Categoría: ESPAÑA

El país debe abonar indemnizaciones por valor de 1.510 millones de euros a los que se deben añadir 375 millones más por las costas de los juicios
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^{Imagen: energías renovables I ITPE}

El caso de la empresa japonesa Mitsui, que recientemente ganó un laudo arbitral contra el Estado español por 39 millones de euros, se suma a una larga lista de litigios internacionales que arrastran al país desde hace más de una década. En total, España ha sido condenada ya en 26 ocasiones por tribunales arbitrales internacionales, con una factura acumulada de 1.885 millones de euros.

Un conflicto que arranca en la década de 2010

El origen del conflicto se encuentra en las reformas regulatorias implementadas por los gobiernos españoles entre 2010 y 2014. Estas reformas eliminaron o recortaron de forma retroactiva las primas a la producción de energía renovable, lo que afectó gravemente la rentabilidad de los proyectos en los que inversores internacionales habían comprometido cientos de millones de euros, bajo el amparo de la legislación vigente y el Tratado de la Carta de la Energía.

Casos relevantes y condenas acumuladas

Además de Mitsui, otras compañías como Antin Infrastructure Partners, RREEF (filial de Deutsche Bank), Cube Infrastructure, Novenergia o InfraRed Capital han conseguido laudos favorables ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Uno de los casos más conocidos es el de Antin, que logró 101 millones de euros en 2018. Sin embargo, este fallo ha sido recientemente bloqueado por la Comisión Europea, que ha considerado que el pago de la indemnización constituiría una “ayuda de Estado ilegal” y ha instado al Gobierno español a no abonar esa cantidad. Esta decisión podría abrir la puerta a una nueva doctrina para evitar pagos futuros.

Una factura creciente y sin resolver

Hasta la fecha, el importe total de las indemnizaciones dictadas en contra de España asciende a 1.510 millones de euros, a los que se suman unos 375 millones más por costas judiciales, intereses de demora y gastos legales. Algunas de las plantas afectadas son instalaciones termosolares y parques eólicos en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Murcia, muchas de ellas participadas por fondos extranjeros o consorcios mixtos con empresas españolas.

Otros casos que afectan a España

• Mitsui (Japón): 39 millones de euros.
• Antin Infrastructure Partners (Francia): 101 millones de euros.
•  NextEra Energy (EE.UU.): 291 millones de euros.
• RREEF Infrastructure / Deutsche Bank (Alemania): más de 60 millones de euros.
• Cube Infrastructure (Luxemburgo): cantidad no especificada públicamente.
• nfraRed Capital Partners (Reino Unido): 28 millones de euros.
• Novenergia (Luxemburgo/Portugal): cantidad en disputa, aún no ejecutada.
• Masdar (Emiratos Árabes Unidos): 64,5 millones de euros.

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Aragón, Canarias y Baleares lideran el aumento de criminalidad en España en 2024, con subidas superiores al 4%. Municipios como El Prat o Tomares duplican sus cifras
The post El crimen se dispara en municipios medianos y los vecinos reclaman más efectivos first appeared on Hércules.  España ha cerrado 2024 con un ligero aumento general de la criminalidad del 0,3%, pero los datos oficiales revelan una fuerte disparidad territorial. Aragón (+6,2%), Canarias (+5,1%) y Baleares (+4,4%) encabezan la lista de comunidades donde más se han incrementado los delitos, según el último balance del Ministerio del Interior. El crecimiento también ha sido notable en Asturias (+3,8%), Castilla y León (+2,8%) y Cataluña (+2,1%).

En contraste, La Rioja (-1,3%), la Comunidad de Madrid (-1,1%) y Melilla (-0,2%) han experimentado descensos en sus tasas delictivas. Este comportamiento desigual plantea preguntas sobre la efectividad de las políticas de seguridad a nivel autonómico y la influencia de factores locales como el turismo, la presión migratoria o la capacidad policial.

Municipios pequeños y medianos lideran el aumento

Más allá de los datos regionales, el informe destaca un alarmante aumento de la criminalidad en municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes. El Prat de Llobregat (Barcelona) lidera la estadística con un aumento del 52,4% respecto al año anterior. También sorprenden las cifras de Tomares (Sevilla, +49,4%), Ripollet (Barcelona, +43,4%), Morón de la Frontera (Sevilla, +41,4%) y Marratxí (Mallorca, +40,3%).

Estos datos reflejan que el fenómeno criminal no se concentra exclusivamente en las grandes ciudades. De hecho, muchas capitales de provincia registran repuntes más moderados o incluso descensos. El caso de Medina del Campo (Valladolid), con un crecimiento del 39,1%, o de Manlleu (Barcelona, +35,2%), ilustra cómo los delitos se están desplazando hacia entornos urbanos menos vigilados.

