Categoría: ESPAÑA

Legalis Defensa irrumpe como una solución legal y ética frente al auge de las ocupaciones ilegales en España, ofreciendo a los propietarios una defensa rápida y profesional.
Su modelo se basa en la actuación exclusiva de abogados especializados, sin intermediarios ni métodos extrajudiciales
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La ocupación ilegal de viviendas en España se ha convertido en una de las principales preocupaciones para miles de propietarios, especialmente pequeños arrendadores y jubilados que han visto vulnerado su derecho a la propiedad privada. En este contexto de creciente inseguridad jurídica, nace Legalis Defensa, un despacho de abogados que apuesta por una solución estrictamente legal, eficaz y humanamente responsable para frenar un fenómeno que ha alcanzado proporciones alarmantes en los últimos años.

El incremento de casos ha sido especialmente acusado en grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona, donde la tensión entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad ha generado un debate político, jurídico y social que continúa abierto. Según estimaciones del sector inmobiliario y fuentes jurídicas consultadas, los primeros cuatro meses de 2025 han registrado un notable repunte de ocupaciones, con especial incidencia en segundas residencias y viviendas destinadas al alquiler como complemento de pensión para jubilados.

La realidad de las ocupaciones: más allá del mito

El fenómeno de la ocupación se presenta con múltiples rostros: desde la usurpación clásica de viviendas vacías, hasta el allanamiento de morada en segundas residencias, pasando por situaciones cada vez más comunes como la “inquiocupación” —inquilinos que permanecen ilegalmente tras el fin del contrato—. El perfil del propietario más afectado es claro: personas mayores de 65 años, con una o dos propiedades que representan su sustento económico en la jubilación, especialmente en zonas del sur y sureste de Madrid como Villaverde, Vallecas, Carabanchel o Vicálvaro.

En estos barrios, la confluencia de viviendas vacías, alta vulnerabilidad socioeconómica y escasez de alquileres asequibles ha convertido a muchos inmuebles en objetivos prioritarios de mafias organizadas. No se trata solo de familias en situación de exclusión social, sino también de redes que se dedican profesionalmente a ocupar viviendas para luego subarrendarlas o extorsionar a los propietarios exigiendo grandes sumas de dinero para liberar el inmueble.

Este escenario ha llevado a una sensación de anomia legal, especialmente en regiones como Cataluña o ciertas localidades madrileñas, donde incluso se han detectado casos de falsos agentes inmobiliarios que simulan contratos de alquiler en pisos ocupados ilegalmente, afectando incluso a barrios de alto poder adquisitivo como el Barrio de Salamanca.

Legalis Defensa: una propuesta ética, legalista y eficaz

Frente a esta situación, Legalis Defensa irrumpe con una oferta diferenciada y clara: nada de métodos extrajudiciales ni presiones borderline. “Defendemos el derecho a la propiedad, pero con absoluto respeto al marco legal y a los derechos fundamentales de todas las partes implicadas”, explica Emilio J. Sánchez, socio del despacho.

Su modelo se basa en una intervención cien por cien jurídica, sin subcontratas ni intermediarios. Cada caso es llevado directamente por abogados colegiados, especializados en derecho penal, civil y procesal, con cobertura en todo el territorio nacional gracias a una red propia de procuradores y letrados. Esto permite una respuesta rápida y coordinada, incluso en casos especialmente complejos como ocupaciones de locales comerciales por mafias o viviendas turísticas ocupadas de forma organizada.

Legalis Defensa no ofrece simplemente una denuncia: su propuesta es una solución integral. Desde la notificación al ocupante, pasando por la demanda, la vista judicial y la ejecución del lanzamiento, hasta el asesoramiento preventivo. Además, uno de los elementos más valorados por sus clientes es la transparencia absoluta desde el primer contacto: en menos de 24 horas, el cliente recibe una hoja de ruta clara, con tiempos estimados y un presupuesto detallado y cerrado por fases.

“Nuestros clientes, muchos de ellos jubilados o viudas, no pueden permitirse más incertidumbre. Ya han perdido mucho. Lo menos que merecen es saber en todo momento qué está pasando con su vivienda”, señala Sánchez.

Una legislación en transformación: luces y sombras

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, conocida como la “nueva Ley antiokupas”, ha supuesto una reforma sustancial en la forma de afrontar estos delitos. Los procedimientos judiciales por ocupación ilegal pueden tramitarse ahora mediante juicios rápidos, lo que permitiría, sobre el papel, resolver algunos desalojos en un plazo máximo de 15 días desde la denuncia.

