Categoría: ESPAÑA

Desde que arrancó la legislatura, el PSOE ha visto caer tres decretos leyes, una ley entera (la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública), la senda de estabilidad presupuestaria y hasta cuatro proposiciones de ley propias
The post El PSOE encadena derrotas en el Congreso y ya suma más de 100 votaciones perdidas first appeared on Hércules.  El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa una etapa de fragilidad parlamentaria sin precedentes. Esta semana, el PSOE ha cerrado el pleno del Congreso con tres nuevas derrotas, lo que eleva a 108 el número de votaciones perdidas desde el inicio de la legislatura, hace apenas 17 meses.

En los últimos días, los socialistas no lograron frenar una proposición de ley del PP para reformar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ni evitar la aprobación de una moción popular sobre seguridad energética. Tampoco pudieron impedir que el Congreso tumbara el tratado hispanofrancés de cooperación, recurrido por el PP ante el Constitucional por permitir que un ministro francés se siente en el Consejo de Ministros español.

Tropiezos repetidos y leyes bloqueadas

Estas derrotas no son aisladas. La semana anterior, el Ejecutivo ya había perdido una moción económica presentada por el PP gracias al apoyo de ERC y Podemos, que exigen al Gobierno que presente cuanto antes los Presupuestos Generales de 2025 y la senda de estabilidad.

Desde que arrancó la legislatura, el PSOE ha visto caer tres decretos leyes, una ley entera (la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública), la senda de estabilidad presupuestaria y hasta cuatro proposiciones de ley propias, entre ellas las dirigidas a luchar contra la prostitución, reformar la Ley de Extranjería o desarrollar el testamento vital.

El Ejecutivo también ha tenido que retirar su propuesta de reforma de la Ley de Suelo, al constatar que no reunía los apoyos suficientes para superar el debate parlamentario.

Las crisis internas

Además de las propuestas de la oposición, el Gobierno ha sido incapaz de frenar la tramitación de leyes impulsadas por sus propios socios, como la iniciativa de Sumar para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española, a la que el PSOE se opuso sin éxito.

También ha sufrido reveses al ver cómo la oposición lograba introducir enmiendas en leyes del propio Gobierno —como las de Paridad, Justicia, Desperdicio Alimentario o la reforma fiscal— y cómo se reprobaba a dos ministros: Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente.

El desgaste

La primera derrota relevante se remonta al 10 de enero de 2024, cuando la abstención de Junts y el voto en contra de Podemos tumbaron el decreto sobre subsidios por desempleo, redactado por el Ministerio de Trabajo.

Desde entonces, el Gobierno ha encajado múltiples derrotas, como el bloqueo inicial a la Ley de Amnistía, la reprobación de Marlaska por la muerte de dos guardias civiles en Barbate, y el avance de propuestas del PP sobre cuestiones sensibles como la protección del lobo ibérico o el control del envío de material militar al extranjero.

Pese a que muchas de estas leyes siguen atascadas en fase de enmiendas gracias a la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, el goteo de derrotas refleja una erosión clara de apoyos dentro y fuera del bloque de investidura.

Una oposición que maximiza su fuerza

El PP ha sabido explotar la debilidad del Gobierno dividiendo sus propuestas en múltiples votaciones para multiplicar las posibilidades de desgaste. A esa estrategia se han sumado en ocasiones socios habituales del Ejecutivo, como PNV, ERC o Junts, lo que ha acentuado aún más el aislamiento parlamentario del PSOE.

El récord de derrotas se produjo el 19 de diciembre de 2024, cuando el Congreso aprobó 23 iniciativas contra el criterio del Gobierno en un solo día. Solo un mes después, el 22 de enero, se produjo otro golpe simbólico: la derogación de dos decretos clave, entre ellos uno que incluía la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público.

