Categoría: ESPAÑA

El Ejecutivo quiere reformar el Estatuto Orgánico para que la persona vinculada al cargo solo pueda ejercer su rol durante cinco años
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^{Imagen: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz I Europa Press}

El Consejo de Ministros se dispone a aprobar una reforma clave del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé extender el mandato del fiscal general del Estado a cinco años no renovables, desvinculando así su permanencia del ciclo político y de la duración de la legislatura. Esta medida, que busca reforzar la independencia del Ministerio Público, se inspira en modelos europeos como el francés, donde la figura del fiscal general no cambia automáticamente con el Ejecutivo, aunque existen diferencias relevantes en cuanto a la inamovilidad y jerarquización de la Fiscalía.

Hacia una Fiscalía con mayor protagonismo en la instrucción penal

La reforma llega en paralelo a los preparativos para la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo borrador plantea transferir la dirección de la instrucción penal de los jueces a los fiscales, un cambio que alinearía a España con países como Alemania, Italia o Portugal, donde el Ministerio Fiscal lidera la fase de investigación. Actualmente, en España, la instrucción está en manos de los jueces, y solo un pequeño porcentaje de causas complejas en la Audiencia Nacional son dirigidas por fiscales, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Con la reforma, se espera que la Fiscalía asuma un papel central en la investigación, lo que exige mayor autonomía y profesionalización del cuerpo.

Además, el anteproyecto introduce salvaguardas para evitar ceses discrecionales del fiscal general. Si el Gobierno desea destituirlo por incumplimiento de funciones, deberá solicitar un informe preceptivo al Consejo General del Poder Judicial, aunque este no será vinculante. Esta medida busca impedir decisiones motivadas políticamente, como han denunciado asociaciones profesionales en el pasado.

Más competencias para el fiscal general y la Junta de Fiscales

La reforma atribuye al fiscal general el nombramiento, ascenso y sanción de los principales fiscales, competencias que hasta ahora correspondían al Gobierno. Sin embargo, se refuerzan los controles internos: la Junta de Fiscales de Sala, órgano colegiado de asesoramiento y contrapeso, podrá imponer su criterio al fiscal general si logra el apoyo de al menos tres quintas partes de sus miembros, limitando así la discrecionalidad del jefe del Ministerio Público.

Entre las novedades más destacadas figura la obligación de que todas las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal general se realicen por escrito y sean registradas y publicadas, cerrando la puerta a posibles presiones externas y aumentando la transparencia en la relación institucional. Esta exigencia responde a polémicas recientes y pretende evitar sospechas de injerencia política en la actuación de la Fiscalía.

Más garantías en la investigación penal y control de imparcialidad

El anteproyecto equipara el régimen de abstención y recusación de los fiscales al de jueces y magistrados, permitiendo que las partes puedan apartar a un fiscal por motivos de imparcialidad, una demanda histórica de colectivos judiciales. Asimismo, se regulará el reparto de casos y la dirección de la Policía Judicial, que dependerá del fiscal responsable de la investigación.

Por primera vez, se prohíbe a las asociaciones de fiscales recibir financiación privada o fondos de gobiernos extranjeros, y se crea un registro público de fiscales preparadores de oposiciones, que requerirán autorización expresa de la Fiscalía General del Estado. Estas medidas buscan reforzar la neutralidad y transparencia del Ministerio Público, evitando posibles conflictos de interés.

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El objetivo principal es asegurar que la Presidencia del organismo esté en manos de una persona sin trayectoria política reciente y que sea elegida por mayoría parlamentaria
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Europa Press

Este martes, el Pleno del Congreso discutirá y votará si se admite a trámite una iniciativa presentada por el Partido Popular que busca modificar la ley que regula el funcionamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El objetivo principal de esta propuesta es asegurar que la Presidencia del organismo esté en manos de una persona sin trayectoria política reciente y que sea elegida por mayoría parlamentaria. Además, se pretende suprimir la publicación de encuestas y estimaciones electorales durante los periodos de campaña.

Desde el PP critican la gestión del actual presidente del CIS, José Félix Tezanos, vinculado al PSOE, acusándolo de haber dañado la credibilidad y neutralidad de la institución. Aseguran que su liderazgo ha generado desconfianza en la ciudadanía debido a la supuesta pérdida de independencia del organismo.