Este avance, sin embargo, choca con la realidad de los juzgados: la saturación de los órganos judiciales y la diversidad de criterios entre tribunales ralentizan los procesos, que en la práctica aún pueden extenderse durante meses. Además, aunque en la vía penal se han eliminado los requisitos de vulnerabilidad en ciertos supuestos, en la jurisdicción civil —más común en desahucios por impago o precario— esta exigencia sigue vigente, lo que alarga aún más los procedimientos.

A ello se suma el proceso de reorganización judicial previsto por la nueva ley, que prevé sustituir los actuales juzgados por Tribunales de Instancia, lo que podría provocar nuevos retrasos a medio plazo.

Del mito a la prevención: claves para blindarse

Además de sus servicios jurídicos, Legalis Defensa recomienda un paquete de medidas preventivas para evitar que las viviendas sean objetivo de ocupación:

• Contratación de seguros específicos contra ocupaciones ilegales.
• Instalación de sistemas de alarma y cámaras de vigilancia.
• Supervisión periódica mediante visitas o servicios de mantenimiento contratados.
• Uso de cerraduras electrónicas con códigos de acceso.
• Evitar largos periodos de desuso mediante alquileres temporales, incluso en viviendas de alto valor.
• Inclusión de cláusulas de protección específicas en los contratos de arrendamiento.

En definitiva, la mejor defensa sigue siendo la anticipación, acompañada de un asesoramiento legal sólido y especializado.

Una solución con toga, argumentos y ley

En un entorno cada vez más complejo, donde las redes sociales, los bulos y la crispación mediática alimentan un clima de tensión, Legalis Defensa representa una alternativa sensata, profesional y ética. No promete milagros, ni se ampara en atajos cuestionables: su propuesta es actuar dentro del marco legal, con celeridad, precisión y humanidad.

“Esto no va de alarmismo ni de criminalizar la pobreza. Va de proteger a quienes están viendo vulnerado su derecho legítimo a recuperar lo que es suyo”, resume Emilio J. Sánchez. Porque frente al ruido, la confusión y la impotencia, todavía hay espacio para la ley, para la justicia y para una solución que no grita ni amenaza. Una solución que simplemente actúa. Con argumentos. Con toga. Y con ley.

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Las ayudas de la DANA pueden ser de hasta 600€ para material escolar o de estudio para estudiantes, o hasta 72.000€ por fallecimiento o incapacidad
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Un hombre observa los daños causados por las inundaciones en la localidad de Paiporta. Fuente: EFE

El pasado martes 13 tuvo lugar el Consejo de Ministros donde 23 políticos socialistas se han reunido para consensuar cómo se van a gastar el dinero público, el cual se ha recaudado del pago de los impuestos de los españoles. El fin de estas reuniones es adjudicar el dinero de las arcas públicas a regalos internaciones.

Una de las adjudicaciones más llamativas aprobadas este martes ha sido el envío de dinero a Ecuador para ayudar a la población afectada por las fuertes lluvias vividas en la región. El Gobierno de Pedro Sánchez ha declarado la emergencia para enviar hasta 100.000 euros a Ecuador para ayudar a la población tras los desastres vividos por las fuertes lluvias, tal y como publica el exdiputado Pablo Cambronero a través de su cuenta de “X”.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la contratación “de una ayuda humanitaria a la población afectada por las fuertes lluvias acaecidas en la República del Ecuador en los primeros meses del año 2025, por un importe máximo de 100.000 euros”.

Una ayuda que se ha declarado de forma urgente mientras que las familias e individuos afectados por las fuertes lluvias como sucedió el pasado mes de octubre, y por el que fallecieron hasta doscientas personas. A día de hoy, las personas afectadas por la DANA no han recibido el total de las ayudas económicas y de reconstrucción que prometieron el Gobierno hasta 2.274 millones de euros.

Los afectados por la DANA y el volcán de La Palma siguen esperando las ayudas prometidas por el Gobierno

Dependiendo del tipo de daño, las ayudas pueden ser de hasta 600€ para material escolar o de estudio para estudiantes, o hasta 72.000€ por fallecimiento o incapacidad. Las ayudas pueden variar, siendo de 5.000€ como mínimo y sumando 1.000€ por cada persona contratada, con un máximo de 30.000€ para empresas industriales y 15.000€ para otras.

Otras ayudas que tampoco han llegado son los paquetes programados para las familias y personas afectadas por la erupción del volcán. El Ejecutivo de Sánchez prometió hasta 100 millones de ayudas económicas repartidos en tres años después de la catástrofe.