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La administración Trump ha logrado reactivar negociaciones entre Ucrania y Rusia mediante presión estratégica, aunque las posiciones siguen distantes. Sin garantías sólidas y una solución integral, el conflicto podría quedar congelado, no resuelto
The post ¿Está EEUU negociando con Hamas dejando al margen a Israel? first appeared on Hércules.  Una negociación encubierta entre miembros de Hamas y representantes no oficiales con vínculos en Estados Unidos ha permitido la liberación del rehén Idan Alexander. Así lo reveló la cadena libanesa Al-Mayadeen, que expuso los contactos mantenidos entre el activista palestino-estadounidense Bishara Bahbah y Ghazi Hamad, figura clave en la cúpula política de Hamas. Bahbah relató los entresijos de la operación en el programa “The Central Edition”.

“Recibí una llamada desde Hamas. Me expresaron su disposición a liberar a todos los rehenes si se alcanzaba un alto el fuego. Me solicitaron que hiciera llegar ese mensaje a autoridades estadounidenses, y eso hice”, explicó Bahbah. “Entiendo que alguien como Steve Whitkoff, al recibir mi mensaje, se preguntara quién soy y a quién represento”, añadió. Según Bahbah, Whitkoff propuso liberar a Alexander como señal de apertura, una idea que surgió hacia finales de abril y desde entonces ha guiado las tratativas. “Todo el esfuerzo se centró en liberar a Idan Alexander como gesto hacia el presidente Biden, con la expectativa de que presione por un alto el fuego y facilite el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza”, declaró.

La mediación de Suha Arafat, viuda del líder palestino Yasser Arafat, fue decisiva para abrir el canal de comunicación. Ella fue quien conectó a Hamad con Bahbah hace dos meses. Además, se afirma que Bahbah contaba con luz verde de la Casa Blanca para entablar el diálogo con Hamas, lo que desembocó en la entrega de Alexander. Al-Mayadeen también reveló que las conversaciones entre Washington y el grupo islamista se iniciaron en febrero gracias a un interlocutor intermedio: Adam Buehler, en contacto con varios representantes de Hamas. La prioridad era comprender su lógica interna, cómo convencerlos de liberar a Alexander, y qué papel veían para Estados Unidos en la salida del conflicto.

La gestión fue impulsada por Bashar Al-Masri, empresario palestino y amigo de Buehler, quien organizó reuniones entre este y altos dirigentes de Hamas como Bassem Naim, Osama Hamdan y Taher al-Nunu. Una cita posterior incluyó a Khalil al-Haya, con Al-Masri también presente. En estas reuniones, Washington exigía la liberación de Alexander como paso previo para ejercer presión en favor del cese de las hostilidades. Sin embargo, Hamas exigió la liberación de 250 presos palestinos a cambio. Se asegura que el expresidente Trump intentó cerrar el acuerdo antes de su discurso sobre el Estado de la Unión, pero la negativa israelí y un ataque directo a Buehler hicieron descarrilar las gestiones.

Según el mismo alto funcionario palestino, Tel Aviv se negó rotundamente a colaborar en este canal alternativo. Aun así, a finales de abril, los contactos se reanudaron por medio de Bahbah. Tanto Qatar como Egipto desempeñaron un rol de presión hacia Hamas para aceptar la propuesta estadounidense, con la promesa implícita de que Washington se implicaría activamente en la resolución del conflicto.

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un Anteproyecto de Ley con el fin de modificar también la Ley 50/1981, de 30 de diciembre
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla por teléfono. Fuente: Europa Press

El Gobierno ha impulsado recientemente dos iniciativas legislativas relevantes para el fortalecimiento institucional del ámbito judicial y fiscal en España. Se trata, por un lado, de un Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, tal y como denuncia el documento publicado por el exdiputado Pablo Cambronero a través de su cuenta de “X”,

Esta modificación tiene como objetivo regular el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, orientado específicamente a la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal.

Por otro lado, se ha presentado un Anteproyecto de Ley con el fin de modificar también la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, en lo que respecta a la regulación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Esta propuesta legislativa se enmarca en los efectos previstos por el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, lo que indica un procedimiento legislativo en fase inicial, pero con implicaciones significativas para la estructura y funcionamiento del Ministerio Fiscal.

Ambas iniciativas reflejan la voluntad del Ejecutivo de revisar y actualizar el marco normativo que rige las funciones del poder judicial y del Ministerio Fiscal, con el propósito de reforzar su independencia, profesionalización y eficacia en el ejercicio de sus competencias.

