Categoría: ESPAÑA

El Tribunal Constitucional valida la ley de amnistía con división interna. La medida beneficia a los líderes del procés pese a las críticas.
The post Las claves de la sentencia del TC sobre la amnistía first appeared on Hércules.  El 30 de mayo de 2024, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la ley de amnistía, una norma que ha marcado la legislatura. Aquel día, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, proclamaba desde la tribuna: «Esta ley no es perdón ni clemencia, es victoria». Su afirmación simbolizaba un momento político clave, respaldado por una ajustada mayoría parlamentaria de 177 votos a favor frente a 172 en contra. Ahora, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha reafirmado esa decisión con una votación de 6 a 4, consolidando el respaldo jurídico a una ley que sigue generando controversia.

La sentencia, previsible según expertos en derecho constitucional, se sostiene en la interpretación de que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícitamente», según la magistrada Inmaculada Montalbán, ponente del fallo. Sin embargo, en las 205 páginas del texto se admite con claridad que la motivación de la ley responde a «criterios de oportunidad política». El trasfondo es conocido: Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de Junts para su investidura. Aunque el texto justificativo apela al interés general y a la búsqueda de convivencia dentro del Estado de derecho, la realidad es que el origen de la medida fue esencialmente táctico.

Reacciones divididas y tensiones institucionales

Hace dos meses, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, expresó su «profunda preocupación» por lo que consideró ataques a la legitimidad del tribunal por parte de sectores de la oposición y del Tribunal Supremo. Recordó que «cuestionar al Constitucional es cuestionar el sistema democrático», en una intervención que ya anticipaba el clima de tensión institucional.

Ayer, tras conocerse la sentencia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue tajante: «Esta amnistía es una vergüenza y una corrupción política». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue aún más crítica: «Destruye el Poder Judicial y blanquea la corrupción de Estado». Tanto el Gobierno de Madrid como otras comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha presentaron recursos ante el Constitucional. Por su parte, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantearon cuestiones de inconstitucionalidad.

Pese a la validación por parte del Constitucional, el choque de trenes continúa. El ministro Félix Bolaños, junto a dirigentes de ERC y Junts, exigió ayer la inmediata aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, en un nuevo pulso al Supremo, que considera que la malversación vinculada al procés no es amnistiable por implicar beneficio patrimonial. Jordi Turull, número dos de Junts, instó incluso al Constitucional a usar «mecanismos coercitivos» para forzar al Supremo, en un giro irónico si se recuerda el desacato de 2017 a los requerimientos del propio TC durante la aprobación de las leyes de desconexión.

Un camino lleno de obstáculos legales y sociales

Desde Bruselas, Pedro Sánchez celebró el fallo: «Es una magnífica noticia para España y para la convivencia». Pero el recorrido de la amnistía ha sido tortuoso. Comenzó en agosto de 2023, cuando el diario El País tituló que Sánchez asumía la necesidad de un «alivio penal al procés». Aunque el Gobierno mantuvo una estrategia de silencio y eufemismos, fue Oriol Junqueras quien desveló que el pacto estaba cerrado desde el 17 de agosto, día de la constitución de las Cortes Generales.

El PSOE optó por registrar la medida como proposición de ley, esquivando al Consejo de Ministros y a los órganos consultivos, y aplicando un procedimiento de urgencia. Aunque al principio se buscó consenso, finalmente el texto fue presentado en solitario el 13 de noviembre, un día antes del debate de investidura. A esa misma hora, decenas de miles de ciudadanos protestaban en las calles bajo el lema de «ley de impunidad», con 80.000 asistentes solo en Madrid, según cifras oficiales.

En el plano técnico, la norma recibió cuatro informes negativos de los letrados del Congreso y Senado, uno del Consejo General del Poder Judicial, y objeciones de organismos europeos como la Comisión de Venecia. La presión de Junts, y en especial de Puigdemont, fue determinante para endurecer la norma, hasta el punto de incluir delitos de terrorismo en su redacción. El grupo independentista llegó a tumbarla temporalmente el 30 de enero para forzar una renegociación.

Una vez aprobada, los tribunales entraron en escena. La decepción de Puigdemont no tardó en llegar, al comprobar que la aplicación de la ley no sería automática ni total. Ahora, con el aval del Constitucional, el proceso legal sigue. Aún deben resolverse los recursos individuales y determinarse qué delitos concretos serán finalmente amnistiados. El tablero político y judicial continúa en movimiento.

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JUCIL reclama al Gobierno medios y respaldo legal para frenar la violencia contra los agentes, que en 2024 alcanzó cifras récord
The post Se producen una media de tres agresiones diarias a guardias civiles en España first appeared on Hércules.  España registra una media de tres agresiones diarias a guardias civiles, según los últimos datos difundidos por JUCIL, la asociación profesional mayoritaria del Cuerpo. Solo en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 232 ataques, un 5% menos que en el periodo anterior, pero aún muy por encima de lo asumible en una democracia que exige a sus agentes la máxima entrega, incluso en situaciones de riesgo extremo.

“La sociedad exige mucho a sus guardias civiles, pero no se nos protege con justicia”, lamenta Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, quien denuncia la ausencia de respaldo legal y administrativo para que los agentes puedan repeler agresiones con eficacia y sin miedo a expedientes disciplinarios.

De los 232 ataques registrados entre enero y marzo, seis fueron cometidos con armas, dos más que en el trimestre anterior. En paralelo, se registraron 814 accidentes laborales, lo que representa un preocupante aumento del 19% respecto al último trimestre de 2024. Los datos evidencian un entorno laboral cada vez más peligroso para los guardias civiles, que afrontan turnos exigentes, plantillas limitadas y un clima social de creciente hostilidad.