Tres años después de que este suceso tuviera lugar, La Palma sigue reclamando el envío de estas ayudas debido a que no han llegado, y las familias afectadas no han podido reconstruir sus casas ni recuperar sus negocios debido a que quedaron destruidos por el volcán.

La Plataforma de Afectados por Erupción Volcán de Cumbre Vieja 2021, creada para defender a los damnificados por la erupción, sigue tres años después reivindicando que el Estado transfiera al Gobierno de Canarias los 100 millones de euros necesarios para el año 2024.

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El Gobierno espera que la empresa incumpla los plazos para evitar el pago de los 6,8 millones pactados por cartuchos para la Guardia Civil
The post Interior no se ha pronunciado a menos de 24 horas de finalizar el plazo de ejecución del contrato de las balas israelíes first appeared on Hércules.  A punto de que expire el plazo para la entrega de 15 millones de cartuchos de origen israelí destinados a la Guardia Civil, el Ministerio del Interior mantiene formalmente vivo el contrato, pese a que el Gobierno asegura que no permitirá su ejecución. El Ejecutivo de Pedro Sánchez apuesta por una fórmula legal que le permita eludir el pago de 6,8 millones de euros sin incurrir en ilegalidades: dejar que la empresa adjudicataria incumpla el plazo de entrega y así rescindir el contrato sin indemnización.

El contrato sigue en pie a 24 horas del límite: Interior busca sortear el pago sin romper la ley

Firmado el 18 de abril, el contrato fue adjudicado a Guardian Homeland Security, representante en España de la israelí IMI Systems, fabricante exclusivo de la munición compatible con las pistolas Ramon, también israelíes, adquiridas previamente por la Guardia Civil. El problema estalló cuando se hizo público que, pese a anunciar en octubre que España no compraría más armamento a Israel por la guerra en Gaza, Interior había formalizado la compra en Semana Santa. La noticia provocó un terremoto en la coalición de Gobierno, con Sumar acusando de “traición” al PSOE y amenazando con romper el pacto.

Lejos de anular oficialmente el contrato a través del Boletín Oficial del Estado, el Gobierno ha optado por dejar pasar el plazo de entrega, que expira este jueves 15 de mayo, como vía para declarar la invalidez del acuerdo por incumplimiento de la empresa. Según fuentes gubernamentales, ni un solo cartucho ha llegado ni se espera que lo haga. La estrategia consiste en no conceder el permiso de importación de armamento, competencia de la Secretaría de Estado de Comercio, lo que impide legalmente que se cumpla la entrega.

Esta maniobra, sin embargo, no está exenta de riesgos jurídicos. La Abogacía del Estado ya ha advertido de posibles consecuencias si se considera que el Ejecutivo ha actuado con conocimiento de causa al bloquear un contrato válido, lo que podría derivar en acusaciones de prevaricación o incluso malversación.

El silencio de las empresas y la incertidumbre operativa

Ni Guardian Homeland Security ni IMI Systems han ofrecido explicaciones públicas. Tampoco la Embajada de Israel en Madrid ha respondido a las reiteradas preguntas sobre si recurrirán la medida ante tribunales españoles o internacionales. Mientras tanto, la Guardia Civil afronta un problema logístico y de seguridad: las pruebas técnicas realizadas por el Servicio de Armamento del cuerpo concluyeron que solo las balas israelíes superan los test de compatibilidad con las pistolas Ramon. El resto de marcas se encasquillan y pueden poner en riesgo la vida de los agentes.

Este dato complica aún más la situación. Las unidades especiales de la Guardia Civil, como los GRS o la Usecic, se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin munición adecuada para sus armas cortas, lo que compromete directamente su operatividad en misiones de riesgo.

En el Congreso, PP y Vox han anunciado que interpelarán al ministro Grande-Marlaska por lo que consideran un “esperpento contractual”. En paralelo, el Senado también debatirá el caso, con la popular Alicia García exigiendo explicaciones al PSOE por una gestión que califica de “chapuza política y administrativa”.

La polémica ha dejado al descubierto la falta de coordinación interna entre los ministerios y la fragilidad de los equilibrios dentro del Ejecutivo. A menos de 24 horas para el vencimiento del plazo, el Gobierno mantiene la apuesta por el silencio y la inacción como vía de escape legal, en un asunto que combina fallos de gestión, intereses internacionales y una decisión política que podría salir muy cara.