Por otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado también dos millones de euros procedentes de los impuestos de los españoles al “Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UN DESA) para los costes derivados del Acuerdo de sede de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo” en Sevilla, en el ejercicio 2025, por un importe de 2.048.850 euros.

El Consejo de Ministros subvenciona revistas satíricas a través del Ministerio de Cultura

Entre las subvenciones más llamativas del Gobierno se encuentran las adjudicaciones públicas, hechas a través del Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun, a la revista satírica Mongolia’ de los últimos años. La revista habría recibido hasta 82.266 euros desde 2020, tal y como denuncia el exdiputado Pablo Cambronero a través de su cuenta de “X”.

El documento publicado por el exdiputado es un extracto de datos relevantes sobre subvenciones registradas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) correspondientes a la entidad Editorial Mong SL, con número de identificación fiscal B86408804.

El documento también ofrece un desglose de las concesiones por año. En el año 2020, el importe total fue de 54.250,00 euros. En 2021, la cifra se situó en 9.018,38 euros. Para el año 2022, el importe fue de 12.997,60 euros, mientras que en 2023 fue de 6.000,00 euros. Finalmente, para el año 2024, se registra un importe de 6.000,00 euros.

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El sindicato pide a la Fiscalía que investigue quién filtró los mensajes entre Sánchez y Ábalos, al considerar que afectan a la institución de la Presidencia
The post Manos Limpias denuncia la filtración de los WhatsApp de Sánchez por vulnerar su intimidad first appeared on Hércules.  El sindicato Manos Limpias ha sorprendido con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue como delito la filtración de los mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El motivo: una posible vulneración de la intimidad del jefe del Ejecutivo, en un contexto especialmente tenso por las revelaciones que siguen emergiendo de la conocida trama Koldo.

La paradoja es evidente. Manos Limpias es el mismo sindicato que ha impulsado procesos judiciales contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y contra su hermano, David Sánchez, por presunta corrupción. Pero esta vez, el sindicato encabezado por Miguel Bernad asegura que actúa no para proteger al presidente como individuo, sino para salvaguardar la institución que representa.

Señalan a Ábalos como posible autor de la filtración

Según el contenido de la denuncia, a la que ha tenido acceso El Debate, las conversaciones filtradas no habrían sido autorizadas por Sánchez y su difusión afectaría al derecho constitucional a la intimidad, recogido en el artículo 18 de la Carta Magna, que garantiza también el honor y la propia imagen.

El sindicato señala que José Luis Ábalos podría ser el filtrador, dada su implicación directa en los mensajes y su distancia creciente del núcleo del poder socialista. Piden por ello al Ministerio Público, dirigido por Álvaro García Ortiz, él mismo imputado por revelación de secretos en el Tribunal Supremo, que abra diligencias de investigación para esclarecer el origen de las filtraciones.

Ábalos, preguntado al respecto, ha optado por alimentar las especulaciones con una respuesta ambigua: “Prefiero que se queden con la duda de quién los ha filtrado”, añadió, con un gesto enigmático, “sí, porque sufre”, sin dar más detalles. Su antiguo asesor, Koldo García, ha arrojado más leña al fuego al asegurar en el programa de Ana Rosa Quintana que el disco duro donde estaban los datos del teléfono de Ábalos no le pertenecía a él, sino que era propiedad del exministro.

Bolaños habla de esclarecer los hechos, pero sin concretar

Desde el Gobierno, la reacción ha sido tibia. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, declaró este martes en rueda de prensa que el Ejecutivo quiere “esclarecer el origen de las filtraciones”. Sin embargo, no anunció ninguna medida concreta ni mostró una hoja de ruta clara para afrontar una situación que mezcla lo privado con lo institucional, y que deja en evidencia la fragilidad del círculo de confianza de Pedro Sánchez.