Málaga y Zaragoza, las grandes ciudades con mayores subidas

Entre las capitales más pobladas, Málaga destaca con un aumento del 10,9%, seguida de Zaragoza, con un 7,8% más delitos que en 2023. En ambas ciudades, las autoridades atribuyen el repunte a la combinación de delincuencia común, turismo masivo y proliferación de ciberdelitos. Este último tipo delictivo, sin embargo, registró una ligera caída del 3,1%, en parte por una mejor prevención tecnológica y campañas de concienciación.

Cáceres: aumento delictivo y falta de policías

Pese a que Extremadura mantiene en general bajas tasas de criminalidad, en la provincia de Cáceres la situación es distinta. Según denuncia el sindicato policial Jupol, Plasencia y Cáceres capital presentan tasas de criminalidad comparables a ciudades como Zaragoza, sin contar con recursos similares. La organización reclama al ministro Fernando Grande-Marlaska más medios humanos y materiales ante lo que consideran una plantilla insuficiente y sometida a “situaciones de alto riesgo”.

Jupol valora positivamente la creación de una unidad de acción y reacción en Cáceres, pero insiste en que es urgente elevar la categoría de la Comisaría de Plasencia, crear un Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y reforzar la presencia policial en toda la provincia, incluida Navalmoral de la Mata, donde reclaman la apertura de una Unidad de Extranjería.

Vallecas: inseguridad creciente y malestar policial

Aunque la Comunidad de Madrid ha registrado un descenso global en los delitos, el distrito de Puente de Vallecas se ha convertido en una excepción preocupante. Según un informe de la Jefatura Superior, los delitos han crecido notablemente en el primer trimestre de 2025: 172 sustracciones de vehículos más, 50 casos adicionales de malos tratos, 22 hurtos y un aumento de robos con violencia y lesiones. Además, se han producido 17 apuñalamientos en solo dos meses, especialmente en zonas como la Avenida de la Albufera, que antes no eran consideradas conflictivas.

La presencia policial ha disminuido, según los propios agentes, que acusan al nuevo comisario de reducir las patrullas callejeras en favor de tareas administrativas. «Lo que antes hacíamos en una hora, ahora lleva cuatro, y pasamos menos de la mitad del tiempo en la calle», denuncia un policía. La estrategia del nuevo mando, basada en una mayor recopilación de datos durante las intervenciones, ha generado un fuerte malestar interno, que ya se traduce en denuncias por acoso laboral y peticiones de traslado.

Delitos sexuales y homicidios, en ascenso

En el desglose por tipologías delictivas, los delitos contra la libertad sexual son los que más han crecido. Las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 6,6%, mientras que los delitos sexuales en general lo hicieron un 5,7%. También los homicidios dolosos y asesinatos consumados subieron un 4,5%, revirtiendo la tendencia a la baja de años anteriores.

Los datos de 2024 revelan que la criminalidad en España no sigue una lógica uniforme, sino que responde a dinámicas locales, sociales y políticas diversas. Mientras algunos territorios aplican modelos de éxito en la reducción de delitos, otros ven cómo los problemas de inseguridad se multiplican, especialmente en municipios medianos y distritos vulnerables, donde la falta de efectivos compromete la respuesta policial.

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Una de las primeras víctimas de esta persecución del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el tuitero Capitán Bitcoin
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El diputado del PSOE Óscar Puente, en el Congreso. Fuente: EUROPA PRESS

El ministro de Transportes, Óscar Puente, es uno de los principales políticos de izquierdas que se dedican a perseguir en redes sociales a personalidades, políticos y periodistas que no presentan una línea ideología parecida a la suya. Es recurrente que en momentos en los que las políticas del PSOE han tambaleado, Óscar Puente haya intentado silenciar a los usuarios que han criticado al Gobierno.

La persecución de Óscar Puente contra los usuarios de “X” ha derivado en exponer la identidad de las cuentas que han mostrado una actitud crítica contra la gestión del PSOE en relación a la gestión del apagón, así como de los retrasos de los trenes.

Una de las primeras víctimas de esta persecución de Óscar Puente ha sido el tuitero Capitán Bitcoin. Este usuario acumula más de 500.000 seguidores en “X” y se le conoce principalmente por sus críticas, pues no ha dudado en despejar informaciones falsas y bulos sobre la DANA que asoló decenas de municipios en Valencia.

Debido a sus críticas al Gobierno, el usuario Capitán Bitcoin ha confesado que oculta su identidad por temor a la represalias profesionales y personales. El motivo no es otro que su trabajo en el sector público, concretamente en el sanitario puesto que es enfermero. El anonimato de Capitán Bitcoin ha llegado a su fin después de que una cuenta revelara la identidad real de varios perfiles anónimos de la misma red social.

Usuario de “X” denuncian la persecución del PSOE en redes sociales

La usuaria de “X”, @Capitana_espana salió en defensa de Capitán Bitcoin, tras la circulación de una fotografía que revelaba la identidad de este usuario: “Por favor, reportad todas las cuentas que estén publicando esa imagen por violación de la privacidad. No compartáis la imagen. Respetad su anonimato. Esto no va de ideologías, va de principios. Gracias”.

