Entre las medidas destacadas que propone Salvador Illa se encuentra el refuerzo de políticas públicas para el acceso a la vivienda
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Salvador Illa, de cerca: su mujer, sus hijos, estudios y otros datos curiosos | Mariona Puig (ACN)
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha aprobado el Decreto-ley 5/2025, de 25 de marzo, que establece un paquete de medidas urgentes en materia fiscal, de gastos de personal y gestión administrativa.
Esta norma responde a la situación de prórroga presupuestaria de 2025 y tiene como objetivos principales abordar la crisis habitacional, proteger a las víctimas de violencia machista y adaptar el sistema tributario a nuevas realidades económicas y sociales.
“Este decreto-ley es una respuesta necesaria y urgente a dos problemas sociales de gran calado: la dificultad de acceso a la vivienda y la protección de las víctimas de violencia machista. Las medidas adoptadas buscan garantizar derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, demostrando el compromiso de las instituciones con el bienestar social”, señala el Boletín Oficial del Estado.
Entre las medidas destacadas se encuentra el refuerzo de políticas públicas para el acceso a la vivienda. Se contemplan beneficios fiscales específicos para las víctimas de violencia machista, incluyendo deducciones por alquiler y reducciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales, así como bonificaciones por la donación o adquisición de viviendas destinadas a este colectivo.
“En el ámbito de los tipos reducidos, y como medida dirigida a las víctimas de violencia machista, se establece que puedan aplicarse un tipo del 5 por 100 en la adquisición de la vivienda habitual. Además, se eleva hasta los treinta y cinco años (ahora 32) el requisito de edad previsto para los jóvenes que adquieren su vivienda habitual para poder aplicarse el tipo del 5 por 100 en transmisiones patrimoniales onerosas vigente”, señala el Boletín Oficial del Estado.
También se amplían los límites de edad y renta para acceder a deducciones por alquiler, especialmente dirigidas a jóvenes y familias vulnerables.
En el ámbito tributario, se introducen reformas tanto en tributos propios como en los cedidos por el Estado. Se modifica, por ejemplo, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono para excluir a los vehículos en baja temporal, y se reestructura el canon del agua para hacerlo más equitativo y adaptado al consumo real. También se crea una deducción del 20 % por inversión en cooperativas agrarias y de vivienda, con el objetivo de fomentar la economía social y ampliar el parque de vivienda protegida.
El Gobierno de Salvador Illa creará una deducción del 20 % por inversión en cooperativas agrarias y de vivienda
Respecto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, se reduce la carga fiscal en los tramos más bajos, pasando de nueve a ocho tramos, lo que beneficiará especialmente a las rentas medias y bajas. Asimismo, se equiparán las deducciones fiscales por acogimiento familiar con las existentes para nacimiento o adopción.
El decreto también contempla medidas para asegurar la continuidad de servicios públicos y la equidad retributiva en un contexto de prórroga presupuestaria. Se actualizan las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat, se garantiza que los funcionarios en prácticas perciban al menos el salario mínimo interprofesional, y se reconocen indemnizaciones a bomberos voluntarios que sufran secuelas permanentes.
En el terreno energético, se refuerza el papel de la empresa pública “La Energética”, que prestará servicios a instituciones catalanas con el objetivo de promover el uso de energías renovables, contribuyendo así a la transición energética y al ahorro de costes en la administración pública.
Finalmente, se amplía la capacidad de financiación del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), habilitándolo para impulsar proyectos sostenibles, especialmente aquellos relacionados con la promoción de vivienda protegida.
Este decreto-ley, de aplicación inmediata o con entrada en vigor en un plazo de hasta tres meses según las medidas, pretende responder con eficacia y urgencia a las demandas sociales más apremiantes, reforzando el compromiso del Govern con la justicia social, la sostenibilidad y la equidad económica.
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