Una escalada constante: 1.404 agresiones en 2024

La violencia contra los agentes no es un fenómeno nuevo. En 2024, el número de agresiones alcanzó 1.404 casos, la cifra más alta jamás registrada, con un incremento del 18% respecto al año anterior. En 2021 se registraron 1.051 agresiones y en 2022, 1.193. En solo dos años, el aumento ha sido del 34%, una tendencia que JUCIL atribuye al deterioro del principio de autoridad y a la creciente impunidad de los agresores.

“Es inaceptable que sigamos sin ser considerados una profesión de riesgo”, denuncia Vilariño, recordando que el Tribunal Supremo ya ha condenado al Gobierno por no adaptar la normativa que permita reconocer como tal a los guardias civiles de clases pasivas.

JUCIL exige más medios y protección jurídica

Ante esta situación, la asociación reclama medidas urgentes y concretas para garantizar la seguridad de los agentes. Entre las prioridades, destaca la dotación de defensas extensibles individuales, pistolas eléctricas paralizantes para cada patrulla, cámaras unipersonales, chalecos antibalas individuales y trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo. También solicita la incorporación de fundas de pistola antihurto, vehículos actualizados, y protocolos que impidan patrullajes en solitario.

“No pedimos privilegios, pedimos recursos para trabajar con garantías”, insiste Vilariño, que recuerda que muchos agentes comparten chalecos antibalas con tallas inadecuadas y que, en demasiadas ocasiones, deben hacer frente a situaciones de máximo riesgo sin herramientas ni apoyo normativo.

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Un estudio revela que los beneficiarios de una ayuda mensual de hasta 1.297 euros tenían un 22% menos de probabilidades de trabajar que quienes no recibieron nada
The post Fracasa el experimento de renta mínima en Barcelona: desincentiva el empleo y aumenta la desigualdad first appeared on Hércules.  El experimento piloto de renta mínima garantizada llevado a cabo entre 2017 y 2019 en diez barrios desfavorecidos de Barcelona ha fracasado según las conclusiones de un estudio académico recién publicado. El programa, que ofrecía transferencias mensuales de hasta 1.297 euros por hogar, ha provocado un claro desincentivo al empleo: los beneficiarios de estas ayudas tuvieron un 22% menos de probabilidades de trabajar respecto a quienes no recibieron ninguna prestación.

El trabajo, firmado por los investigadores Timo Verlaat, Federico Todeschini y Xavier Ramos, y titulado “Los efectos sobre el empleo de una política de ingresos garantizados basada en la prueba de medios”, hace un seguimiento a 1.200 hogares desde el inicio del programa hasta seis meses después de su finalización. La conclusión es rotunda: el impacto en el mercado laboral fue negativo, persistente y difícil de revertir.

Menos trabajo y más dependencia

Durante 23 meses, los hogares participantes en el grupo de tratamiento recibieron una media de 422 euros al mes, aunque en el caso de familias numerosas la transferencia llegó a superar los 1.200 euros. A cambio, no se exigía ningún compromiso laboral. El grupo de control, en cambio, no percibió ayuda alguna.

Los resultados muestran que, dos años después del inicio del programa, no solo los beneficiarios principales tenían una menor probabilidad de trabajar, sino que además el 14% de los hogares del grupo de tratamiento no contaban con ningún miembro empleado, una cifra significativamente superior a la del grupo de control. Y lo más preocupante: los efectos persistieron al menos seis meses tras el fin de las transferencias.

Además, el informe descarta que estas ayudas sirvieran para fomentar la educación, la formación o la participación social. Tampoco se encontraron beneficios claros en términos de salud mental o bienestar emocional. En cambio, se detectó una cierta sustitución laboral por tareas de cuidados, lo que, si bien puede tener un valor social, no compensa el deterioro de la empleabilidad general.

El fracaso del experimento se enmarca en un contexto de desigualdad creciente en la ciudad condal. Según un informe de la Oficina Municipal de Dades, en 2022 la renta disponible real de los barceloneses cayó un 2,6% debido al efecto de la inflación. Aunque los ingresos nominales aumentaron un 4,9%, las subidas de precios se comieron ese avance. Y mientras los barrios más acomodados, como Les Tres Torres o Sarrià-Sant Gervasi, superan los 35.000 euros de renta per cápita, otros como Ciutat Meridiana no alcanzan los 12.000 euros.

Esta desigualdad estructural alimenta el debate político sobre las rentas garantizadas, que la Generalitat quiere extender en forma de una renta básica universal sin condiciones. Sin embargo, los datos empíricos del experimento barcelonés parecen indicar que este tipo de políticas no solucionan el problema de fondo: la creación de empleo de calidad en los entornos más vulnerables.

El informe académico pone en entredicho la viabilidad de rentas mínimas sin incentivos laborales, al menos en los términos en que se diseñó el experimento de Barcelona. Lejos de facilitar la integración, fomentan la dependencia de las ayudas públicas y reducen la participación en el mercado laboral. La evidencia recogida en la capital catalana se suma a la de otros experimentos similares en países europeos, como Finlandia o Países Bajos, que han mostrado resultados parecidos.

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Cinco días de apagón informático paralizan la administración mientras los ciberdelincuentes exigen un rescate económico elevado
The post Melilla sufre un ciberataque con secuestro de datos y petición de rescate first appeared on Hércules.  Un ataque de ransomware ha dejado a la Ciudad Autónoma de Melilla bloqueada durante cinco días consecutivos, en lo que ya se considera uno de los peores episodios de ciberseguridad sufridos por una administración española. Los atacantes exigen un rescate millonario a cambio de liberar los sistemas, mientras las autoridades, con el apoyo del Centro Criptológico Nacional (CCN), tratan de recuperar el control sin ceder a las amenazas.