El ministro Óscar Puente no se tomó de buena manera la defensa de esta usuaria, también muy crítica con el Gobierno y decidió atacar la identidad de la misma e intentar sacar a la luz información sobre ella.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, respondió a las palabras de @Capitana:_espana: “Esta gentuza que jaleaba a los que publicaban fotos de nuestras hijas menores de edad, anda muy soliviantada porque se desvela la identidad real que ocultaban para insultar y difamar. Son unos valientes”.

@Capitana:_espana vivió la represión del ministro de transportes, quien publicó en redes sociales que en realidad esta era un hombre. La usuaria salió a desmentir esa información e incluso participó en un podcast para relatar la persecución que estaba viviendo por parte del socialista únicamente por ser crítica con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

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El ministro de Justicia abandona la neutralidad institucional para convertirse en ariete del Ejecutivo contra magistrados que investigan la corrupción
The post Bolaños lidera los ataques del Gobierno a los jueces y el poder judicial responde first appeared on Hércules.  El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pasado en pocos meses de declararse defensor de los jueces a convertirse en la voz más hostil del Gobierno contra la independencia judicial. Su reciente reacción tras la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha evidenciado un cambio de tono que preocupa a magistrados, fiscales y expertos en Derecho. En lugar de respetar la labor judicial, Bolaños acusó implícitamente al juez Juan Carlos Peinado de falta de imparcialidad, sembrando dudas sobre su actuación sin pruebas concretas y desde una posición institucional que exige, precisamente, contención y respeto.

El Gobierno señala a los jueces tras cada imputación

El trasfondo es claro: la Justicia ha comenzado a cercar judicialmente al entorno más próximo del presidente Pedro Sánchez. Las investigaciones afectan no solo al propio Aguirre, sino también a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su hermano David Sánchez y a figuras del pasado Ejecutivo como José Luis Ábalos. La respuesta del Gobierno ha sido culpar a los jueces en lugar de garantizar la limpieza del proceso. Y el encargado de verbalizar ese malestar ha sido, paradójicamente, quien debería proteger la separación de poderes: el ministro de Justicia.

Desde que el juez Peinado comenzó a instruir la causa sobre la presunta financiación irregular de la cátedra de Begoña Gómez en la UCM, el Ejecutivo ha intensificado sus ataques contra los tribunales, denunciando un supuesto “lawfare” sin aportar evidencias. La reacción del propio Bolaños tras conocer la imputación formal de su exsubordinado Aguirre, mano derecha en su etapa como secretario general de Presidencia, fue centrar su “preocupación” en el juez, no en los hechos investigados. Así, deslizó la idea de una posible prevaricación, sin mencionarla explícitamente.

Las asociaciones judiciales alzan la voz

Los ataques no han pasado desapercibidos para las asociaciones de jueces y fiscales, que ven en esta actitud un intento del Gobierno por controlar el poder judicial mediante la presión y la reforma institucional. La reforma legal anunciada esta semana, que busca desvincular el mandato del fiscal general del del Gobierno, ha sido recibida con recelo por asociaciones como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Cristina Dexeus, presidenta de la AF, ha sido tajante: “Los fiscales siguen sin ser independientes”. La jerarquía interna sigue vigente y la posibilidad de que el fiscal jefe designe y aparte a quien instruya las causas abre la puerta a interferencias directas. Por su parte, María Jesús del Barco (APM) advierte que la reforma no fortalece a la Fiscalía como institución, sino únicamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estrechamente vinculado al Ejecutivo.

Una reforma que no convence a Europa

El Consejo de Europa ha sido reiterativo en su exigencia de que España modifique el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una demanda que el Gobierno continúa ignorando. Aunque la reforma del Ministerio Fiscal es una respuesta parcial a las advertencias europeas, expertos como Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, denuncian que el verdadero objetivo es “quitarse de en medio a los jueces incómodos” y que, para ello, se está utilizando a la Fiscalía como nuevo brazo ejecutor.

Incluso desde sectores progresistas de la judicatura se admite que la independencia plena del fiscal instructor sigue siendo una quimera. La figura del juez de garantías que valide su actuación, lejos de blindar el sistema, podría suponer una rebaja en la protección judicial efectiva si no se asegura la autonomía real del fiscal frente a su superior jerárquico.

El papel de Bolaños en esta ofensiva política contra la justicia marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Su rol, como ministro de Justicia, exige neutralidad, respeto y defensa de la institucionalidad. Sin embargo, sus declaraciones y su participación activa en el señalamiento de jueces lo convierten, según numerosas voces críticas, en el máximo exponente de una deriva gubernamental que amenaza los pilares del Estado de Derecho.