Cambios para garantizar imparcialidad

La iniciativa plantea modificar el artículo 10 de la ley del CIS para que solo puedan presidir el centro personas con una reconocida trayectoria en sociología o ciencias políticas, siempre que no hayan tenido afiliación política en los últimos cinco años. También se propone que la designación del presidente no dependa únicamente del Consejo de Ministros. En su lugar, el candidato propuesto por el Ministerio de la Presidencia deberá pasar un proceso de evaluación en el Congreso y obtener mayoría absoluta para ser confirmado.

Este procedimiento también se aplicaría a los miembros del Consejo Asesor, cuya designación está regulada en el artículo 11 de la misma ley. Además, se plantea que los estudios de contenido político o electoral incluyan de forma obligatoria una sección fija de preguntas y respuestas para garantizar consistencia en sus análisis.

Restricciones durante las campañas

Otro aspecto clave de la propuesta del PP es limitar la actuación del CIS durante los periodos electorales. Actualmente, el organismo publica una encuesta antes de que comience la campaña y otra en su fase final, respetando la ley que prohíbe difundir sondeos en los últimos seis días antes de las elecciones.

Sin embargo, los populares quieren ir más allá y prohíben que el CIS realice cualquier tipo de encuesta electoral mientras dure una campaña, si esta se refiere al ámbito geográfico afectado por las elecciones. Si se tratara de una encuesta de alcance nacional durante una campaña local o autonómica, el estudio no debería incluir datos del territorio en cuestión.

Por último, el PP propone que, en los estudios donde se incluya intención de voto, el CIS se abstenga de hacer proyecciones de resultados o estimaciones de escaños para los partidos.

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La Cámara Baja votará si apoyar un nuevo impuesto, esta vez destinado a los jets y embarcaciones que se consideren de lujo
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^{Europa Press}

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una propuesta de Sumar para imponer un nuevo impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo, en concreto los vuelos en jets privados y viajes en yates, con el objetivo de disminuir el impacto ambiental que provoca su uso “abusivo”.

Según informa Europa Press esta no es la primera vez que el grupo plurinacional defiende esta propuesta en la Cámara Baja, pues ya intentó introducir la tasa vía enmienda en la ley del impuesto del 15% a las empresas multinacionales, pero no lo consiguió y ahora defenderá una proposición no de ley en el Pleno forzando un debate específico y una votación.

La propuesta viene firmada por las diputadas de En Comú; Aina Vidal y Júlia Boada. Las diputadas explican que, aunque el uso de jets privados se ha asociado históricamente a viajes de negocio, esto parece estar en un “claro proceso de cambio”. Para justificar su tesis esgrimen un informe publicado por Greenpeace en septiembre de 2024, que demuestra que el turismo convencional de vuelos regulares y el turismo de lujo de vuelos en jets privados tuvieron un patrón estacional muy similar en 2023.

Coste energético y ambiental

El documento al que se remiten indica que en 2023 se produjeron 117.965 vuelos de aviones privados, y en la mayoría de los aeropuertos estos jets llegaron durante el periodo vacacional de verano. En España concretamente fueron 27.122 aterrizajes de estos aviones, un 23% del total de los países analizados, y provocaron unas 134.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

“Esto equivale a las emisiones anuales de unos 89.300 coches propulsados por combustible fósil. Estas son únicamente las emisiones de los vuelos a sus destinos; no incluyen las emisiones de los vuelos de vuelta”, agrega la propuesta de Sumar, a la que ha accedido Europa Press.

Boada y Vidal apostillan que este tipo de transporte es el “más desigual, más injusto y contaminante“, por lo que además de gravar las emisiones que originan estos medios de transporte, Sumar también exige financiar el coste de medidas de democratización del transporte como el billete único, y la mejora de la red ferroviaria.

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El ministro de Asuntos Exteriores ha respaldado la propuesta de un alto al fuego presentada por el presidente de Ucrania
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^{Imagen: el ministro de Asuntos Exteriores, José Luis Albares en Londres I Reuters}

La sexta reunión del grupo Weimar+, celebrada esta semana en Londres, se ha convertido en algo más que una cita técnica de coordinación diplomática. Por primera vez el Reino Unido acogía este foro informal, diseñado originalmente como un triángulo entre Francia, Alemania y Polonia, ampliado en los últimos años para incluir a socios clave como España e Italia. Lo simbólico no pasa desapercibido: Londres, fuera de la UE desde el Brexit, se ofrece ahora como espacio neutral y estratégico para una diplomacia europea que intenta hablar con una sola voz frente a Moscú.