Un apagón digital que paraliza la administración

Desde hace cinco días, los sistemas informáticos del gobierno melillense han quedado inutilizados tras la intrusión de un malware del tipo ransomware, que bloquea el acceso a los datos y exige un pago para su liberación. El ataque ha afectado a casi todos los servicios públicos, lo que ha provocado la suspensión de trámites administrativos, retrasos en pagos y graves molestias a los ciudadanos.

Entre los principales afectados están los 1.200 empleados públicos, cuyo cobro de nóminas de este mes ha quedado en el aire. Según ha declarado el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, “la cosa ha sido bastante gorda” y se estima que la recuperación completa podría tardar aún varios días.

Qilin se atribuye el ciberataque

El grupo Qilin, conocido por sus operaciones de ransomware, ha reivindicado la autoría del ataque. Aunque las autoridades no han confirmado aún esta versión, los supuestos atacantes aseguran haber robado entre 4 y 5 terabytes de datos confidenciales, incluyendo información personal de residentes, datos turísticos e incluso archivos comprometedores de altos cargos. Aseguran haber accedido a ordenadores de personas influyentes, obteniendo pruebas de presunta corrupción y malversación de fondos públicos.

Los expertos del CCN, brazo en ciberseguridad del CNI, han asumido la coordinación técnica para contener la crisis. Aunque se descarta por ahora una motivación geopolítica o extranjera, lo cierto es que la infraestructura digital de la ciudad ha quedado gravemente dañada.

La vulnerabilidad de Melilla ha quedado expuesta por un elemento clave: su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) aún está en fase de desarrollo. En 2024, la ciudad firmó un convenio con el CNI para construir un SOC propio, valorado en 300 millones de euros. Sin embargo, solo se ha desembolsado la mitad de los fondos, lo que ha impedido avanzar en su implementación.

Este centro habría permitido detectar, supervisar y responder a incidentes de ciberseguridad en tiempo real. Ahora, el CCN reclama el pago restante para poder activar este sistema esencial, que podría haber mitigado los efectos del ataque o incluso evitado la intrusión.

España, cada vez más en el punto de mira

El caso de Melilla no es aislado. España ha experimentado un notable repunte en los ciberataques de alto impacto, con un incremento del 64 % en 2024 respecto al año anterior, según datos del propio CCN. El robo de información confidencial de empresas y administraciones se ha convertido en el principal objetivo de los ciberdelincuentes, con una sofisticación creciente.

Imbroda ha recordado que incluso el Pentágono y el Ayuntamiento de Granada han sido víctimas de ataques similares en los últimos meses. “Ninguna administración está a salvo. Por eso necesitamos sistemas de defensa completos y plenamente operativos”, ha recalcado.

Como es habitual en estos casos, el CNI y el CCN desaconsejan de forma tajante el pago de rescates, pues ello solo fomenta nuevas campañas delictivas. Mientras tanto, los melillenses esperan el restablecimiento de sus servicios públicos, y las autoridades han ampliado los plazos administrativos para reducir el impacto sobre la ciudadanía.

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El fallo del TC provoca una cascada de reacciones entre partidos y líderes institucionales, con Feijóo denunciando corrupción y Junts exigiendo medidas al Supremo
The post El Constitucional avala la amnistía y agita el conflicto catalán: “La ley es legal, pero el problema político sigue vivo” first appeared on Hércules.  La esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía ha llegado. Y lo ha hecho sin sorpresas: con mayoría progresista, el alto tribunal ha validado por seis votos contra cuatro la norma clave para la investidura de Pedro Sánchez. El fallo respalda la legalidad del “borrado penal” del procés, rechazando que la amnistía suponga una intromisión en el Poder Judicial o una vulneración del derecho a la legalidad penal. Sin embargo, el veredicto ha dejado tras de sí un país más dividido que antes.

Feijóo: “Es una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder”

La reacción del principal partido de la oposición fue inmediata. Desde Bruselas, Alberto Núñez Feijóo calificó el fallo de “esperado” y cargó con dureza contra el Gobierno: “Lo que se ha validado es una autoamnistía, una vergüenza en cualquier democracia”. Aunque aseguró respetar al tribunal, denunció que la medida sigue siendo “ilegal, inmoral y un obús contra la separación de poderes”.

El líder del PP recordó que la amnistía fue negociada por Santos Cerdán, actual investigado por corrupción, y subrayó que la persona que redactó la ley ahora es “una persona corrupta siguiendo instrucciones de Sánchez”. Además, lamentó que el TC se negara a consultar al Tribunal de Justicia de la UE y reclamó que sea Europa quien ponga freno a una norma que, según dijo, “atenta contra el Estado de derecho”.

Illa y Bolaños aplauden la sentencia y piden su aplicación inmediata

Desde el otro extremo del tablero político, las reacciones fueron de euforia. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, celebró el fallo como una “hora feliz” para Cataluña y pidió “respeto para la decisión del Congreso”. En una declaración institucional, sostuvo que “la ley de amnistía ha funcionado”, beneficiando ya a más de 300 personas y favoreciendo la normalización institucional y el diálogo político en Cataluña.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pidió al Tribunal Supremo que “aplique ya la ley” y defendió que la medida “ha cambiado la realidad en Cataluña y en toda España”. No obstante, reconoció que aún hay recursos pendientes y apeló a que los tribunales sigan su curso.

Junts y ERC: “La amnistía no resuelve el conflicto, el referéndum sigue pendiente”

Mientras el Gobierno y el PSC celebraban el aval del TC como una victoria política y jurídica, los partidos independentistas matizaron su entusiasmo. Jordi Turull, secretario general de Junts, valoró que la ley es una “enmienda a la represión” pero advirtió que “el conflicto sigue vivo”. Exigió al Constitucional que “imponga medidas coercitivas al Supremo” para garantizar la aplicación efectiva de la amnistía, que todavía no alcanza a los líderes del procés como Puigdemont, Comín o Junqueras.