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Un documento confidencial revela la ofensiva encubierta de Rusia contra Francia: sabotajes, ciberataques, espionaje y desinformación que afectan infraestructuras críticas, instituciones científicas y la estabilidad democrática. La amenaza rusa no es futura: es presente, sistemática y en expansión
The post Francia considera que se encuentra en una guerra híbrida contra Rusia first appeared on Hércules.  Un informe confidencial de 16 páginas, obtenido por el medio L’Express, expone con crudeza el alcance de las acciones hostiles de Rusia hacia Francia. Elaborado por los principales órganos de inteligencia ,DGSI, DGSE, Inteligencia Militar, Dirección de Seguridad y Defensa, y sintetizado por el SGDSN, el dossier lleva por título “Amenazas y acciones rusas contra Francia” y está reservado a ministros por su carácter delicado. “Es el dossier negro de Putin”, apunta una fuente del espionaje galo. Aunque estas agresiones no son perceptibles para muchos ciudadanos, la advertencia es clara: por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, se plantea la posibilidad de un ataque con misiles convencionales en suelo francés.

Desde los cielos hasta el fondo marino, pasando por redes informáticas y pasillos institucionales, los agentes rusos actúan sin contención. “Están desinhibidos desde Ucrania: lo intentan todo”, confiesa un militar. Incendios provocados en centros comerciales, sabotajes de cables submarinos, hackeos a terminales satelitales y espionaje a laboratorios de élite como Polytechnique y CNRS componen un escenario inquietante. Ingenieros del sector defensa, vigilados y despojados de información crítica durante viajes, son el blanco recurrente. Un oficial resume: “Es una falta de conciencia asombrosa”.

Incluso altos cargos ministeriales y parlamentarios son blanco de abordajes disfrazados de diplomacia o seducción: toda conversación puede ser un acto de inteligencia. Se documentan intrusiones en correos del Ministerio de Defensa en 2023-24, aunque sin daños profundos. En paralelo, el caso Ommic, relacionado con exportación ilegal de semiconductores, muestra un espionaje que habría beneficiado tanto a China como a Rusia. La DGSI también investiga un corte energético masivo en la península ibérica en abril de 2024, considerando plausible un sabotaje ruso.

La infraestructura eléctrica francesa es un objetivo claro: el hackeo a la central de Courlandon en abril de 2024, aunque sin consecuencias graves, fue interpretado como un ensayo general. Los Juegos Olímpicos son considerados una oportunidad estratégica para desestabilizar: dos ciudadanos rusos fueron detenidos por planear acciones violentas en torno a la ceremonia inaugural. No se trató de terrorismo, señalan los servicios, sino de una demostración de capacidad.

El espionaje también ha alcanzado al fabricante de armamento KNDS France (antes Nexter), con una masiva filtración de correos. En contraste con estos hackeos de extracción, hay otros de carácter puramente disruptivo, como el ataque al hospital de Dax en 2021, que paralizó por completo su red informática. En marzo de 2024, seis ministerios fueron blanco de otro ataque, calificado como el primer acto de guerra cibernética contra el Estado francés.

Putin comenzó la invasión de Ucrania con un ciberataque contra Viasat, dejando inoperativas redes en varios países europeos, incluida Francia, donde se interrumpieron servicios de emergencia y conexiones ADSL. Hoy, el Kremlin amplía su ofensiva al espacio: el “spoofing” de coordenadas satelitales busca desorientar a aviones franceses, con más de 200 casos registrados solo en 2024.

La colaboración de Moscú con Irán y Corea del Norte en materia espacial y de misiles supone una amenaza directa. El alcance de los proyectiles iraníes ya incluye el sur de Europa y zonas de Francia como Córcega o Alsacia. Aunque no se cree que Rusia esté impulsando el programa nuclear iraní, sí lo está dotando de tecnología militar avanzada. Para inteligencia francesa, se trata de una forma indirecta de presión.

La amenaza nuclear no es descartada. El misil Orechnik, lanzado en noviembre de 2024 contra un objetivo civil ucraniano, puede portar ojivas y cubrir distancias que incluyen el territorio francés. “No es solo postureo: Putin contempla el uso nuclear en el campo de batalla”, afirma una fuente de seguridad. Paralelamente, Rusia explota la desinformación como arma: desde redes de medios falsos como Doppelganger hasta videos manipulados con IA.

En julio de 2024, el grupo “Tormenta-1516” se hizo pasar por Hamás para anunciar atentados durante los JJ. OO. En enero de 2025, intentaron desacreditar al gobierno difundiendo un falso video sirio sobre Notre-Dame. Más recientemente, atribuyeron una falsa agresión sexual a Brigitte Macron. En 2022, el mismo grupo manipuló la percepción electoral creando cuentas favorables a Macron, para luego “revelar” la operación y acusar al Estado francés. En 2024, volvieron a actuar ofreciendo falsamente un “bono Macron” a cambio del voto. Así, los rusos no solo roban datos, también contaminan la democracia.

