y 2021.
El informe revela que esta modalidad está más extendida entre las mujeres, que representan cerca de 50.000 de quienes teletrabajan, frente a unos 36.000 hombres. La mayoría combina la oficina con el trabajo desde casa, y casi 9.000 funcionarios desarrollan sus funciones tres días por semana desde su domicilio. Este escenario contrasta con lo que ocurre en el sector privado, donde el teletrabajo es cada vez menos frecuente: solo el 7% de los trabajadores lo realiza de forma habitual y otro 7,6% lo hace de manera ocasional, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).
Sin criterios comunes y con grandes desigualdades entre territorios
Una de las principales críticas al modelo actual es la falta de una normativa clara y homogénea. Actualmente, cada ministerio, organismo o departamento decide por su cuenta quién puede teletrabajar y cuántos días a la semana. Esta situación ha generado diferencias llamativas incluso dentro de una misma institución. La Gaceta de Salamanca señalaba recientemente que, por ejemplo, los empleados del SEPE en Salamanca solo pueden trabajar un día a distancia, mientras que sus compañeros en Madrid tienen permitido hacerlo hasta tres.
En este contexto, la futura Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, cuyo anteproyecto fue aprobado justo antes de las elecciones generales, pretende establecer un marco legal para regular el teletrabajo en el sector público. El sindicato CSIF ha reclamado al Ejecutivo que convierta esta modalidad en permanente, en línea con los compromisos adquiridos en 2021. Mientras tanto, en el ámbito privado, la falta de regulación también ha frenado su implantación. Aunque en 2020 se alcanzó un acuerdo básico entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, el desarrollo normativo no se ha consolidado y muy pocos convenios colectivos contemplan esta opción de forma sistemática.
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