En la misma línea, el conseller de Justicia, Joan Ignasi Elena (ERC), sostuvo que la ley “resuelve la injusticia, pero no el conflicto político”, y recordó que sin ERC “no habría habido amnistía”. La diputada de la CUP, Laia Estrada, fue aún más contundente: “Si el conflicto no está resuelto, seguirá habiendo lucha y, por tanto, represión”.

Pese al espaldarazo del Constitucional, el futuro de la ley de amnistía está lejos de quedar cerrado. El PP confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enmiende al TC, después de que la Comisión Europea apuntara que se trata de una “autoamnistía”. A la espera de ese pronunciamiento, el fallo del tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido ha activado una nueva fase del conflicto institucional y territorial en España.

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Congreso investiga a ActBlue por posibles donaciones extranjeras ilegales y fallas en su sistema de prevención de fraude en las elecciones de 2024
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El Congreso de EE. UU. ha dado un paso contundente en la investigación que busca esclarecer si la plataforma de recaudación digital ActBlue facilitó contribuciones ilícitas provenientes del extranjero durante las elecciones de 2024. Esta semana, los legisladores federales emitieron citaciones formales para obligar a dos exempleados clave de la organización a comparecer como testigos.

Las citaciones, enviadas por el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, y el presidente del Comité de Administración, Bryan Steil, exigen la comparecencia de Alyssa Twomey, exvicepresidenta de servicio al cliente de ActBlue, y de un especialista senior en gestión de flujos de trabajo, antes del próximo 15 de julio.

Resistencia inicial de los testigos

Ambos testigos fueron previamente invitados a entrevistas transcritas de forma voluntaria, pero su abogado declinó la solicitud, citando una investigación en curso del Departamento de Justicia. Esta negativa motivó a los comités legislativos a avanzar con la vía legal.

En una carta adjunta a las citaciones, los comités subrayaron que su labor persigue un objetivo legislativo legítimo: evitar que actores extranjeros interfieran en el proceso democrático mediante donaciones políticas fraudulentas. Según los congresistas, existe evidencia de que ActBlue relajó sus medidas antifraude en plena temporada electoral, pese a tener conocimiento de intentos de ingreso de fondos ilícitos desde el exterior.

Acusaciones de negligencia sistémica

De acuerdo con la investigación parlamentaria, la actitud de ActBlue ante las amenazas fue “fundamentalmente negligente”. Se identificó que la plataforma disminuyó sus estándares de seguridad en al menos dos ocasiones durante el año electoral 2024. Además, la capacitación interna habría instruido a los nuevos empleados a enfocarse en “encontrar razones para aceptar donaciones” en lugar de verificar posibles fraudes.

Documentos internos obtenidos por los comités evidencian que la alta dirección del área de prevención de fraude reconocía mecanismos por los cuales los sistemas podían ser burlados, permitiendo aportes ilegales a campañas políticas.

Respuesta de ActBlue ante las citaciones

ActBlue minimizó la importancia de las citaciones, argumentando que se trata de requerimientos dirigidos a individuos, no a la organización como tal. En un comunicado, la entidad criticó la orientación partidista de la investigación.

“Esta carta no se dirigió directamente a ActBlue. No obstante, sus argumentos no responden a nuestras serias preocupaciones sobre indagatorias paralelas y politizadas que provienen de distintas ramas del gobierno”, sostuvo la organización en su declaración.

Investigación por posible lavado de dinero

El foco de la indagación gira en torno a si entidades extranjeras pudieron explotar la plataforma para financiar campañas en EE. UU., lo cual representa una grave violación de la ley electoral. En octubre, Steil y el senador Ron Johnson enviaron una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al director del FBI, Christopher Wray, y a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, expresando su preocupación por posibles aportes desde países como Irán, Rusia, China y Venezuela.

Los legisladores afirmaron que su pesquisa reveló posibles casos de suplantación de identidad de ciudadanos estadounidenses para encubrir transacciones de lavado de dinero político. Solicitaron acceso a Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) generados por instituciones financieras bajo leyes contra el lavado de dinero. Dichos reportes ya están siendo examinados por el Congreso.

Reformas en políticas internas tras presión legislativa

Frente al avance de la investigación, ActBlue reconoció haber implementado cambios en su sistema de verificación. La plataforma ahora rechaza automáticamente donaciones hechas con tarjetas prepago extranjeras, tarjetas de regalo o aquellas provenientes de países sancionados o de alto riesgo, según los criterios establecidos por su proveedor de soluciones de seguridad, Sift.

Este ajuste ocurrió solo tres días después de que Steil presentara la Ley SHIELD, orientada a prevenir la injerencia extranjera en la financiación digital de campañas. Antes del cambio, ActBlue no bloqueaba automáticamente transacciones realizadas con tarjetas regalo de origen extranjero, lo que, según los críticos, abría la puerta a fraudes sistemáticos.

ActBlue defiende su historial

Pese a las acusaciones, ActBlue sostiene su inocencia. En junio de 2024, la organización celebró su vigésimo aniversario destacando su papel como pilar confiable en la recaudación de fondos para campañas progresistas y del Partido Demócrata. Ha asegurado que continúa colaborando con todas las investigaciones pertinentes.

No obstante, los comités han revelado que durante la campaña de 2024 se modificaron prácticas clave en la plataforma. Uno de los cambios más cuestionados fue la eliminación del requisito del código CVV en pagos con tarjeta, lo que incrementó las vulnerabilidades ante posibles transacciones falsas. Un análisis interno reflejó que esta política derivó en un aumento de entre 14 y 28 donaciones fraudulentas mensuales.