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El presidente exige a las grandes energéticas que costeen la nuclear, pese a que su Gobierno ha financiado con dinero público su expansión renovable
The post Sánchez carga contra las eléctricas, pero olvida los 26.000 millones en ayudas que él mismo les concedió first appeared on Hércules.  Pedro Sánchez ha vuelto a convertir al sector energético en el blanco de sus ataques. En su comparecencia en el Congreso tras el histórico apagón del pasado 28 de abril, que dejó sin suministro eléctrico a millones de ciudadanos en España y Portugal, el presidente del Gobierno arremetió contra los grandes directivos de las eléctricas y sentenció: “La prórroga de las nucleares que la paguen los ultrarricos que las controlan”.

La declaración, que pretendía desviar la atención sobre los fallos del sistema energético español, obvió deliberadamente un dato clave: el propio Gobierno ha inyectado más de 26.000 millones de euros en ayudas públicas al sector desde 2018, beneficiando precisamente a esas mismas empresas a las que ahora Sánchez responsabiliza del problema.

De las subvenciones al “que paguen ellos”

La estrategia del Ejecutivo ha sido clara: impulsar las energías renovables con generosas subvenciones y beneficios fiscales, dejando de lado fuentes estables como la nuclear, el gas o el agua. A pesar de que expertos han vinculado el apagón a un exceso de dependencia de fuentes intermitentes como la solar y la eólica, Sánchez no ha hecho autocrítica alguna. “El futuro energético de España será verde o no será”, zanjó desde la tribuna del Congreso.

Pero los datos contradicen su optimismo. Desde 2018, España ha destinado más de 8.300 millones de euros en subvenciones y ventajas fiscales al sector renovable, a través de programas nacionales, autonómicos y fondos europeos. A esto se suman las primas a las renovables, incluidos en la factura de la luz, que han alcanzado los 30.000 millones de euros en estos años, según estimaciones del sector.

Los nuevos ‘ultrarricos verdes’

Gracias a esta inyección de fondos públicos, no solo las grandes eléctricas tradicionales como Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP —a quienes Sánchez exige ahora pagar la factura nuclear— han engordado sus carteras de activos, sino que han surgido también nuevas grandes fortunas vinculadas al negocio ‘verde’, como José Elías (Audax), Jesús Martín Buezas (Capital Energy) o Enrique Díaz-Tejeiro (Solaria). Todos ellos han sabido aprovechar el generoso marco legal y económico construido desde Moncloa.

Paradójicamente, muchas de las compañías que lideran la producción renovable —y que se beneficiaron de estos fondos— son las mismas que también controlan parte de la generación nuclear. Iberdrola, por ejemplo, posee más de 22 GW de potencia renovable instalada, y al mismo tiempo participa en varias centrales nucleares. Sánchez, sin embargo, prefiere cargar contra sus presidentes, calificándolos de “multimillonarios que deben hacerse cargo del coste”.

Lo que el presidente no dice es que el coste de cerrar las centrales nucleares está estimado en 26.500 millones de euros hasta el año 2100, una cifra similar a la ya empleada para inflar el sector renovable. Con un sistema eléctrico que ha demostrado ser vulnerable y con un mix energético inestable, la coherencia del discurso gubernamental está en entredicho.

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José “Pepe” Mujica, exguerrillero y presidente uruguayo, falleció a los 89 años dejando un legado de política austera, discurso ambiental pionero y profundas reformas sociales
The post Fallece el expresidente uruguayo Pepe Mújica first appeared on Hércules.  José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay que creía que la verdadera pobreza no es tener poco, sino desear en exceso, murió a los 89 años. Su humildad ,marca indeleble de su carácter, exguerrillero y líder del país entre 2010 y 2015, trascendió fronteras y dejó huella en la política progresista de América Latina.

Durante su intervención en la cumbre Río+20 de 2012, en Brasil, Mujica preguntó con ironía: «¿Qué ocurrirá si los indios tienen tantos coches como los alemanes?». Aquel discurso lo catapultó como figura global. Denunció el modelo de consumo sin freno, la devastación ambiental y la insatisfacción moderna causada por la necesidad artificial de tener siempre lo último: el coche, el móvil, la radio. Su defensa de la sostenibilidad, cuando aún era tema marginal, lo distinguió incluso de colegas como Lula da Silva o Hugo Chávez, quienes asumieron esa bandera más tarde y con menor énfasis.

Mujica fue pionero de la “marea rosa” en adoptar una visión ecológica. Fiel a su filosofía, nunca abandonó su modo de vida sencillo: nacido el 20 de mayo de 1935 en una familia rural de las afueras de Montevideo, mantuvo siempre una relación íntima con la tierra. Durante su presidencia, rechazó el uso de la mansión presidencial y prefirió vivir en su chacra de Rincón del Cerro, cultivando hortalizas y conduciendo su tractor. Hasta sus últimos días se desplazaba en su Volkswagen Escarabajo azul, con el que incluso paseó a Lula durante su visita en 2023.