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En Aue-Bad Schlema, partidos democráticos como la CDU y Die Linke han respaldado, sin votos en contra, una moción propuesta por un partido extremista. La medida, centrada en seguridad y migración, marca una preocupante normalización de discursos radicales en la política local alemana
The post ¿Se rompe el “cordón sanitario” en Alemania? first appeared on Hércules.  En una decisión que ha generado alarma en el panorama político alemán, el ayuntamiento de Aue-Bad Schlema, localidad del estado de Sajonia, aprobó sin oposición una moción de tintes claramente ultraderechistas. La propuesta inicial, impulsada por el partido extremista “Sajonia Libre”, fue respaldada por la ultraderechista AfD, pero también por la conservadora CDU y, sorprendentemente, por representantes de la izquierda. Solo el concejal del SPD se abstuvo; no hubo votos en contra.

La moción, rebautizada y ligeramente editada por la administración municipal encabezada por Heinrich Kohl (CDU), hace referencia a una “emergencia” migratoria y propone medidas para “aumentar la seguridad”, incluyendo la expulsión de solicitantes de asilo condenados por delitos fuera del territorio urbano. A pesar del maquillaje institucional, el contenido reproduce el discurso habitual de la ultraderecha: criminalización de los migrantes, percepción de descontrol migratorio y soluciones punitivas.

Según informó Der Spiegel, el documento aprobado alude a una “gestión inadecuada de los movimientos migratorios” y a una situación de excepcionalidad que justificaría medidas extraordinarias. La decisión fue celebrada por los “Sajones Libres” como una “sensación en los Montes Metálicos” y una “implosión del cortafuegos” que hasta ahora separaba a los partidos democráticos de las fuerzas extremistas.

El único partido que reaccionó críticamente tras el voto fue Die Linke. Un portavoz declaró que la aprobación de su concejal fue un error y contraviene la posición oficial del partido de no colaborar nunca con formaciones extremistas. “Volveremos a hablar con nuestros representantes en todos los niveles sobre lo inaceptable que es normalizar políticas de extrema derecha”, aseguró.

La ciudad, situada en el distrito de Erzgebirgskreis, refleja una tendencia preocupante: en las elecciones locales de 2024, la AfD rozó el 22 % del voto, seguida por la CDU (21,4 %) y con los “Sajones Libres” alcanzando un significativo 12 %. El terreno político parece fértil para que discursos radicales encuentren no solo eco, sino respaldo institucional.

“Sajonia Libre” fue fundada en 2021 como una escisión de extrema derecha. Desde sus inicios, ha sido una plataforma para activistas vinculados al partido neonazi Die Heimat (anteriormente NPD) y otras figuras radicales. Las oficinas de Protección de la Constitución, tanto estatal como federal, han clasificado al partido como un grupo con objetivos anticonstitucionales. Desde 2022 está oficialmente bajo vigilancia nacional como “caso sospechoso” de extremismo.

La normalización política de su agenda, a través de mociones como esta, supone una ruptura del llamado “cordón sanitario” que tradicionalmente ha impedido a partidos democráticos colaborar con fuerzas extremistas. Que una medida propuesta por un partido bajo vigilancia constitucional sea aceptada sin oposición, y respaldada incluso por representantes de izquierda, abre un debate sobre la fragilidad de los consensos democráticos en regiones con fuerte presión electoral por parte de la ultraderecha.

El caso de Aue-Bad Schlema podría convertirse en un precedente peligroso. Más allá del contenido específico de la moción, lo significativo es el gesto político: ceder al marco conceptual y a las prioridades de grupos extremistas. La reacción tibia o incluso justificatoria de algunos actores políticos añade otra capa de inquietud.

En el contexto actual, donde partidos como la AfD ya han sido clasificados como extremistas definitivos en algunos estados, este tipo de alianzas tácitas o explícitas suponen una erosión preocupante de las barreras democráticas. Lo ocurrido en Sajonia es una advertencia: no solo sobre el avance de la extrema derecha, sino sobre su creciente aceptación en la política convencional.

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Hace décadas que las élites progresistas no comparten espacios de vida con la plebe. ¿Por eso pierden tantas elecciones?
The post La izquierda que dejó de ir en metro first appeared on Hércules.  Tengo un amigo, exalto cargo de Izquierda Unida, que maneja un perfecto termómetro para adivinar cuándo llega un duro retroceso electoral. Le basta poner la antena en el autobús y escuchar las conversaciones de la gente corriente. Cuando sus conflictos son muy distintos de los que se debaten en el Comité Federal significa que viene una fuerte bajada de escaños. Mientras la plebe padece por pagar los libros de textos en septiembre o los gastos de Navidad en la cuota de la tarjeta de febrero, el órgano de decisión neocomunista debate sobre Palestina, identidad de género o la renovación del Tribunal Supremo, cuando no de la necesidad de parar a “la extrema derecha excluyente y sin perspectiva de género”. La calle y la élite de IU son dos mundos que apenas se rozan.