Rastros de origen internacional

Los documentos revisados por los legisladores mostraron que ActBlue comenzó a detectar un flujo creciente de posibles donaciones anómalas desde países como Brasil, Colombia, India, Irak, Filipinas y Arabia Saudita.

Este patrón llevó a los congresistas y al expresidente Donald Trump a instar al Departamento de Justicia a iniciar una investigación formal por posible conducta criminal.

Trump exige acción legal

En un memorando reciente, Trump recordó que las leyes federales (52 U.S.C. 30121 y 30122) prohíben explícitamente las contribuciones de ciudadanos extranjeros, así como aquellas realizadas en nombre de terceros. Denunció que plataformas como ActBlue podrían estar participando de forma activa en esquemas de donaciones prohibidas y excesivas para beneficiar a ciertos candidatos.

“Estas prácticas, de confirmarse, representan una grave amenaza a la integridad del sistema democrático estadounidense”, sentenció.

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Los Estados del Golfo han facilitado logística, armas e inversión a Israel en su guerra contra Gaza. Su implicación va más allá de la diplomacia
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En la actual ofensiva israelí sobre Gaza, los Estados del Golfo han mantenido una postura ambigua: en público, expresan solidaridad con Palestina; en privado, consolidan una red de apoyo político, financiero y militar con Tel Aviv. Este doble discurso no es nuevo. Durante años, países como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin han reforzado una relación estratégica que ahora juega un papel decisivo en el conflicto.

Los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 bajo el auspicio de Estados Unidos, oficializaron esta alianza para algunos, pero otros actores han optado por la discreción. Riad, considerado el cerebro detrás de la normalización, y Doha, que mantiene una imagen de mediador neutral, se han convertido en facilitadores logísticos y financieros del esfuerzo militar israelí.

Esta colaboración, según reconocimientos de figuras como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, forma parte de un entramado regional que redefine las prioridades geoestratégicas en Medio Oriente.

Comercio e inversión: el respaldo económico del Golfo

Mientras crece la indignación popular y se multiplican los boicots ciudadanos en el mundo árabe, el comercio Israel-Golfo se ha disparado. Emiratos Árabes Unidos lidera como principal socio comercial árabe de Israel, seguido de cerca por Bahréin, cuyo intercambio bilateral aumentó un 950% en los primeros meses del conflicto.

Empresas árabes con certificaciones kosher continúan ingresando productos a Israel, como Al Barakah Dates y Hunter Foods, mientras firmas saudíes como Durra mantienen canales de exportación activos. Qatar, por su parte, sigue enviando materias primas para plásticos con uso industrial y militar en Israel.

Más preocupante aún es el flujo de inversiones indirectas: los fondos del Golfo han alcanzado empresas como Phoenix Holdings, conectada a bancos y constructoras israelíes activas en los asentamientos ilegales en Cisjordania. La implicación de Jared Kushner, ex asesor presidencial de EE. UU., en el manejo de estos fondos solo refuerza los vínculos entre política exterior, negocios y ocupación.

Reestructuración logística en tiempos de bloqueo

El bloqueo naval en el Mar Rojo, impulsado por los hutíes, afectó seriamente las rutas comerciales israelíes. Pero los Estados del Golfo reaccionaron rápidamente para proteger sus intereses. Emiratos Árabes Unidos estableció una ruta terrestre desde Dubái hasta Tel Aviv, atravesando Arabia Saudita y Jordania. Bahréin, por su parte, adaptó sus puertos para servir de nodo logístico a mercancías israelíes procedentes de Asia.

Estas medidas no sólo sustituyeron rutas, sino que aseguraron la continuidad del suministro durante uno de los bloqueos más significativos desde 2006.

La colaboración armamentística se intensifica

Apenas iniciados los bombardeos sobre Gaza, Emiratos Árabes Unidos reforzó su cooperación armamentista con Tel Aviv. Informes de Balkan Insight revelaron exportaciones por 17,1 millones de dólares en armas procedentes de empresas vinculadas a Abu Dhabi.

Además de la compraventa de material bélico, EDGE Group, el conglomerado militar emiratí, posee participaciones en empresas israelíes como Rafael e IAI, especializadas en aviación militar. La presencia de fabricantes israelíes como Bayt Systems en suelo emiratí y la participación de 34 firmas en la feria de defensa IDEX 2025 prueban que la cooperación militar va más allá del secretismo.

Arabia Saudita, sin acuerdos formales con Israel, ha optado por rutas indirectas: compra de misiles a través de filiales estadounidenses, ensamblaje encubierto de drones sudafricanos y, según observadores, despliegue de sistemas diseñados por empresas israelíes como RADA en sus bases militares.

Qatar, a su vez, sigue obteniendo piezas de repuesto de fabricantes israelíes para su flota militar y ha participado en simulacros conjuntos que incluyen a Tel Aviv, celebrados recientemente en Grecia.

Bases, vuelos y municiones: el sostén logístico

La infraestructura militar del Golfo ha sido esencial para el transporte de armamento estadounidense a Israel. Arabia Saudita, Bahréin y especialmente Qatar —hogar del Comando Central de EE.UU. en Al-Udeid— han servido de puntos de tránsito para decenas de vuelos cargados con misiles y municiones.

En Dubái, el aeropuerto internacional facilitó el tránsito de reservistas israelíes hacia Gaza, mientras organizaciones judías en el emirato canalizaban paquetes de apoyo a soldados desplegados.