En su etapa como presidente, Mujica fue un dolor de cabeza para los servicios de seguridad: se negaba a cumplir los protocolos. Solía aparecer solo, sin escoltas, compartiendo helados y parrilladas con su esposa Lucía Topolansky en restaurantes de barrio. Donaba la mayoría de su salario a programas de vivienda y justificaba así su desapego material: «Cuanto menos tengo, menos tiempo pierdo en las cosas y más dedico a lo importante: la política». No le gustaba la solemnidad del cargo. «Mi principal problema con la presidencia fue tener que usar traje; y cuando lo hacía, evitaba la corbata», confesó una vez. En una cumbre del Mercosur en Montevideo, se le vio sudando con un suéter mientras esperaba a la entonces presidenta argentina Cristina Kirchner, demorada por su equipo de estilistas.

Vestía ropa de casa, con manchas de tierra y zapatillas gastadas. Siempre estaba acompañado de Manuela, su perra con tres patas, que vivió más de 20 años. Fotos de ella colgaban en las paredes de su modesta vivienda. Su recorrido político comenzó en su juventud, al integrarse al ala juvenil del Partido Nacional, defensor del mundo rural. Aunque no era de izquierda, contenía corrientes progresistas. Uruguay estaba entonces dominado por los partidos Colorado y Nacional. Mujica pronto se alejó de esa línea y abrazó ideas marxistas y anarquistas.

En los años 60, se sumó al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), una guerrilla inspirada en la revolución cubana. El grupo albergaba tendencias dispares: anarquistas, socialistas, maoístas y comunistas. Aunque surgió como respuesta a las desigualdades, su uso de la violencia en democracia generó controversias. Mujica no habló mucho de esa etapa, pero biografías detallan su participación en atracos como el asalto a Pando en 1969. Nunca se lo vinculó con secuestros ni asesinatos.

Protagonizó dos fugas legendarias mediante túneles de la antigua prisión de Punta Carretas, hoy convertida en centro comercial en Montevideo.

Fue arrestado cuatro veces, y en 1972 comenzó su cautiverio más prolongado, bajo el gobierno de Bordaberry, quien instauró una dictadura en 1973. Pasó 13 años encarcelado, sometido a aislamiento, torturas y condiciones inhumanas. Recuperó la libertad en 1985 con el retorno de la democracia. Ni él ni otros insurgentes fueron juzgados.

Con el cambio de régimen, los Tupamaros abandonaron las armas y se integraron en el Frente Amplio, una coalición de izquierdas. Mujica se asentó junto a Topolansky en Rincón del Cerro. Fundó dentro del Frente el MPP (Movimiento de Participación Popular), que se convertiría en su principal fuerza parlamentaria. En 1995 fue elegido diputado y en 2009 ganó la presidencia. Contó con Danilo Astori como vicepresidente y responsable de economía, asegurando continuidad técnica.

Durante su mandato, impulsó leyes emblemáticas como el aborto legal, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis, lo que atrajo atención internacional. Aunque enfrentó críticas por temas de corrupción y demandas educativas, su legado combina audacia reformista con ejemplar sobriedad personal. En su despedida, encaró el cáncer con la misma templanza con la que vivió: «La muerte da sentido a la vida. Es una batalla perdida, pero se enfrenta con amor».

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La Audiencia Nacional absuelve a los jefes de Seguridad de ambas compañías pero ordena decomisar casi 400.000 euros a Villarejo
The post Villarejo, condenado a ocho años por los encargos de Repsol y CaixaBank first appeared on Hércules.  La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de prisión al excomisario José Manuel Villarejo por cuatro delitos de descubrimiento de secretos relacionados con encargos de espionaje empresarial realizados para Repsol y CaixaBank. El tribunal considera probado que Villarejo obtuvo información confidencial del expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, entre 2011 y 2012, en el marco de una operación para frenar el pacto entre Sacyr y Pemex para tomar el control de Repsol.

La sentencia, que forma parte de la pieza 21 del caso Tándem, conocida como proyecto Wine, marca un nuevo capítulo judicial para el comisario jubilado, aunque exculpa completamente a las grandes empresas implicadas en los encargos, a cuyos jefes de Seguridad se les ha retirado toda responsabilidad penal.

Una condena contundente pero sin derivadas empresariales

En un fallo de 651 páginas, los magistrados imponen a Villarejo dos años de cárcel por cada uno de los cuatro delitos de descubrimiento de secretos. Su socio en el entramado empresarial Cenyt, Rafael Redondo, ha sido condenado a seis años de prisión por los mismos hechos. Ambos se benefician de la atenuante de dilaciones indebidas, que ha servido para rebajar ligeramente las penas impuestas por unos hechos ocurridos hace más de una década.