 He recordado las conversaciones con mi colega al leer una entrevista de la revista digital Jot Down con la veterana periodista Luz Sánchez-Mellado, responsable de las charlas de la contraportada de El País. Le preguntan si viaja en metro y responde lo siguiente: “Voy en taxi. Soy una señora, soy una burguesa, pero el taxi me lo pago yo. Y no voy en metro porque sufro mucho por ver la desigualdad, la somatizo. A mí me amarga el día ver a alguien pidiendo en el metro. Luego estoy todo el día pensando en esa persona que me ha pedido o que he visto durmiendo en la calle. Me duele físicamente. Me pongo mala. Soy cobarde, y entonces adopto la postura del avestruz. Meto la cabeza bajo tierra y me voy en taxi”, explica. Si esto lo suelta Tamara Falcó, la están crucificando durante años en loa programas de humor de la Cadena Ser.

Todo el mundo tiene derecho a escoger el medio de transporte que prefiera, dentro de sus posibilidades económicas, pero Sánchez-Mellado no solo rechaza compartir el de la gente corriente, sino que presenta el taxi como una opción moral superior, la de la gente con una sensibilidad especial contra la desigualdad. La periodista dedica la mayoría de su tiempo de trabajo a entrevistar celebridades, pero en toda la conversación con Jot Down hay un tono heroico, como de guerrera de la palabra escrita, similar al de tantos políticos de izquierda que se creen cruzados sociales cuando son peones del sistema. Hace tiempo que el progresismo político y mediático no comparte ningún espacio de vida con la plebe, ya que llevan a sus hijos a colegios concertados, viven en barrios gentrificados de grandes ciudades y tienen patrones de consumo más cercanos a sus jefes que a sus votantes o a sus oyentes. Quizá eso explica su gran parte de su actual pérdida de apoyos, en las urnas y en las cifras de audiencia.

Por supuesto, hay más ejemplos. Este fin de semana, sin ir más lejos, el mismo periódico publicaba una tribuna de la escritora estadounidense Siri Hustvedt —seguramente reproducida en otros diarios progresistas europeos— donde describía el Estados Unidos actual como un régimen fascista y acusaba a los medios de ‘sanewashing’ (blanqueamiento de la locura) por tratar el trumpismo como una opción política legítima (denuncia por esto, ahí es nada, al mismísimo The New York Times, biblia del wokismo). Hustvedt menciona en el texto que ella vive en Brooklyn, un barrio donde el metro cuadrado ronda los 15.000 euros de media y los alquileres mensuales están a 3.500. Allí apenas se nota el fascismo, según admite, pero ella se siente obligada a señalar que los votantes pobres de Donald Trump dañan a todos cuando van a las urnas (¿cómo se atreven esos paletos a elegir candidato sin la supervisión de alguien de Brooklyn?). Estoy seguro de que el día en que a Sánchez-Mellado le toque entrevistar a Hustvedt van a conectar a tope, otro ‘triunfo’ del progresismo que no soporta la calle.

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El presidente del grupo mediático gana la batalla por el control de la compañía con el respaldo de más del 99% del capital en plena guerra interna
The post Oughourlian se impone a los accionistas afines a Moncloa: “Prisa no es un juguete” first appeared on Hércules.  Joseph Oughourlian ha salido reforzado de la última junta de accionistas de Prisa. El presidente del conglomerado mediático que edita El País y controla la Cadena SER ha conseguido imponerse con un respaldo masivo del 99,52% del capital social en todos los puntos del orden del día, salvo en la ampliación de capital, donde obtuvo un sólido 85%, lo que refuerza su liderazgo frente al núcleo duro de accionistas críticos alineados con Moncloa.

Durante la junta, Oughourlian lanzó un mensaje rotundo: “Prisa no es un juguete”. Un dardo directo a quienes, según él, han intentado desestabilizar la compañía por intereses personales y políticos. Los principales actores de esta ofensiva son Global Alconaba, con apoyo gubernamental, y Andrés Varela Entrecanales, que han maniobrado para disputar el control del grupo, incluso con recurso judicial contra la refinanciación de la deuda.