Energía y diplomacia: el nuevo eje regional

En paralelo al conflicto, Tel Aviv ha acelerado su diplomacia energética. Su ministro de Energía, Eli Cohen, anunció un ambicioso proyecto de oleoducto entre Ashkelon y Arabia Saudita pasando por Eilat. Este proyecto se alinea con el corredor económico IMEC, una alternativa a la Franja y la Ruta china, e involucra también a los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

Bahréin, a través de su empresa estatal Bapco Energy, vendió parte del oleoducto nacional a BlackRock, una firma estrechamente ligada a inversiones en territorios ocupados. La operación refuerza la agenda de normalización regional con implicaciones energéticas de largo plazo.

Inteligencia compartida y control tecnológico

Uno de los capítulos más sensibles es el de la colaboración en inteligencia y vigilancia. En 2024, altos mandos militares de Israel, Emiratos, Arabia Saudita, Jordania, Egipto y Bahréin se reunieron secretamente en Manama, bajo la supervisión del Comando Central estadounidense. El objetivo: frenar flujos de armamento hacia Gaza procedentes de Irak y Yemen.

Bahréin, sede de la Quinta Flota de EE. UU., se ha comprometido abiertamente a colaborar en este esfuerzo. Algunos analistas sugieren que Israel podría obtener acceso naval permanente al Golfo.

En el terreno tecnológico, las empresas israelíes están penetrando la infraestructura de seguridad del Golfo. Crescent Technologies, con sede en Bahréin, colabora con CyberArk en ciberdefensa. Emiratos Árabes Unidos ha firmado contratos con XM Cyber, fundada por un ex jefe del Mossad, para proteger instalaciones energéticas, junto a consorcios que incluyen a Rafael y otras firmas militares israelíes.

Incluso compañías como Orpak Systems han ingresado al sector petrolero árabe bajo marcas camufladas, evitando controversias públicas.

Conclusión: aliados silenciosos en la devastación

Aunque sus declaraciones públicas siguen apelando al apoyo histórico a Palestina, los hechos revelan otra realidad. Los Estados del Golfo no solo han dejado de ser actores neutrales: ahora son colaboradores estratégicos en la maquinaria bélica de Israel.

A través de inversiones, acuerdos logísticos, comercio, cooperación militar y tecnológica, estos gobiernos han asegurado que la guerra contra Gaza cuente con el respaldo necesario. La devastación, entonces, no es solo obra de Tel Aviv: se trata de una empresa regional sostenida por silencios, tratados ocultos y millones en contratos.

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Europa se enfrenta a crisis geopolíticas, el veto húngaro a Ucrania y las presiones comerciales de Trump. El Consejo Europeo busca mantener el equilibrio
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Tras un fallido G7 en Canadá y una cumbre de la OTAN moldeada al gusto de Donald Trump, los líderes europeos vuelven a Bruselas este jueves 26 de junio con el objetivo de recalibrar sus estrategias. En un clima marcado por tensiones en Oriente Medio, el estancamiento del proceso de paz en Ucrania y las crecientes presiones comerciales con Estados Unidos, el Consejo Europeo se celebra bajo una nube de incertidumbre.

Europa se mueve de crisis en crisis, intentando mantener una línea coherente, especialmente tres años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania. El presidente Volodímir Zelenski participará por videoconferencia desde Estrasburgo, reforzando el compromiso simbólico de Europa con Kiev.

En lo financiero, los 27 miembros de la UE han cumplido sus promesas de apoyo. Sin embargo, el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea se encuentra paralizado. ¿El principal obstáculo? El persistente veto húngaro, mantenido por Viktor Orbán, que se opone al inicio del primer grupo de negociaciones, a pesar del consenso del resto de los Estados miembros.

Hungría bloquea el camino a Kiev

En Budapest, Zelenski ha sido blanco de una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno húngaro. En el contexto de una intensa lucha electoral interna entre Fidesz y el opositor Pedro Magiar, Orbán ha utilizado la oposición a la integración ucraniana como bandera política, y promete mantener su negativa al menos hasta abril de 2026.

Para reforzar su postura, el gobierno húngaro organizó un referéndum, cuyo resultado –oposición a la adhesión ucraniana– es la base sobre la que Orbán llega a Bruselas. “Mi voz se ha fortalecido”, dijo al llegar a la cumbre.

Por si fuera poco, el 18º paquete de sanciones contra Rusia, aún en negociación, enfrenta resistencia tanto de Hungría como de Eslovaquia, cuyo primer ministro, Robert Fico, exige garantías en materia de suministro energético. Mientras, los Estados europeos debaten cómo ajustar el tope al precio del petróleo ruso: algunos quieren coordinarse con el G7, otros defienden una acción puramente europea.

Gaza divide aún más a Europa

El nuevo paquete de sanciones “golpea más fuerte”, afirman desde París. No solo busca presionar los ingresos rusos, sino también forzar un alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, la fractura entre los Estados miembros se extiende más allá de Moscú: la situación en Gaza también divide.

Países Bajos, junto con España, Bélgica e Irlanda, quieren revisar el acuerdo de asociación con Israel, en respuesta a las acciones militares en la Franja. En cambio, Alemania e Italia temen que cualquier medida endurezca el diálogo y complique futuras negociaciones. Bruselas intenta navegar entre posiciones encontradas: “No se trata de sancionar a Israel, sino de abrir corredores humanitarios sin restricciones”, señalan desde el gabinete de la Alta Representante, Kaja Kallas.

Trump endurece el tono comercial

El regreso de Donald Trump al primer plano político reaviva las preocupaciones en el ámbito del comercio internacional. La fecha límite del 9 de julio para cerrar un nuevo acuerdo entre la UE y EE. UU. presiona a las capitales europeas.