La resolución también ordena el decomiso de 389.400 euros, cantidad que los jueces consideran que Villarejo y su empresa obtuvieron ilícitamente a través de estos trabajos de espionaje, contratados bajo apariencia de asesoría legal y corporativa.

A pesar del peso de las pruebas contra Villarejo y su socio, la Audiencia Nacional ha decidido absolver a los exjefes de Seguridad de Repsol y Caixabank, señalados inicialmente por la Fiscalía como parte esencial de la trama. En concreto, quedan exonerados Rafael Araujo y Rafael Girona, por parte de Repsol, y Miguel Ángel Fernández Rancaño, de Caixabank.

La Sala no ha encontrado indicios suficientes para condenarlos por los delitos de cohecho, falsedad documental ni descubrimiento de secretos, que sí atribuía la acusación particular. Según el tribunal, no se ha demostrado que tuvieran conocimiento de los métodos ilegales utilizados por Villarejo, ni que participaran directamente en las maniobras para vulnerar la intimidad del entonces presidente de Sacyr.

Espionaje para frenar una operación empresarial

El encargo que originó esta condena tuvo como objetivo impedir una alianza entre Sacyr y el grupo mexicano Pemex, que habría supuesto el control de Repsol por parte de ambos. Villarejo recibió el mandato de obtener información personal y empresarial de Luis del Rivero que pudiera ser utilizada para frenar sus intenciones.

Esta pieza del macrocaso Tándem refleja uno de los aspectos más turbios del papel que Villarejo jugó durante años en la frontera entre el poder policial, económico y empresarial, ofreciendo servicios ilegales de inteligencia a grandes compañías para resolver conflictos estratégicos.

Aunque la condena a Villarejo supone un nuevo golpe judicial contra el comisario más controvertido del país, el fallo evita abrir un frente penal contra las grandes empresas implicadas. La absolución de los responsables de seguridad de Repsol y Caixabank impide que estas entidades tengan que enfrentarse a posibles reclamaciones o daños reputacionales más graves.

Sin embargo, la sentencia sí consolida la tesis de que Villarejo actuaba como un operador ilegal al servicio de intereses empresariales, usando su posición y contactos en el cuerpo policial para acceder a información reservada que luego comercializaba a través de su red de empresas.

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El nuevo Pacte Nacional per la Llengua fija como objetivo que el catalán sea lengua habitual en el ámbito laboral y en los organismos estatales en Cataluña
The post Illa pacta con ERC hacer al catalán obligatorio en la empresa privada y en la Administración del Estado first appeared on Hércules.  El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha formalizado este martes un acuerdo con ERC y los comunes para reforzar la presencia del catalán no solo en las instituciones autonómicas, sino también en el sector privado y en la Administración General del Estado. El llamado Pacte Nacional per la Llengua se convierte así en una ambiciosa hoja de ruta para imponer el uso habitual del catalán en todos los espacios sociales, educativos y laborales de Cataluña, tanto públicos como privados.

Este pacto lingüístico, que deja fuera a Junts y la CUP por considerarlo poco agresivo, ha sido dotado con 255 millones de euros para su primer año de aplicación y busca extender progresivamente el catalán como lengua de uso obligatorio en la actividad económica y en las relaciones con el Estado.

Un frente común para blindar el catalán en todos los ámbitos

Uno de los puntos más polémicos del documento es el objetivo 14, donde se fija como meta “conseguir que el catalán se incorpore plenamente como lengua de uso habitual en el mundo del trabajo y en el mercado laboral”. En la práctica, esto supone una intervención directa en el funcionamiento de las empresas privadas, al promover medidas que condicionen las contrataciones, tanto públicas como privadas, al conocimiento y uso del catalán.

El plan prevé imponer cláusulas lingüísticas en la contratación pública, garantizar “los derechos lingüísticos de los trabajadores” y fomentar investigaciones para “detectar buenas prácticas” que sirvan de modelo. Con ello, el Govern busca avanzar hacia un entorno laboral catalanizado, donde el uso del castellano quede relegado.

Otra de las prioridades del pacto es forzar a la Administración General del Estado a asumir la oficialidad plena del catalán en todas sus actuaciones dentro del territorio catalán. El objetivo 4 del documento explicita la intención de que el catalán sea la lengua vehicular también en las relaciones entre ciudadanos y organismos estatales, incluidas las empresas concesionarias que operan en Cataluña.

Este planteamiento va más allá del marco legal vigente, ya que pretende que organismos dependientes del Estado adopten el catalán como lengua preferente, incluso si no existe una obligación jurídica explícita. Supone, por tanto, una presión política sostenida sobre el Estado para adaptar su operativa al marco lingüístico marcado desde la Generalitat.

Un tripartito lingüístico sin Junts ni la CUP

Aunque se presenta como un gran pacto de país, el acuerdo no ha sido firmado por Junts ni la CUP, que critican su falta de ambición. Ambas formaciones exigen una respuesta clara y contundente ante una eventual sentencia del Tribunal Constitucional que declare inconstitucional la normativa catalana que impide aplicar la decisión del TSJC que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano en los colegios.