Pulso en la cúpula de Prisa

Lejos de esconderse, Oughourlian se mostró firme pero conciliador: “Prefiero tender la mano a quienes tienen intereses en la empresa, pero no podemos tolerar que el interés particular se imponga al común”. El empresario recordó que su gestión ha permitido refinanciar una deuda de más de 800 millones de euros, algo que, según Pilar Gil, vicepresidenta de Prisa, habría sido imposible sin su liderazgo, dadas las turbulencias del entorno económico y la oposición de los críticos.

El presidente de Prisa también denunció el coste económico generado por la pugna interna: 62 millones de euros, entre comisiones a acreedores, costes judiciales y sobrecostes por ampliaciones de capital. Además, reveló que el fondo Pimco, principal acreedor de la empresa, condicionó la refinanciación a su permanencia al frente de la compañía.

Rechazo a la televisión pro-gubernamental

Uno de los puntos de fricción más importantes ha sido la negativa de Oughourlian a impulsar un canal de televisión con una línea editorial favorable al Gobierno, ideado por José Miguel Contreras. La cancelación del proyecto provocó la salida de varios altos cargos, entre ellos el propio Contreras y Carlos Núñez, y encendió la mecha del enfrentamiento interno.

Aun así, el presidente no rehuyó el debate durante el turno de preguntas. Adolfo Utor, dueño del 5% del capital y presidente de Transmediterránea, criticó la evolución financiera de Prisa bajo su mando, señalando que, pese a las ampliaciones de capital y cierta mejora contable, los resultados siguen siendo negativos. La respuesta de Oughourlian fue tajante: “Eres de los pocos accionistas que pueden decir que han ganado dinero con mi gestión”.

Nuevo plan estratégico y defensa de Santillana

De cara al futuro, Oughourlian anunció la preparación de un nuevo plan estratégico para consolidar la recuperación financiera y empresarial del grupo. Reivindicó que “2024 ha sido un buen año” con una drástica reducción del endeudamiento y un margen de EBITDA que sitúa a Prisa en su mejor posición en dos décadas.

En cuanto a Santillana, la joya del grupo por su rentabilidad, el presidente descartó cualquier posibilidad de venta. “Aporta el 70% del EBITDA del grupo. Es irrenunciable. Me duele que se diga que está en venta”, sentenció.

Mientras tanto, los accionistas críticos no se rinden. Según fuentes próximas, el bloque español vinculado al Gobierno estaría sondeando apoyos para una posible OPA hostil, y han mantenido conversaciones con el magnate checo Daniel Kretinsky, con quien Moncloa ya ha negociado su eventual desembarco. Con una fortuna estimada de 9.500 millones de dólares y experiencia en medios como Le Monde, su entrada reactivaría la batalla por Prisa.

“Estoy harto de guerras internas”, concluyó Oughourlian. “Por fin estamos donde queremos estar. Es hora de centrarnos en el negocio, los productos y los lectores. La integridad de Prisa no está en venta, ni mi compromiso con su futuro”. El presidente logró no solo ganar el pulso, sino consolidar su poder con legitimidad del capital, dejando claro que seguirá al frente de una Prisa en transformación, pero bajo su timón.

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Bruselas reacciona al apagón con más almacenamiento de gas, mientras el presidente español insiste en su apuesta exclusiva por las energías verdes
The post La UE blinda su suministro de gas hasta 2027 mientras Sánchez promete vivir solo de las renovables first appeared on Hércules.  El Parlamento Europeo ha aprobado la ampliación del plan de almacenamiento de gas natural de la Unión Europea hasta finales de 2027, en respuesta a la creciente tensión en el mercado energético tras el apagón que afectó a varios países, entre ellos España. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que España puede prescindir de los combustibles fósiles y de la energía nuclear, y vivir únicamente de renovables como la eólica y la solar.

El contraste entre la estrategia europea y la postura del Ejecutivo español no puede ser más marcado. Bruselas alerta de una escalada de compras de gas que ha disparado los precios, mientras Sánchez, pese a las advertencias, se aferra a su agenda ecológica radical.

Más gas y menos riesgos: el plan europeo

Bajo el lema “Almacenamiento de gas: flexibilidad en la recarga para reducir los precios”, la Comisión Europea ha lanzado un conjunto de medidas para garantizar el suministro energético del continente. La pieza central es la extensión del plan de almacenamiento aprobado en 2022, que ahora permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta decisión busca proteger a la UE ante futuras interrupciones, especialmente durante los meses de invierno, y frenar la especulación que ha comenzado a inflar los costes del gas durante los meses de verano.