La presencia del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su respaldo explícito al plan de alto el fuego propuesto por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski marcan una inflexión: la diplomacia europea ya no se conforma con sostener el esfuerzo bélico de Kiev, sino que comienza a construir un relato de paz activa. Eso sí, una paz con condiciones.

La ventana que se estrecha

El Reino Unido aprovechó su papel como anfitrión para reforzar su liderazgo en el flanco occidental. El ministro David Lammy anunció nuevas sanciones económicas dirigidas a figuras clave del entorno de Putin y a empresas que siguen beneficiándose del comercio de materias primas, tal como ha informado el ABC. Con ello, Londres insiste en la idea de que no habrá levantamiento de presión sin concesiones claras por parte del Kremlin.

Pero más allá de las declaraciones, el encuentro revela una preocupación latente: la ventana para una solución diplomática se estrecha. Las ofensivas rusas en el este de Ucrania continúan con intensidad y las bajas civiles siguen creciendo, mientras las líneas del frente se estancan. Algunos analistas, como los del Royal United Services Institute (RUSI), advierten de que 2025 puede marcar un punto de inflexión si no se logra una redefinición de objetivos.

La posición española: equilibrista pero firme

España ha intentado desde el inicio de la guerra mantener un perfil firme, aunque matizado, dentro del bloque europeo. Ni entre los más duros ni entre los más ambivalentes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por combinar el suministro de armamento con una insistencia reiterada en la vía diplomática. El respaldo al plan de alto el fuego propuesto por Zelenski encaja en esa lógica: apoyar a Ucrania sin renunciar a ejercer como mediador constructivo.

Albares lo dijo sin rodeos: “Sin un alto el fuego, cualquier negociación sería teatro”. Un mensaje que también sirve como crítica implícita a aquellos que reclaman conversaciones sin condiciones previas, sin reparar en el coste humano de cada semana de conflicto.

Apoyo militar a Ucrania desde 2022

• Estados Unidos: 42.000 millones.       
• Alemania: 17.100 millones.    
• Reino Unido: 9.200 millones. 
• Polonia: 4.300 millones.           
• Francia : 2.800 millones.           
• Países Bajos: 2.600 millones.
• España : 1.100 millones.           
• Italia: 1.000 millones. 
• Suecia: 900 millones.
• Noruega: 1.400 millones.         
• Canadá: 1.200 millones.          
• Dinamarca: 1.100 millones.   
• Finlandia: 1.000 millones.       
• Lituania, Letonia, Estonia: 600–900 millones.
• Chequia (Rep. Checa): 700 millones. Eslovaquia: 400 millones.

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El CNI descarta que el gran apagón del 28 de abril fuera causado por un ciberataque, apuntando a fallos técnicos o humanos. Aun así, el Gobierno mantiene abierta la investigación judicial para cubrir todas las hipótesis
The post El CNI descarta el ciberataque como causa del apagón del 28-A first appeared on Hércules.  El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha concluido que el apagón eléctrico masivo ocurrido el pasado 28 de abril no fue consecuencia de un ciberataque, ni desde el interior del país ni perpetrado por actores extranjeros. Así lo aseguran fuentes del Ejecutivo consultadas por el medio THE OBJECTIVE, en el marco de la investigación abierta por la Audiencia Nacional ante este incidente sin precedentes.

Pedro Sánchez convocó de urgencia a las seis grandes compañías del sector eléctrico ,Red Eléctrica, Endesa, Naturgy, Iberdrola, Acciona Energía y EDP, para solicitar que técnicos del CNI accedieran a sus sistemas informáticos. El objetivo: esclarecer cómo se produjo la desconexión completa de la red en cuestión de segundos.

La reunión tuvo lugar 24 horas después del colapso. Las compañías mostraron su total disposición a colaborar con los investigadores del Centro Criptológico Nacional, la rama técnica del CNI encargada de la ciberseguridad. Los analistas se desplazaron rápidamente a las sedes de las eléctricas para recoger datos. Aunque en un principio se consideró viable la hipótesis de un ciberataque, pronto fue quedando descartada. Según expertos, solo potencias como EE.UU., China, Rusia o Israel tendrían capacidad para perpetrar un sabotaje de esa magnitud. Sin embargo, no se ha hallado rastro alguno que lo sustente. Todo apunta a un fallo técnico, posiblemente amplificado por errores humanos en cadena.