Desde Bruselas, la Comisión Europea prepara un paquete de “reequilibrio” que contempla represalias por valor de 95.000 millones de euros, si Washington mantiene sus aranceles del 10% sobre productos europeos. La lista ha sido filtrada y depurada para centrarse en sectores clave, aunque los Estados miembros discrepan: unos piden reducirla para proteger sus industrias, otros quieren mantenerla larga para disuadir a EE. UU.

La propuesta europea incluye la reducción de 80.000 millones de dólares en aranceles y el alivio de barreras no arancelarias para 20.000 millones más. Pero, como se ha visto, Trump no tiende la mano: insiste en mantener la tasa del 10% para todos los productos importados.

Defensa europea, rápido avance con costos

Donde sí parece avanzar Europa es en materia de defensa. El programa SAFE, que contempla 150.000 millones en préstamos para gasto militar, fue aprobado en solo tres meses, un ritmo inédito para la burocracia comunitaria. Los miembros de la OTAN han aceptado subir del 2% al 3,5% del PIB su gasto en defensa en una década, aunque países como Italia y España tienen serias dificultades para cumplir ese objetivo.

Esta aceleración también responde a la necesidad de apaciguar a Trump, que insiste en que los europeos aumenten su contribución a la alianza atlántica. Lo irónico es que su guerra comercial vulnera el artículo 2 del Tratado del Atlántico Norte, que promueve la cooperación económica entre sus miembros.

El clima y el método Macron

Otro de los focos de tensión será la revisión de los objetivos climáticos para 2040. Francia, que lideró los esfuerzos para el Pacto Verde, pide ahora cambiar el enfoque: primero evaluar las condiciones económicas y tecnológicas, y solo después fijar metas de reducción de emisiones.

El objetivo es evitar errores pasados, como el ambicioso -55% de reducción para 2030 que derivó en miles de páginas de reglamentos. Junto a Alemania, el presidente Macron ha presentado enmiendas conjuntas para vincular competitividad y sostenibilidad.

Polonia, sin embargo, interpreta esta iniciativa como una puerta abierta para debilitar las metas climáticas. Desde París insisten: se trata de garantizar la viabilidad económica, no de rebajar la ambición.

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Descubre si la inversión en oro sigue siendo una opción segura frente a la inflación, la inestabilidad geopolítica y los mercados volátiles
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En medio de una coyuntura global marcada por guerras, conflictos comerciales y una inflación persistente que erosiona los bolsillos día a día, muchos se preguntan: ¿sigue siendo la inversión en oro una alternativa válida? Actualmente, el precio del oro ronda los 2.867 euros por onza troy (31,1 gramos), tras un prolongado ascenso. Para quienes buscan rendimientos rápidos, este no sería el instrumento ideal. Pero a largo plazo, el metal precioso conserva su prestigio como refugio seguro ante los temblores de la geopolítica y la economía mundial. Los expertos alertan: si se planea invertir, mejor no esperar demasiado.

Hasta ahora, los recientes focos de tensión, como la situación en Oriente Medio o el posible fin de la moratoria arancelaria de EE. UU., no han alterado demasiado el mercado aurífero. Sin embargo, la historia enseña que los shocks pueden llegar sin previo aviso. Antes de la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19, las señales fueron ignoradas… hasta que fue demasiado tarde.

Riesgos geopolíticos y señales del mercado

Un eventual cambio de régimen en Irán, alentado por el expresidente Donald Trump, podría provocar un bloqueo en el Estrecho de Ormuz, con serias consecuencias para el comercio global y el precio del petróleo. Un efecto dominó sobre los mercados financieros internacionales parece, en este contexto, más que posible.

Simultáneamente, Estados Unidos ha comenzado a enviar notificaciones de aranceles recíprocos a varios países. Los nuevos gravámenes podrían superar con creces el 10% impuesto anteriormente. La guerra comercial global parece estar reiniciándose. Además, los recientes roces verbales entre Trump y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, han generado incertidumbre adicional, debilitando la confianza en el dólar estadounidense, que ha perdido aproximadamente un 10% de su valor en lo que va del año.

Con julio a la vuelta de la esquina, se espera el fin del periodo estacionalmente débil para el oro. Históricamente, julio y agosto suelen marcar un repunte en el interés por el metal, algo que los analistas observan con atención.

La plata, por su parte, también brilla. El llamado “oro blanco” mantiene su posición por encima de su canal de tendencia alcista. En el mercado actual, una onza troy se cotiza a 36,10 dólares o 31,50 euros.

Opiniones divididas sobre el futuro del oro

Mientras muchos expertos financieros, entre ellos Goldman Sachs, anticipan nuevas subidas del precio del oro, otros se muestran más escépticos. Es el caso de Jon Mills, analista de Morningstar, quien prevé una caída hasta los 1.820 dólares por onza para 2030, lo que implicaría una disminución del 42%. ¿El motivo? Una oferta creciente por el auge de la minería y el reciclaje, sumado a una baja en la demanda en los principales mercados consumidores.

Para quienes deciden apostar por este activo, existen diferentes vías. En montos inferiores a los 10.000 euros, las monedas de oro son especialmente populares. Entre las más reconocidas figura la Hoja de Arce de la Real Casa de la Moneda de Canadá, que contiene una onza troy y se vende actualmente por unos 2.888 euros. En cambio, para inversiones más elevadas, los lingotes de oro ofrecen una mejor relación coste-beneficio al tener menores primas sobre el valor del material.

Riesgos y limitaciones de la inversión en oro

Pero no todo lo que brilla es rentable. A pesar de su prestigio, el oro físico no genera ingresos corrientes, como intereses o dividendos, y conlleva gastos adicionales por almacenamiento y seguro. Asimismo, aunque históricamente ha sido un refugio seguro, su precio no está exento de volatilidad, especialmente en contextos de alta incertidumbre.