En la denuncia, Bernad subraya que no se trata de defender al agraviado —en referencia a Sánchez— sino de proteger la legalidad vigente y el funcionamiento del Estado de Derecho. Aunque el Ejecutivo ha deslegitimado públicamente a Manos Limpias en múltiples ocasiones, calificándolo de “organización de extrema derecha”, esta acción judicial podría poner en aprietos a la Fiscalía, ya presionada por su propio descrédito y por el escándalo de la trama que salpica a varios antiguos altos cargos del PSOE.

Los mensajes filtrados revelan no solo una relación fluida y continua entre Sánchez y Ábalos, sino que se mantuvo incluso poco antes del estallido del caso Koldo y de la detención de varios implicados. Según se ha sabido, ambos se reunieron en los jardines de Moncloa en días clave, lo que refuerza la percepción de que el presidente tenía conocimiento directo o indirecto del ambiente en torno a su exministro.

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El ente aeroportuario busca forar el desalojo de los 500 indigentes que pernoctan en la T4 y que el Ayuntamiento de Madrid se haga cargo de ellos
The post AENA desata una ‘guerra silenciosa’ contra los sintecho en Barajas para dejárselos a Madrid first appeared on Hércules.  La terminal 4 del aeropuerto de Barajas se ha convertido en el epicentro de una crisis humanitaria, social e institucional que ha estallado tras meses de inacción. AENA, responsable de la gestión del aeropuerto, ha pasado a la ofensiva para expulsar a los aproximadamente 500 sintecho que se han instalado en sus instalaciones y presiona para que el Ayuntamiento de Madrid asuma su atención. Lo que comenzó como un fenómeno marginal se ha transformado en una ‘ciudad oculta’ dentro del aeropuerto, con escenas de violencia, drogadicción, prostitución y condiciones sanitarias deplorables.

Trabajadores del aeropuerto, usuarios, azafatas y pilotos han levantado la voz ante una situación que afecta directamente a la operativa, la seguridad y la imagen internacional de España. AENA, desbordada y sin soluciones efectivas, ha iniciado una estrategia de presión indirecta para provocar la huida de estas personas y descargar la responsabilidad sobre las administraciones locales.

Fumigaciones, cortes de luz y restricciones: una estrategia de desgaste

La presencia masiva de personas sin hogar ha generado focos de insalubridad que se han traducido en plagas de chinches y otros insectos, lo que ha obligado a AENA a activar operativos de fumigación en varias zonas de la T4. Sin embargo, esta medida sanitaria es solo una parte de una campaña más amplia y deliberada de incomodidad y desgaste: cortes de suministro eléctrico en enchufes y tomas de carga, interrupción de la ventilación en zonas específicas, y restricciones de acceso a ONGs y asociaciones que asisten a estas personas.

La asociación Bokatas, que ofrece comida y apoyo social, ha denunciado que AENA impide su entrada al recinto, obligándoles a lavar la ropa de los sintecho en su sede del barrio madrileño de Tetuán. Esta estrategia ha aumentado la tensión en el aeropuerto, donde los enfrentamientos, hurtos y actos vandálicos son cada vez más frecuentes, generando alarma entre los pasajeros y dificultando el trabajo del personal de limpieza y seguridad.

Choque institucional: nadie quiere asumir la gestión de la crisis

El conflicto ha derivado en un cruce de acusaciones entre AENA, el Gobierno central y las administraciones madrileñas. Mientras la Delegación del Gobierno restó importancia al problema durante meses, negando incluso los episodios violentos que están documentados en denuncias internas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Almeida han evitado tomar la iniciativa. Solo recientemente, y tras el endurecimiento de las medidas por parte de AENA, han empezado a movilizarse ante la posibilidad de que el conflicto acabe trasladándose a la ciudad.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que “mientras haya una sola persona durmiendo en el suelo del aeropuerto, no podemos pensar que esto ha terminado”. No obstante, dejó claro que la Comunidad solo actuará si AENA realiza una petición formal de ayuda, algo que aún no ha ocurrido.

El sindicato ASAE, que representa a los trabajadores del aeropuerto, ha denunciado la precariedad de medios para hacer frente a esta crisis. “No tenemos más manos. AENA exige una limpieza imposible con los recursos actuales”, aseguran fuentes internas. Mientras tanto, los sintecho resisten, negándose a abandonar Barajas pese a las condiciones cada vez más hostiles, y amenazan con “aguantar todas las faenas que nos hagan”.