El objetivo inicial de llenar los depósitos al 90% antes del 1 de noviembre ha sido modificado. Los eurodiputados han aprobado una reducción al 83%, alcanzable entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre. Además, los países podrán desviarse hasta cuatro puntos porcentuales en caso de situaciones adversas, como una alta demanda o interrupciones del suministro. Incluso, si persisten estas condiciones, la Comisión podrá autorizar una desviación adicional de otros cuatro puntos.

No obstante, Bruselas impone un límite: los depósitos no podrán quedar por debajo del 75% de su capacidad, sumando todas las flexibilidades y excepciones.

España a contracorriente: negando el apagón

Frente a este giro pragmático de la UE, España parece seguir un camino opuesto. Tras el apagón de 2024, que dejó al país como uno de los más afectados, el Gobierno ha mantenido su discurso inalterado. Sánchez ha reafirmado que España “vivirá sólo con renovables”, desoyendo tanto las advertencias del mercado como los informes técnicos.

Uno de esos informes, elaborado por Red Eléctrica Española (REE) y remitido en mayo de 2024, alertaba de la necesidad de “criterios de protección” ante la entrada masiva de renovables. Incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirmó que Sánchez tenía en su poder ese informe. Pero el presidente niega cualquier responsabilidad en el apagón.

Ahora, mientras Europa busca asegurar su energía con almacenamientos y medidas de flexibilidad, España se convierte en una excepción ideológica que ignora las señales del mercado. Algunos think tanks internacionales ya se preparan para presentar el caso español como un ejemplo de los riesgos del ecologismo radical mal planificado.

Con la demanda de gas al alza y los precios en constante ascenso, Bruselas se adapta. El resto de Europa refuerza sus reservas y flexibiliza sus normas. Solo España mantiene una política energética alejada del consenso internacional, ignorando tanto las advertencias internas como los movimientos de sus socios europeos.

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El hermano del presidente del Gobierno se enfrenta a un juicio por tráfico de influencias y prevaricación tras ser acusado de acceder a un puesto “a medida”
The post Las acusaciones populares piden tres años de cárcel para David Sánchez y anular su plaza en la Diputación de Badajoz first appeared on Hércules.  El caso que involucra a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, entra en una fase decisiva. Las acusaciones populares piden tres años de cárcel para el músico por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras su polémico acceso a una plaza en la Diputación de Badajoz en 2017. El proceso se agrava al incluir también una petición de anulación de la convocatoria de empleo público que le permitió acceder al cargo, además de la devolución de los salarios percibidos.

Las acusaciones, representadas por entidades como Manos Limpias, Hazte Oír, PP, Abogados Cristianos e Iustitia Europa, aseguran que el puesto fue creado expresamente para él, mediante un proceso simulado sin garantías constitucionales, en el que “el resto de los candidatos no tenían posibilidad alguna”.

Dos plazas bajo sospecha y un ascenso cuestionado

El escándalo no afecta solo a Sánchez. La magistrada Beatriz Biedma, que procesó al hermano del presidente a finales de abril, también ha propuesto llevar a juicio a otros 10 acusados, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Además, se solicita la anulación de la plaza otorgada al exasesor de Moncloa Luis Carrero, amigo personal de Sánchez, que aún ejerce como jefe de Centros y Programas de Actividades Fronterizas.

La evolución del puesto de David Sánchez también ha sido objeto de controversia. En 2017 fue nombrado coordinador de los conservatorios y, cinco años más tarde, pasó a dirigir la Oficina de Artes Escénicas, en un movimiento que, según las acusaciones, fue un simple “cambio de nomenclatura” sin proceso selectivo. Para justificar su ascenso, denuncian que se simuló una modificación administrativa para evitar convocar una nueva plaza.

Los testigos del caso, cuyas declaraciones están recogidas en un escrito de 38 páginas, han descrito a David Sánchez como un empleado prácticamente fantasma. Aseguran que no cumplía jornada alguna, no fichaba, apenas acudía a su lugar de trabajo y carecía de colaboradores o resultados documentados. Uno de los testimonios afirma que la plaza ya estaba adjudicada antes incluso de que se abriese el proceso público, lo que refuerza la idea de enchufismo institucionalizado.

El propio Sánchez compareció por segunda vez el pasado 25 de abril, donde negó cualquier irregularidad. Alegó que buscó vivienda en Badajoz “para ver precios”, no porque tuviera garantías sobre la plaza. Sin embargo, la Guardia Civil ha intervenido correos y recabado pruebas que, a juicio de la magistrada, ofrecen indicios sólidos de prevaricación.