El 30 de abril, THE OBJECTIVE ya adelantaba que la investigación judicial impulsada por el magistrado José Luis Calama perdería fuelle ante la falta de indicios sólidos. El caso, abierto tras una afirmación pública de Sánchez —“no se descarta ninguna hipótesis”—, busca más cubrir el expediente que resolver un crimen. Red Eléctrica descartó que el corte fuera fruto de una intrusión digital: “No hubo acceso indebido al sistema”, explicó su director de Operaciones, Eduardo Prieto. Su análisis preliminar localizó dos fallos eléctricos casi simultáneos en el suroeste peninsular.

Pese a la falta de pruebas, el Gobierno no ha cerrado ninguna vía. Calama, por su parte, formalizó diligencias previas debido a la afectación de infraestructuras críticas. Solicitó a Red Eléctrica y al Centro Criptológico informes detallados en un plazo de diez días, además de un análisis policial preliminar. A diferencia del caso Pegasus, donde había denuncia fiscal y base técnica, aquí no hay parte acusadora ni informe forense previo. Según fuentes judiciales, la intención del juez es dejar constancia oficial de que se ha descartado el ciberataque como causa del incidente.

El auto del magistrado advertía de que, si se confirmara un sabotaje digital, podrían estar en juego delitos de terrorismo recogidos en el artículo 573 del Código Penal, con penas de 10 a 25 años. Las infraestructuras como la red eléctrica son objetivos frecuentes por el potencial daño a la población, advirtió, citando ejemplos como los ciberataques a Ucrania en 2016. El apagón español supuso la pérdida instantánea de 15 GW de potencia, según el Gobierno, probablemente por una caída abrupta de tensión derivada de la inestabilidad en el suministro renovable, unido a la inactividad de tres centrales nucleares (Trillo, Alcaraz I y Cofrentes).

A día de hoy no hay una versión oficial ni un documento público definitivo que explique lo ocurrido. Sánchez ha solicitado a Bruselas un informe externo y ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica liderará una comisión investigadora, en la que participarán organismos especializados en ciberseguridad. El Ejecutivo se compromete a reformar el sistema para evitar que algo así vuelva a ocurrir y a depurar responsabilidades entre los operadores.

Desde Lisboa, la ministra portuguesa de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, fue clara: no puede garantizar que no se repita un incidente similar. En su opinión, el fallo fue de gestión, no de modelo energético. Una afirmación que podría condicionar el relato oficial que busca fijar el Ejecutivo español.

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Abanca desmiente cualquier interés en una fusión con Sabadell y se desmarca de los planes del Gobierno para frenar la opa del BBVA. El Ejecutivo busca bloquear la operación sin parecer intervencionista, pero se arriesga a pagar un alto coste político
The post El Gobierno maniobra contra la OPA del BBVA mientras Abanca desmonta rumores de fusión first appeared on Hércules.  A Abanca no le tembló el pulso para salir al paso de las especulaciones sobre una posible fusión con Banco Sabadell como cortafuegos frente a la ofensiva del BBVA. En un comunicado escueto pero tajante, la entidad que lidera Juan Carlos Escotet zanjó la cuestión: “Abanca desea insistir que no tiene interés en esta operación. Abanca reafirma su compromiso con un modelo de gestión profesional, basado en criterios empresariales, y seguirá trabajando para mantener su posición como referente en el sector financiero, siempre priorizando los intereses de sus grupos de interés. No haremos más comentarios sobre especulaciones de mercado y nos enfocaremos en seguir avanzando en nuestros objetivos estratégicos”.

Los rumores, sin embargo, llevan días circulando con fuerza en los mercados. La versión más extendida sugiere que Sabadell estaría explorando una alternativa a la opa hostil del BBVA mediante una fusión a tres con Unicaja y Abanca. Y no eran meras conjeturas: el Ejecutivo filtró a medios afines ,con especial énfasis en Expansión y La Vanguardia, que estaba esperando un movimiento de Sabadell para facilitar una operación que tumbara la propuesta de Carlos Torres.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se afana por elevar el listón regulatorio al BBVA a la vez que tantea su candidatura para presidir el Eurogrupo, en una maniobra de doble filo incompatible con la ortodoxia del mercado único. En su intento de no posicionarse abiertamente ni a favor ni en contra, ha alentado discretamente la opción de una tercera vía: una fusión compleja que bloquee la opa sin que el Gobierno tenga que vetarla de forma directa.