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La abstención de Junts y Podemos impide al Gobierno sacar adelante un pacto que el PP tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional
The post El Congreso tumba el Tratado con Francia por abstención de Junts y Podemos first appeared on Hércules.  El Tratado de Amistad entre España y Francia, firmado en enero de 2023 por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, ha sido rechazado este miércoles en el Congreso de los Diputados. La abstención de Junts y Podemos impidió que el Gobierno de coalición y sus socios alcanzaran la mayoría necesaria para enviarlo al Senado, lo que ha supuesto una derrota parlamentaria clave para el Ejecutivo. El PP, Vox y UPN, con 171 votos, han logrado frenar su avance, frente a los 163 apoyos obtenidos por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y CC.

El tratado, recurrido por el PP ante el Constitucional, contemplaba que ministros de ambos países pudieran participar, al menos una vez cada tres meses, en los respectivos Consejos de Ministros. Esta medida inédita en la política española obligó previamente a modificar la Ley del Gobierno, una reforma que el PP considera inconstitucional y por la que presentó un recurso en el Senado que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

Un acuerdo con participación ministerial bilateral

El acuerdo, que había sido aprobado en comisión el pasado 6 de mayo con la abstención del PP, pretendía reforzar la cooperación política entre España y Francia. La novedad más polémica era la participación cruzada de ministros en los consejos de gobierno de ambos países, algo que según el PP vulnera el marco constitucional español. Por ello, los populares presentaron inicialmente una enmienda de supresión del artículo, que posteriormente retiraron al considerar más adecuado esperar al fallo del Constitucional.

“El Gobierno pretende sentar a ministros franceses en nuestro Consejo de Ministros sin garantías jurídicas”, denunció el diputado del PP Ricardo Tarno, que criticó las “prisas” del Ejecutivo por tramitar el tratado. “Se firmó hace 27 meses y ustedes han tardado dos años en modificar la ley. Ahora corren para aprobarlo sin esperar a que se resuelva la legalidad de fondo”, reprochó.

De vuelta a comisión y sin fecha para su ratificación

Tras el rechazo en el Pleno, el tratado vuelve ahora a la Comisión de Exteriores, lo que otorga más margen al Tribunal Constitucional para pronunciarse. No obstante, el Gobierno mantiene su intención de que el texto entre en vigor antes del verano, algo que a día de hoy parece complicado.

Desde el PSOE, el diputado Pepe Mercadal defendió el acuerdo como un paso positivo para “mejorar las relaciones con nuestro vecino del norte” y acusó al PP de seguir la agenda de Vox. “Se mueven a golpe de titular”, lanzó, equiparando la política exterior de los populares con la de la formación de Abascal.

Críticas de Vox y tensión en el bloque gubernamental

Por su parte, Vox mostró su oposición frontal al tratado. Su diputado José María Sánchez lo calificó de “vacuo e infumable”, atacando tanto su contenido como a sus impulsores. “Es un tratado a la bajura del microministro con la pareja cómica Macron-Sánchez como protagonistas. Contiene barbaridades como la diplomacia feminista y la participación de ministros extranjeros en órganos de soberanía nacional”, ironizó.

La abstención de Junts y Podemos ha puesto en evidencia una vez más las fisuras del bloque que sostiene al Gobierno, en un asunto de política exterior especialmente sensible. Ambas formaciones decidieron no apoyar el acuerdo, pese a que su aprobación no habría tenido efectos prácticos inmediatos debido a la paralización en el Senado provocada por el recurso del Constitucional.