Recurso en camino

El músico ya ha anunciado que recurrirá el auto de procesamiento, mientras su defensa ha solicitado que se incorporen las últimas declaraciones testificales al sumario. A pesar de haber rechazado continuar en su puesto a principios de febrero, David Sánchez sigue siendo el centro de una causa judicial de alto perfil, con implicaciones políticas directas para el Ejecutivo.

Las acusaciones piden para él, además de los tres años de cárcel, una multa de 32.400 euros. En el caso del presidente de la Diputación, se solicita su inhabilitación durante 15 años para ejercer cargos públicos y el derecho de sufragio pasivo, así como una sanción económica de seis meses con una cuota diaria de 180 euros.

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El barómetro de mayo sitúa al PSOE con el 32% de los votos y al PP con el 29,3%, tras un mes marcado por crisis en infraestructuras y malestar ciudadano
The post El CIS reduce a menos de 3 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP en pleno caos por el apagón y el AVE first appeared on Hércules.  El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este martes, refleja un acercamiento notable entre el PSOE y el PP, en un mes marcado por el “gran apagón” del 28 de abril y los problemas del AVE entre Madrid y Andalucía provocados por el robo de cobre. El PSOE obtendría el 32% de los votos en unas hipotéticas elecciones generales, mientras que el PP alcanzaría el 29,3%, reduciendo la distancia a solo 2,7 puntos.

Este recorte supone una mejora significativa para el Partido Popular, que sube 3,2 puntos respecto a abril, cuando marcó su peor dato de la legislatura. Por el contrario, el PSOE pierde 0,6 puntos, lo que indica un desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez en un contexto de descontento por la gestión de las infraestructuras y la incertidumbre política.

Vox y Sumar siguen lejos del bipartidismo

En tercera posición se mantiene Vox, con un 13,7% de estimación de voto, aunque pierde 1,5 puntos tras la fuerte subida que experimentó en abril. El partido de Santiago Abascal mantiene una amplia ventaja sobre Sumar, al que supera por 7,6 puntos. La formación de Yolanda Díaz registra un 6,1%, cayendo apenas 0,1 puntos, pero evidenciando una tendencia de estancamiento y pérdida de tracción como alternativa progresista.

La situación de Sumar se ha visto debilitada también por el revés legislativo en su propuesta estrella, la reducción de la jornada laboral, que ha sido paralizada por la negativa de Junts, pese a haber sido respaldada por el Consejo de Ministros. Este golpe político ha afectado la percepción de liderazgo de Díaz y la viabilidad de su proyecto.

Podemos remonta tímidamente mientras SALF se desploma

Fuera del cuarteto principal, Podemos muestra un ligero crecimiento, alcanzando un 4,3% de estimación de voto, lo que supone una subida de 0,3 puntos. La formación morada sigue viva en el espacio de la izquierda, mientras la tensión en el entorno de Sumar podría favorecer nuevas fugas de votantes hacia los antiguos socios de Gobierno.

En cambio, la formación populista de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), retrocede hasta el 1,5%, por debajo incluso de ERC, que obtiene un 1,6%. SALF se ve afectada por un mes caótico en el que el Tribunal Supremo ha abierto una tercera causa penal contra Alvise por sus ataques contra la fiscal Susana Gisbert y por la difusión de una PCR falsa de Salvador Illa. Además, dos de sus eurodiputados han abandonado la formación, denunciando prácticas de “matonismo y chantaje” por parte del líder.

El 80% de los españoles rechaza bajar la edad de voto a 16 años

Uno de los datos más contundentes del barómetro de mayo tiene que ver con la opinión pública sobre la propuesta de Sumar de reducir la edad de voto a los 16 años. Según el CIS, casi ocho de cada diez españoles (79,3%) se oponen a la medida. El 40,5% se manifiestan “en desacuerdo” y un 38,8% lo hacen “muy en desacuerdo”, dejando muy poco margen de apoyo popular para una iniciativa que Díaz ha intentado impulsar como parte de su agenda progresista.

La encuesta se ha realizado en medio de un clima social convulso. El apagón del 28 de abril, que dejó incomunicada gran parte de la península, y los problemas en las conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía el 4 de mayo, han marcado la actualidad y podrían haber influido en la caída del PSOE y la recuperación del PP.

También ha tenido eco mediático la aprobación por parte de la CNMC de la opa hostil del BBVA sobre Banco Sabadell, que ha generado inquietud en sectores financieros y políticos.

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