Pedro Sánchez no quiere quedar como el ejecutor de una operación que cuenta con el visto bueno técnico de los organismos supervisores. Pero es consciente de que el actual reparto accionarial del Sabadell le deja escaso margen para bloquear la opa. En el fondo, persiste la sombra del “modelo Prisa”, donde el intento presidencial de controlar el capital acabó en fiasco. Ahora, se busca un desenlace similar: alterar el tablero accionario a través de la incorporación de nuevos actores bancarios. El problema es que el propio Sabadell lleva meses alertando contra los peligros de una mayor concentración bancaria, y este giro obligaría al Gobierno a desdecirse.

En ese contexto, la posible fusión con Unicaja ya fue rechazada cuando los nuevos gestores del banco andaluz, Isidro Rubiales y Pepe Sevilla, se opusieron rotundamente. Y ahora Escotet, dueño del 85 % de Abanca, también se desmarca por completo. La realidad es que, aunque el Gobierno maniobre para evitar la opa, ya se da por hecho que deberá cargar con el coste político de hacerlo ,incluido el peaje de Junts, si finalmente se la tumba. La estrategia pasa, en última instancia, por imponer al BBVA condiciones tan exigentes que prefiera retirarse del juego.

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El PP propone reformar el CIS para garantizar su neutralidad, prohibiendo encuestas electorales en campaña y exigiendo que su presidente no tenga vínculos políticos recientes. La iniciativa busca recuperar la credibilidad perdida durante la gestión de Tezanos
The post La politización del CIS a debate en el Congreso first appeared on Hércules.  El Congreso se dispone a debatir este martes la iniciativa del Partido Popular para reformar la ley que regula el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El objetivo: asegurar que la Presidencia del organismo recaiga en una figura alejada de los partidos y elegida por mayoría parlamentaria. Además, los populares buscan limitar las encuestas electorales y las estimaciones de voto durante las campañas.

El PP considera que bajo la dirección de José Félix Tezanos, exdirigente socialista nombrado por el Gobierno, la credibilidad del CIS se ha deteriorado gravemente. Aseguran que la institución ha perdido su imparcialidad, generando un clima de creciente desconfianza social hacia sus estudios.

“Necesitamos una reforma que devuelva la credibilidad al CIS, restaure su independencia y recupere el respeto ciudadano”, afirman los promotores del cambio. La propuesta contempla una modificación del artículo 10 de la ley para impedir que el CIS sea presidido por alguien con trayectoria política reciente. El cargo recaería únicamente en expertos acreditados en sociología o ciencia política, sin vínculos partidistas durante al menos cinco años previos.

Asimismo, el presidente del CIS no sería nombrado directamente por el Gobierno. El candidato debería pasar por un examen parlamentario y obtener la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. Este mismo proceso se aplicaría al Consejo Asesor, cuya composición también se vería afectada por la reforma. El artículo 11 también sería ajustado. El PP plantea que las encuestas de contenido político o electoral incluyan un bloque fijo de preguntas y respuestas, además de otras relacionadas con temas de actualidad.

En cuanto a la actividad del CIS durante los procesos electorales, los populares apuestan por un veto total a los estudios de intención de voto en plena campaña. Actualmente, el CIS publica una macroencuesta antes del inicio de la campaña y un sondeo exprés una semana antes de los comicios, respetando el límite legal de no difundir encuestas en los últimos seis días. Sin embargo, el PP busca endurecer esta regulación para impedir cualquier estudio del CIS durante el periodo de campaña, en el territorio afectado.

Si coincidiera un proceso electoral local o regional con una encuesta estatal, los datos de la zona en campaña quedarían excluidos del análisis nacional. Además, en ningún caso el CIS podría ofrecer estimaciones de voto ni proyecciones de escaños. Solo se permitiría recoger la intención directa manifestada por los encuestados, sin cálculos posteriores que puedan influir en el electorado.

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