Ni Illa ni sus socios de ERC y los comunes han querido concretar qué ocurrirá si el TC anula la norma blindada por la Generalitat, lo que pone de manifiesto una falta de consenso total incluso dentro del soberanismo catalán en torno a los límites de la inmersión lingüística y el choque con los tribunales.

La firma de este pacto supone un giro estratégico del PSC en materia lingüística. Illa, que se ha presentado como una figura de consenso y moderación, se alinea ahora con las tesis más duras de ERC en cuanto a la catalanización integral de la sociedad catalana. Con ello, pretende consolidar su posición como presidente de la Generalitat, aunque a costa de tensar la convivencia lingüística y reabrir el debate identitario.

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Moncloa considera la divulgación de los chats una «vulneración de la privacidad» y avisa: «Queremos llegar hasta el final»
The post El Gobierno amenaza con acciones legales por la filtración de mensajes entre Sánchez y Ábalos first appeared on Hércules.  La filtración de los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos ha desatado una tormenta política en el seno del Gobierno. Tras la exclusiva publicada por EL MUNDO, el Ejecutivo ha mostrado su profundo malestar y ha lanzado una advertencia pública: no descartan emprender acciones judiciales. Aunque por ahora no concretan contra quién, ni en qué plazos, la amenaza es clara. Según el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la revelación de estos chats podría ser “constitutiva de delito”.

“Queremos saber quién y por qué”

Desde La Moncloa se apela a una investigación judicial de oficio, que se abra en una pieza separada del caso Koldo, para esclarecer la filtración de las conversaciones. Si no se produce esta intervención judicial, el Ejecutivo ya ha dejado claro que tomará la iniciativa. “Queremos llegar hasta el final. Conocer todo, quién ha sido y por qué ha sido”, ha afirmado Bolaños, visiblemente molesto, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El propio Bolaños ha recalcado que están “conociendo el resultado de esta vulneración de la privacidad” y ha reiterado que el contenido de los mensajes no está vinculado a ninguna causa judicial abierta. La preocupación del Gobierno no reside tanto en lo dicho como en cómo y por qué ha salido a la luz.

La publicación ha resucitado viejos fantasmas. En los mensajes, intercambiados entre finales de 2020 y principios de 2021, Sánchez bromeaba sobre Margarita Robles, ministra de Defensa, asegurando que “duerme con el uniforme” y llamándola “pájara”. También se recogían críticas al exvicepresidente Pablo Iglesias, a quien tildaba de “torpe” y “estulto”. Aunque el Ejecutivo minimiza el contenido de los chats, calificándolos de “intrascendentes”, lo cierto es que revelan tensiones internas y desconfianzas en el núcleo de poder socialista.

Pese a lo revelado, fuentes gubernamentales aseguran que el presidente del Gobierno “no ha hecho nada malo” y que “no hay ningún mensaje que lo incrimine en algo ilícito”. Aun así, no descartan que existan más mensajes por salir a la luz.

En una estrategia calculada, el Gobierno evita señalar culpables directamente. Este martes, ni Bolaños ni la portavoz Pilar Alegría han apuntado a responsables, aunque el día anterior, tanto en Ferraz como desde la vicepresidencia primera, María Jesús Montero puso el foco en quienes debían custodiar esos mensajes. Los whatsapps, según ha trascendido, estaban guardados en dos memorias externas bajo control de Koldo García, y actualmente en poder de la UCO de la Guardia Civil.

“No prejuzgamos quién ha sido”, insisten desde Moncloa. Pero al mismo tiempo subrayan que “EL MUNDO no ha cometido ningún delito”, un reconocimiento que sugiere que la investigación apuntaría más bien a una filtración desde dentro del propio sistema judicial o policial.

Yolanda Díaz: “Esto es gravísimo”

El impacto del escándalo ha llegado hasta Bruselas. Desde el Parlamento Europeo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado la situación como “gravísima” y ha exigido responsabilidades judiciales. Con un tono tajante, la líder de Sumar ha evitado pronunciarse sobre el contenido de los mensajes, limitándose a decir que, como abogada, lo ocurrido “no puede suceder”.

Díaz ha rehuido valorar las críticas de Sánchez a Iglesias o su confianza en Ábalos, hoy investigado judicialmente, con quien mantenía una relación cercana y frecuente en aquel momento. Pero sus palabras dejan entrever el creciente malestar dentro de la coalición de Gobierno.

Pese al ruido mediático, el Consejo de Ministros ha querido trasladar una imagen de calma. Aseguran que la reunión se desarrolló con “buen clima” y sin incidencias extraordinarias. Sin embargo, puertas adentro, el asunto inquieta. La filtración ha golpeado de lleno al corazón del Gobierno en un momento políticamente delicado, y deja en evidencia las grietas internas y la fragilidad de las lealtades.

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