Por eso, los asesores financieros insisten en que el oro no debe representar la totalidad del portafolio de inversión. Más bien, debe entenderse como un componente que aporta estabilidad y diversificación, no como un boleto a la riqueza rápida.

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A pesar de las crisis internas y externas, el régimen iraní resiste. ¿Por qué las protestas en Irán no derrocan al poder de los ayatolás?
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La ofensiva militar y diplomática contra Irán sigue dejando una gran incógnita sin resolver: ¿cómo es que, pese a la presión externa, las sanciones y las constantes protestas en Irán, el régimen iraní continúa en el poder? Mientras el mundo analiza los logros balísticos o nucleares, el dato más evidente es que el Ayatolá Jamenei sigue al frente del país, sin señales de una revolución inminente.

La historia de un poder endurecido por décadas

Con una superficie más de 70 veces superior a la de Israel, Irán acumula una historia turbulenta de transformaciones. En 1953, una intervención de EE.UU. y Reino Unido para controlar el petróleo derrocó al entonces gobierno y encumbró al Sha de Persia, un monarca con respaldo occidental. Dos décadas después, ese mismo Sha fue derrocado por una nueva revolución iraní, esta vez religiosa, que instauró el régimen teocrático islámico actual.

Lo irónico es que muchos de quienes apoyaron esa insurrección no aspiraban a una dictadura religiosa. Simplemente no querían al Sha. En 2009, tras unas elecciones polémicas que favorecieron al ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, estallaron protestas masivas. Aunque la sociedad civil desafió abiertamente al régimen, la represión de la Guardia Revolucionaria y los temidos Basij aniquiló cualquier esperanza.

Una represión constante frente a una oposición desarticulada

Desde entonces, las manifestaciones se han repetido. Crisis económicas, sanciones estadounidenses, inflación, colapso de la moneda y carencia de servicios básicos han provocado estallidos ciudadanos. El valor del rial cayó en picado y el desempleo aumentó. Pero incluso ante este escenario, el régimen iraní se mantiene.

En 2022, el país vivió la llamada revolución del hiyab, tras la ejecución de una joven por no llevar correctamente el velo islámico. Las protestas, encabezadas por mujeres, fueron descritas por el líder supremo como un complot extranjero. Y, como en ocasiones anteriores, fueron sofocadas con violencia y muertes.

¿Por qué no cae el régimen?

El ex alto funcionario de defensa Avner Vilan lo explica con datos: “Para que caiga un régimen se necesita al menos un 3,5% de la población movilizada. En Irán nunca se ha llegado a ese porcentaje.” Además, añade que la clase media –motor de cualquier cambio– ha menguado o emigrado.

La doctora Tamar Eilam Gindin, del Centro Ezri, ofrece otra clave: “Durante las tres últimas protestas, se ha documentado la presencia de árabes libaneses entre las fuerzas represoras. El régimen no solo rodea a Israel con milicias, también recurre a ellas internamente”. En Irán, añade, la violencia contra manifestantes no es una excepción, sino la norma. “Los torturados que llegaban a los hospitales hacían llorar a los médicos”.

Falta liderazgo, infraestructura y voluntad

El profesor Uzi Rabi, del Centro Dayan, cree que otro problema es la ausencia de liderazgo visible y cohesionado dentro de la oposición. “Nadie se ha erigido como alternativa clara. Además, policías y soldados deberían enfrentarse a sus familias si desertaran. Esa disyuntiva los frena”.

Israel, por su parte, esperaba que su ofensiva reciente encendiera la mecha revolucionaria. El régimen, incluso antes de los bombardeos, ya enfrentaba enormes desafíos. La economía iraní está colapsada: cortes de luz, falta de agua, inflación, caída de la moneda. Pero eso no basta.

“La intervención externa puede tener un efecto contrario”, advierte Rabi. “Puede cohesionar a la población en torno al régimen. Es algo muy arraigado en la memoria histórica iraní”. Estados Unidos lo comprobó en Irak, Afganistán y Vietnam.

Según Gindin, esperar manifestaciones masivas en plena campaña militar es ingenuo: “¿Quién va a protestar cuando Teherán está bajo fuego? ¿Van a pararse frente a la sede de la Guardia Revolucionaria minutos antes de que Israel bombardee?”.

Trump se mostró reacio a propiciar un cambio de régimen, temiendo un vacío de poder. Israel, en cambio, apostó por mostrar que “el rey va desnudo”. ¿Fue suficiente para activar una revolución futura?

¿Una revolución sin manual?

“No existe el botón para detonar una revolución desde el exterior”, afirma Rabi. “Las revoluciones suceden cuando el miedo desaparece. Israel ha hecho su parte al revelar las grietas del sistema”. Vilan coincide: “La revolución será interna. Puede pasar mañana o dentro de 10 años”.

Gindin cree que Israel no encendió la llama, pero sí preparó el terreno: “Tenemos la olla, falta el fósforo. Hay una sensación de traición tras el alto el fuego. La represión en Irán será aún más cruel. Si llega otra revolución, el 13 de junio de 2025 será una fecha clave”.

La paranoia del régimen se intensifica

Mientras tanto, el régimen iraní redobla su aparato represivo. Esta semana, tres kurdos fueron ejecutados por supuesta colaboración con el Mossad. Y los familiares de los prisioneros de Evin, bombardeada por Israel, temen represalias indiscriminadas. Se estima que 700 personas han sido detenidas por vínculos con inteligencia israelí.

Además, miles de iraníes han recibido mensajes de advertencia por interactuar en redes sociales con contenidos israelíes. Una verdadera caza de brujas ha comenzado. El régimen no solo sospecha de todos: ahora actúa como si sus peores temores fueran realidad.

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