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El juez ha impuesto al exministro medidas como la retirada del pasaporte y la imposición de comparecer cada 15 días en el juzgado
The post Los delitos de Ábalos: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación first appeared on Hércules.  José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, está siendo investigado por el Tribunal Supremo en el marco del llamado “caso Koldo”. La investigación se centra en una presunta trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de COVID-19. En este caso también están implicados su exasesor Koldo García y varios empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

Varios delitos con diferentes penas

A Ábalos se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. El delito de organización criminal implica formar parte de una estructura estable y coordinada para cometer delitos, y está penado con entre 4 y 8 años de prisión, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público. El tráfico de influencias consiste en utilizar la posición o relaciones personales para influir en decisiones de funcionarios o autoridades en beneficio propio o de terceros, y conlleva penas de entre 6 meses y 2 años de prisión, así como multas que pueden duplicar el beneficio obtenido.

El cohecho, en su modalidad pasiva, sanciona a los funcionarios que aceptan o solicitan dádivas a cambio de favores o decisiones favorables, y está castigado con penas de 3 a 6 años de prisión, multas de hasta el triple del valor recibido y la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por último, la malversación de caudales públicos, que castiga la apropiación indebida o el uso fraudulento de fondos públicos, puede conllevar penas de entre 2 y 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad y del valor de lo sustraído, además de la inhabilitación absoluta de 6 a 20 años y la obligación de devolver el dinero.

Medidas establecidas durante la investigación

Actualmente, el juez instructor del Tribunal Supremo ha impuesto a Ábalos medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Estas medidas se consideran proporcionales a la gravedad de los hechos investigados y al posible riesgo de fuga. La Fiscalía ha advertido que, si detecta cualquier intento de eludir la acción de la justicia, podría solicitar su ingreso en prisión preventiva.

La investigación sigue en curso y, por ahora, Ábalos mantiene la condición de investigado, no de acusado formalmente. El Tribunal Supremo y la Fiscalía consideran que existen indicios razonables de la posible comisión de estos delitos, aunque Ábalos ha negado en todo momento cualquier implicación en la trama. Si finalmente es procesado y condenado, las penas acumuladas podrían suponer varios años de prisión, cuantiosas multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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El Gobierno quiere que las causas penales sean instruidas por la fiscalía otorgándole una mayor autonomía, aunque esto podría generar controversia
The post ¿Qué podría ocurrir si los fiscales sustituyen a los jueces? first appeared on Hércules.  España se rige actualmente por un modelo mixto, en el que un juez de instrucción dirige la fase de investigación y decide sobre medidas cautelares, mientras que el fiscal ejerce como parte acusadora. El paso a un sistema donde el fiscal instruye la causa penal supone acercarse al modelo acusatorio, común en la mayoría de las democracias europeas, donde la Fiscalía dirige la investigación y el juez garantiza los derechos fundamentales de las partes como juez de garantías, interviniendo solo para autorizar medidas que afectan a derechos fundamentales (registros, prisiones provisionales, etc.).

Concentración de funciones en un órgano jerárquico

El Ministerio Fiscal es una institución jerarquizada, lo que implica que los fiscales están sujetos a instrucciones de sus superiores. Esto plantea preocupaciones sobre la independencia de la investigación penal, especialmente en causas que afecten al poder político o económico. Si el fiscal general del Estado (nombrado por el Gobierno) puede influir directa o indirectamente en una investigación, la imparcialidad del proceso podría verse comprometida.

Con este modelo, el juez deja de ser el instructor y pasa a ser un juez de garantías, como ocurre en países como Francia o Italia. Su función es asegurar el respeto a los derechos fundamentales y controlar la legalidad de la actuación del fiscal durante la investigación. Es decir, actúa como árbitro imparcial que supervisa el trabajo del fiscal sin dirigirlo. Este modelo exige una gran especialización judicial y un fuerte compromiso institucional con la separación de poderes.

Mayor eficacia y especialización en la investigación

Los defensores del nuevo modelo argumentan que permitir a los fiscales dirigir las investigaciones agiliza los procesos, evita duplicidades y favorece una mayor especialización, ya que el Ministerio Fiscal puede organizar unidades temáticas, coordinar con policía judicial de forma más directa y adoptar estrategias investigativas a medio plazo. Además, se considera que, al tener una visión de conjunto del caso, el fiscal puede decidir con mayor racionalidad qué causas tienen base sólida para llegar a juicio.

