El TC decidirá si revisa la decisión del Supremo sobre los condenados por malversación en el ‘procés’.
The post El Tribunal Constitucional se prepara para admitir los recursos de Junqueras, Romeva y Bassa contra el Supremo first appeared on Hércules. El Tribunal Constitucional (TC) prevé admitir a trámite los recursos presentados por el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de negarles la aplicación de la ley de amnistía. La medida marcaría un nuevo capítulo en la disputa judicial sobre los efectos de la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según ha informado Europa Press, el pleno del TC debatirá la admisión a trámite de estos recursos la próxima semana. Su aceptación no implicaría una resolución definitiva, sino que abriría la puerta a un examen de fondo sobre si la negativa del Supremo respetó los derechos fundamentales de los condenados.
Los tres exdirigentes independentistas impugnaron las resoluciones del TS del 1 de julio y del 30 de septiembre, en las que los magistrados denegaron la amnistía para sus condenas por malversación, al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y que afectaron los intereses financieros de la Unión Europea.
Un proceso con obstáculos y recusaciones pendientes
Aunque el TC tiene previsto admitir los recursos, existen posibles trabas formales que podrían retrasar la decisión. Entre ellas, la cuestión no resuelta sobre la recusación del magistrado conservador José María Macías y la abstención del progresista Juan Carlos Campo.
Campo, quien fuera ministro de Justicia, decidió apartarse del caso tras haber emitido un informe favorable a los indultos del ‘procés’, en el que consideró que la amnistía era inconstitucional. Por su parte, Macías fue recusado por la Fiscalía, ya que cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se posicionó en contra de la ley en informes oficiales.
El problema es que, aunque ambas recusaciones fueron aceptadas en otros procedimientos sobre la amnistía, no se han extendido a los recursos de amparo, ya que estos llegaron al TC después de agotarse las instancias en el Supremo. Si se determina que deben apartarse también en este caso, el proceso podría alargarse más de lo previsto.
Por ahora, los encargados de redactar la providencia que dará respuesta a los recursos son los magistrados César Tolosa, del sector conservador, para los casos de Junqueras y Romeva, y el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, de la corriente progresista, para el de Bassa.
Situación de Puigdemont
El rechazo del Supremo a aplicar la amnistía a Junqueras, Romeva y Bassa se basó en su interpretación de que los condenados se beneficiaron económicamente de la malversación de fondos públicos. Esta postura ha mantenido vigentes sus penas de inhabilitación, lo que ha motivado la intervención del Constitucional.
La negativa del TS también tuvo un impacto directo en los dirigentes independentistas que se encuentran fuera de España, como el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, quienes siguen sujetos a órdenes de detención dentro del territorio español.
Por otro lado, el propio Tribunal Supremo presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, enfocada en el delito de desórdenes públicos. Los magistrados argumentaron que la norma vulnera el principio de igualdad y de seguridad jurídica, lo que mantiene abierta otra vía de impugnación contra la medida aprobada por el Gobierno.
En paralelo al debate sobre la amnistía, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el protocolo de menores migrantes aprobado por el Gobierno de Canarias, tras un recurso presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según Europa Press, la mayoría del tribunal apoya la ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez, quien plantea estimar parcialmente la impugnación del Gobierno central. La clave del debate es si la gestión de los menores no acompañados es una competencia autonómica o estatal.
El protocolo canario establece que los menores deben ser identificados y registrados antes de ser acogidos por las autoridades autonómicas. Sin embargo, el Gobierno y la Fiscalía han advertido que este procedimiento podría derivar en demoras y desprotección, lo que vulneraría el derecho a la igualdad y a la integridad moral, según lo establecido en la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño.
El Consejo de Estado ya avaló la postura del Ejecutivo central al considerar que la acogida de estos menores es una cuestión de asistencia social, por lo que debe ser gestionada a nivel estatal. No obstante, la decisión del Constitucional marcará el rumbo definitivo de este conflicto entre administraciones.
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