Reorganización del sistema judicial

La transferencia de la instrucción a la Fiscalía implica una reestructuración profunda del funcionamiento de los juzgados y de los órganos de investigación. Será necesario redefinir competencias, dotar de medios técnicos y humanos a las fiscalías, formar a los nuevos fiscales instructores y redefinir el papel de la policía judicial. Es una reforma costosa, compleja y de largo recorrido que exige consenso político y compromiso institucional.

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Sara Aagesen descarta fallos de cobertura o tamaño de red y promete transparencia en una investigación que la CNMC también abordará por su cuenta
The post El Gobierno identifica Granada, Badajoz y Sevilla como origen del gran apagón eléctrico del 28 de abril first appeared on Hércules.  El Gobierno ha revelado este martes en el Congreso que los focos iniciales del apagón eléctrico del pasado 28 de abril se localizaron en Granada, Badajoz y Sevilla. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, respondió a una pregunta del diputado popular Borja Sémper señalando que ya se ha avanzado en el análisis de “millones” de datos recopilados desde el incidente.

Según explicó Aagesen, el corte de suministro, que afectó a buena parte de la Península Ibérica durante varias horas, comenzó a gestarse media hora antes del colapso, con dos oscilaciones de potencia y frecuencia detectadas en la red eléctrica continental, tal y como comunicó la semana pasada Entso-E, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad.

Un incidente sin precedentes

El apagón del 28 de abril es ya considerado por varios expertos como el mayor fallo eléctrico en la historia reciente de España, con consecuencias aún difíciles de cuantificar tanto a nivel económico como social. La identificación de los focos en el sur peninsular es el primer dato concreto que se ofrece tras más de dos semanas de incertidumbre.

“No fue un problema de cobertura, ni de reserva, ni del tamaño de las redes”, aseguró con contundencia Aagesen, rechazando algunas de las hipótesis iniciales que circularon en medios y redes sociales. Esta afirmación delimita el campo de investigación y apunta hacia fallos técnicos más complejos dentro del sistema interconectado europeo.

La ministra ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de seguir trabajando con “total transparencia, sin descanso y con rigor” en el esclarecimiento de lo sucedido. Para ello, el Gobierno ha creado un comité de investigación específico, que analiza en detalle las circunstancias del apagón.

La CNMC inicia su propia investigación

A la investigación abierta por el Ejecutivo se sumará otra paralela por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo regulador ha confirmado que indagará de manera independiente en el origen, desarrollo y consecuencias del apagón, con el objetivo de determinar si hubo fallos estructurales, negligencias o problemas de coordinación con los operadores europeos.

Este doble enfoque institucional busca dar respuesta a una ciudadanía que reclama explicaciones claras tras un incidente que paralizó infraestructuras críticas, interrumpió comunicaciones y dejó sin suministro eléctrico a cientos de miles de hogares y empresas.

Desde el Partido Popular, el diputado Borja Sémper ha sido especialmente crítico con la gestión del Ejecutivo. En su intervención parlamentaria, ha calificado de “lamentables” las explicaciones ofrecidas hasta ahora y ha acusado al Gobierno de ocultar información y generar desinformación.

“¿Por qué España se fundió a negro?”, inquirió Sémper, reprochando a la ministra su falta de concreción en las comparecencias públicas y reclamando una cronología detallada de los hechos, así como los nombres de los responsables del sistema en el momento del incidente.

Lo sucedido pone de relieve la vulnerabilidad de un sistema eléctrico altamente interconectado, donde un fallo puntual puede desencadenar efectos en cadena de gran magnitud. España forma parte de la red síncrona continental, lo que significa que su sistema eléctrico está coordinado con el del resto de Europa para garantizar la estabilidad y eficiencia del suministro.

Las oscilaciones previas al apagón detectadas por Entso-E sugieren que el fallo no fue exclusivamente español, aunque sí tuvo un impacto desproporcionado en la Península Ibérica.

Tanto el Gobierno como los reguladores tienen ahora el reto de identificar con precisión el origen técnico del apagón y adoptar medidas correctoras. Mientras tanto, la ciudadanía y el sector económico aguardan respuestas y garantías de que algo similar no volverá a repetirse.

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